En comunidades étnicas, “la ley y el orden” es la de los supremacistas blancos

by | Sep 15, 2020 | Politics

David Chiu, California Assembly Member

From left to right: Dr. Dorothy Johnson-Speight, Founder and National Executive Director, Mothers In Charge,Inc.; Michael German, Fellow, Brennan Center for Justice, Liberty and National Security; Raj Jayadev, Cofounder, Silicon Valley De-Bug

Aunque el crimen está en niveles históricamente bajos, la retórica del presidente Donald Trump sobre la necesidad de imponer la ley y el orden, está devastando a estos vecindarios. Los cuerpos de policía simpatizan cada vez más con la extrema derecha.

Por: Jenny Manrique

En grupos secretos de Facebook, oficiales retirados y activos de la Policía de San José, California, compartían opiniones racistas sobre afroamericanos y musulmanes. Comentarios como: “Las vidas negras no importan” y “Los hijabs deberían usarse como sogas”, eran parte de las publicaciones de un grupo llamado 10-7ODSJ, una referencia al código policial “fuera de servicio”, que fue dado de baja a finales de junio.

El episodio dejó al descubierto algo en lo que pueden estar de acuerdo quienes protestan en las calles contra el racismo estructural, como los mismos cuerpos policiales compuestos por 35,000 empleados, el 83% de ellos blancos y el 80% hombres: la supremacía de raza es algo que ha permeado el ejercicio de la ley y el orden.

“No es solo que el racismo sea de larga data y consistente, es el hecho de que está incrustado en una institución que tiene la autoridad legal de matar, de despojarte de tu libertad”, dijo Raj Jayadev, cofundador del medio comunitario Silicon Valley De-Bug, en San José, durante una conferencia de prensa organizada por Ethnic Media Services via Zoom.

“Son los mismos oficiales asignados a monitorear las protestas, los que controlan la discusión pública sobre la ley y el orden en muchas ciudades… son los oficiales a los que no podemos hacer responsables porque están protegidos en el sistema de arbitraje de sus sindicatos”, agregó.

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia la discusión se ha polarizado entre el apoyo a los cuerpos policiales o el caos en las calles, agitada por la idea de que hay un aumento en la delincuencia y la violencia si no se actúa con mano fuerte desde la ley y el orden.

Repetidas imágenes a lo largo del país muestran las acciones brutales de la policía contra protestantes pacíficos, en su mayoría afroamericanos y latinos, a quienes disparan gases lacrimógenos y balas de goma argumentando que “son matones amenazantes”. Los alcaldes han respondido imponiendo toques de queda lo que limita el derecho a la protesta. Y los grupos supremacistas blancos han incrementando su presencia dentro y fuera de esas estructuras de la ley.

“Hay una falsa presunción de que “seguridad” es equivalente a “ley y orden”. Es una premisa trumpista creada para incrementar la vigilancia de las comunidades y el encarcelamiento… un crimen cometido por un negro es sensacionalista y preocupa mas que los miles de arrestos y abusos por la violencia policial”, dijo Jayadev.

Percepción errónea sobre el crimen

Los números contradicen el supuesto aumento del crimen. En San José, según datos de la misma Policía, en el último año las tasas de delitos contra la propiedad se desplomaron en más del 22%, y los delitos violentos disminuyeron en un 28%. En cambio la tasa de muertes causada por oficiales activos, aumentó.

“Una manera de hacer al gobierno responsable es pedirle los datos, porque hay una percepción de que el crimen está en alza y eso no es cierto”, dijo Michael German, miembro del programa Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center for Justice, quien en los 90 trabajó como agente encubierto para la Oficina Federal de Investigaciones (FBI en inglés) y se infiltró en los grupos supremacistas blancos y de extrema derecha.

