Víctimas inmigrantes de violencia doméstica aún luchan por obtener asilo

by | Nov 3, 2021 | Spanish Translations

From left to right: Milagro, a Salvadoran woman who won asylum on domestic violence grounds; Marta Victoria Canossa, immigration attorney, Ortega, Canossa and Associates; Blaine Bookey, Legal Director, Center for Gender & Refugee Studies

A pesar de que las políticas de la era de Trump se han revertido, la probabilidad de encontrar protección en Estados Unidos es menor que nunca.

Por: Jenny Manrique

Luego de escapar de los abusos y persecución a los que un pandillero activo de La Mara 18 la sometió durante meses en su natal El Salvador, Milagro ganó en agosto pasado su caso de asilo en Estados Unidos por motivos de violencia doméstica.

Ella cruzó la frontera mexicana en 2015 tras escapar de su secuestrador, quien la violaba repetidamente, y amenazaba con asesinar a su familia. “Mi vida peligraba siempre, puse una denuncia (en El Salvador) pero mi caso no fue resuelto y no me ayudaron en nada”, contó Milagro durante una rueda de prensa organizada por Ethnic Media Services, que le puso lupa a la forma como las víctimas de violencia doméstica batallan para encontrar protección en Estados Unidos.

La mujer, quien accedió a compartir su historia sin publicar su apellido, estaba a punto de casarse cuando el pandillero, obsesionado con ella, comenzó a acosarla vía telefónica, diciendo que la tendría “por las buenas o por las malas”.

Desde entonces comenzaron las repetidas violaciones sexuales que incluyeron amenazas con armas, quemadas con una plancha de ropa, golpes en todo el cuerpo. Su violador, incluso le fracturó las manos.

“La última vez me golpeó por cuatro horas, me quería matar, me dijo que me iba a cortar en pedacitos y dejar mi cuerpo la mitad donde mi abuelita, y la mitad donde mis tíos”. Luego de que Milagro escapó, el pandillero siguió buscándola en todos los recovecos de su ciudad, así que decidió irse del país.

“Cuando crucé (la frontera) les dije a ellos (oficiales de migración) que mi vida peligraba, que si yo regresaba me iban a matar, donde yo estuviera él me buscaba… Gracias a Dios y a la abogada lo logré (el asilo), pero fue una larga lucha”.

Casi cinco años después de presentar su caso (diciembre de 2016), recibió el estatus y con él, el camino a una residencia legal en el país. Hoy día es madre de una niña y está embarazada de un varón, y aunque está en una relación estable y sana dice que “aun existe ese trauma que uno no se puede quitar. Es como una quemada grande y queda cicatriz, aunque uno quiera borrarla, no se puede”.

La Ley de Refugiados de 1980 permite a las personas solicitar el estatus de refugiado en el extranjero o el estatus de asilo en la frontera o dentro de los Estados Unidos. Pueden ser elegibles si demuestran lo que se conoce como ‘un miedo bien fundado’, es decir que la persecución obedece a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular.

Marta Victoria Canossa, abogada de inmigración de la firma Ortega, Canossa y Asociados con sede en Los Ángeles, quien lleva el caso de Milagro, resaltó que es importante que quienes escapan a la violencia doméstica en sus países de origen, presenten su caso dentro del primer año en que entran a Estados Unidos.

“Es muy difícil para una mujer abusada ir a una embajada estadounidense y solicitar asilo, incluso para quienes ya tienen familiares aquí en Estados Unidos o ya tienen pendiente una solicitud”, aseguró. “Esta falta de recursos a nivel de embajada, obliga a que las mujeres ingresen presentando su reclamo en la frontera mexicana. Si no lo hacen apenas cruzan, tienen un año para hacerlo”.

Los defensores han encontrado de utilidad para sustentar estos casos, los informes emitidos todos los años por el Departamento de Estado sobre la situación de los países en Latinoamérica, que destacan los problemas que enfrentan estas mujeres abusadas para encontrar ayuda en sus propios gobiernos.