“Hubo muchos más homicidios en los 90 y desde esa época han bajado. La violencia de ahora no es nada comparada con la que se veía en los disturbios civiles de los 60 y los 70”, añadió. “En contraste, las autoridades no son agresivas en la investigación de delitos contra comunidades de indígenas, negros y morenos, sino que los persiguen como sospechosos de crimenes”.

Según German, a pesar que entre 2006 y 2015, el FBI reconocía que la violencia de los supremacistas blancos era un problema significativo muchos años después de que el Ku Klux Klan acaparara titulares por su violencia contra los negros, el gobierno federal nunca hizo prioritario este trabajo y los gobiernos locales y estatales tampoco han querido enfrentarlo.

El FBI no rastrea a estos grupos sino que algunos de estos sujetos alimentan la lista de vigilancia de terrorismo. Pero la violencia de los supremacistas blancos está por debajo de prioridades como terrorismo doméstico, internacional e incluso ecológico. Cuando se le cataloga como crimen de odio, queda relegada como un tema de investigación no prioritaria.

“En el mejor de los casos, la violencia de extrema derecha es ignorada y en el peor instigada, por los funcionarios gubernamentales, incluido el presidente de los EE. UU”, anotó German. “En las protestas el gobierno ha usado la figura de agitadores externos, anarquistas y antifascistas para desviar la atención de que hay preocupaciones legítimas expresadas por los miembros de la comunidad. Cuando dicen que son “intrusos” eso permite más agresividad de la policía y de los supremacistas”.

El hecho de que los organismos de aplicación de la ley atraen cierto tipo de ideologías y están compuestos por una fuerza predominantemente blanca y masculina, complica el racismo estructural. Los agentes de policía agresivos son recompensados con trabajos ​​en áreas de alta criminalidad y son a menudo ensalzados como los protectores del orden social y del status quo.

“Los departamentos de Policía no lucen como las comunidades a las que supuestamente protegen”, dijo Dorothy Johnson-Speight, fundadora y directora ejecutiva nacional de Mothers in Charge, una organización de base que reúne a madres afectadas por la violencia racista. En 2001, su hijo de 24 años, graduado de la universidad, recibió siete disparos en una disputa por un espacio en un estacionamiento.

“Y aunque recluten más oficiales negros, ellos están oprimidos por el sistema. Sus vidas están en riesgo o en peligro si toman una posición contra el racismo, el código de silencio es una pieza relevante de todo esto”, agregó. Algunos departamentos de Policía han hecho el esfuerzo de reclutar oficiales en comunidades de razas diferentes a la blanca, pero eso no ha tenido un impacto en la disminución de la violencia en esos vecindarios, porque a esos agentes no se les permite ascender en los rangos para tomar decisiones.

“La policía arresta y asfixia con una bolsa plástica a un hombre en Rochester (NY, Daniel Prude), y luego el reporte dice que murió por sobredosis. Mata a una mujer en su casa y luego trae al novio a que testifique contra ella diciendo que realizaba actividades criminales. Los oficiales de policía son corruptos, matan, mienten y siguen impunes”, comentó indignada Johnson-Speight .

Ella reconoce que cada vez que habla del homicidio de su hijo, tiene que defender quién era como hombre negro. “Porque no era un criminal ni un miembro de una pandilla. No consumía drogas ni alcohol. Hay muchos jóvenes afroamericanos haciendo cosas maravillosas entonces la pregunta no es qué está mal con ellos sino qué les pasó a ellos… Lo que somos como personas, ustedes no tienen idea si no han caminado en nuestros zapatos”.

La madre activista dice que episodios como la muerte de George Floyd que despertaron un repudio mundial, han logrado que más gente entienda estas dificultades y lo equivocado que está el sistema y que quienes no hacen parte de la solución, son parte del problema.

“Desfinanciar la policía y disminuir sus funciones en la sociedad, sobre todo en casos relacionados con la salud mental, es la única solución real al problema”, agregó. “Nadie está a salvo hasta que (los afroamericanos) estemos a salvo”, concluyó.

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