VAWA y Visa U

Otras mujeres sufren violencia doméstica dentro de los Estados Unidos, y ellas tienen dos opciones: pueden presentar su caso a través de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA por sus siglas en inglés) vigente desde 1984 o pedir una visa U.

“VAWA está disponible para personas casadas con residentes legales permanentes o ciudadanos de los Estados Unidos”, dijo Canossa. Bajo esta ley, que también cobija a los hombres, los solicitantes no están obligados a presentar un informe policial: basta con su propia declaración o la de testigos, y otros soportes como imágenes y mensajes de texto. “ En este momento, la aprobación está demorando de 21 a 28 meses, pero también pueden solicitar permisos de trabajo mientras esperan”, dijo Canossa.

La solicitud bajo VAWA debe hacerse mientras la persona todavía está casada con el abusador o dentro de los dos años posteriores a su divorcio.

En cuanto a la VIsa U, este alivio está disponible para mujeres que son víctimas de personas que no tienen documentos o que no estaban casadas con ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, requiere un informe policial lo que “a veces es un desafío cuando la persona está en una jurisdicción donde la policía no quiere cooperar”.

La otra dificultad es que las esperas para la visa U superan los 5 años, tiempo en el que la persona no recibe permiso de trabajo.

Sessions vs. Garland

El camino para llegar a estas protecciones ha sido largo. A partir de los años 90 se adoptaron pautas sobre cómo los reclamos de las mujeres por violencia doméstica podrían encajar en la Convención sobre los Refugiados. “Un motivo que a menudo se argumenta en los casos de violencia doméstica es que la mujer podría verse perjudicada debido a sus opiniones políticas o feministas, como por ejemplo no estar sujeta a la dominación masculina”, explicó Blaine Bookey, directora jurídica del Centro de Estudios sobre Género y Refugiados de la facultad de derecho Hastings de la Universidad de California.

En otros casos se han reconocido diferentes formas de violencia de género como persecución. Estos incluyen la ablación genital femenina, la violencia sexual, matrimonios forzosos, asesinatos por honor y también violencia doméstica. Sobre este último, hubo mucha resistencia hasta hace pocos años.

“En 2014 la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia emitió una decisión que reconocía explícitamente la violencia doméstica como base para el asilo”, dijo Bookey. “Pero en 2018, el fiscal general de Trump, Jeff Sessions, emitió una decisión que deshizo ese precedente, utilizando el caso de nuestra cliente, la señorita AB”.

AB es una mujer salvadoreña que soportó 15 años de violencia doméstica brutal. El hermano de su pareja era un oficial de policía y utilizó esa posición para intimidarla, lo que la obligó a exiliarse dejando a sus tres hijos pequeños. Aunque AB fue elegible para asilo, Sessions rechazó esa decisión y trató de socavar la disponibilidad de asilo para todas las mujeres que huían de la violencia doméstica y de cualquier forma de daño por parte de un actor no gubernamental.

“En muchos casos la violencia de género es perpetrada por miembros de la familia u otras personas de la comunidad”, sostuvo Bookey. “Entonces esta decisión AB de 2018 fue increíblemente perjudicial. Las tasas de subvenciones para los solicitantes de asilo de América Central, en particular en México, disminuyeron significativamente”.

Después de una larga campaña de grupos defensores de la mujer, el verano pasado, el fiscal general Merrick Garland revocó la decisión de la administración Trump de cerrar la puerta a los solicitantes de asilo por motivos de violencia doméstica.

“Fue una victoria increíblemente importante. Casos en los que se le había negado el asilo a una mujer y habían ido al tribunal de apelaciones, tienen una nueva consideración ante el Departamento de Justicia”.

Pero los obstáculos siguen: la politización de los tribunales de inmigración, secuelas de la era Trump, ha causado que existan jueces que niegan más del 90% de los casos de violencia doméstica. Y la falta de acceso a un abogado para los solicitantes de asilo, deja a muchos sin la posibilidad de sustentar su caso.

“Necesitamos leyes de acción que sean más claras para expandir el significado de un grupo social en particular”, dijo Canossa. “Ha sido un proceso lento y necesitamos más apoyo de las cortes y de los grupos feministas”, concluyó.

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