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Los recientes comentarios del Dr. Ashish Jha, coordinador de la respuesta al COVID-19 en la Casa Blanca, apuntan a un importante cambio en el enfoque de la administración para luchar contra la pandemia del COVID-19. Descrito por Jha como “comercialización“, el cambio de estrategia presagia graves consecuencias en lo que respecta al acceso equitativo a la salud de los más vulnerables de la nación.
Todavía no se sabe mucho sobre lo que podría suponer la comercialización, salvo que si se necesita una vacuna o un tratamiento antiviral, habrá q obtenerlos a través de su médico o de un hospital, si se tiene suerte.
En declaraciones a la CNN, Jha señala que el cambio pretende eliminar gradualmente los fondos federales que, hasta ahora, han contribuido a garantizar la gratuidad de las pruebas, la vacunación y el tratamiento del COVID-19. La Casa Blanca considera que este nuevo enfoque se esperaba desde hace tiempo y que está progresando bien, pero ¿refleja realmente una mejor estrategia de salud pública o es una rendición a la realidad política?
El anuncio del Dr. Jha se produjo tras meses de infructuosas negociaciones políticas con los republicanos, entre los que se encontraban algunos, como el gobernador de Florida Ron De Santis, que se oponían cínicamente a la vacunación contra el COVID-19 como estrategia de salud pública, y otros, como Marjorie Taylor Greene, que promulgan teorías de conspiración.
La administración Biden había buscado inicialmente al menos 22,500 millones de dólares en fondos del año fiscal 23 para la respuesta a la pandemia, advirtiendo sobre las consecuencias de una financiación inadecuada si, como sugieren algunos modelos, se produjera otra ola de COVID-19 este invierno.
¿Y cuáles serían esas consecuencias para las comunidades?
En 2019, casi 30 millones de personas en edad de trabajar y niños en Estados Unidos carecían de seguro médico. La inversión inicial en la respuesta de COVID-19 bajo la Ley de Recuperación de Estados Unidos (American Recovery Act) agregó cobertura de seguro médico para un poco más de 5 millones de personas, aunque la cobertura fue seguramente menor entre algunas poblaciones vulnerables, como los trabajadores agrícolas indocumentados, donde solo el 22% tiene seguro médico (aunque, al menos en California, muchos pueden eventualmente beneficiarse en 2024 de calificar para el seguro médico subsidiado por el estado).
Si la “comercialización” significa volver al complejo papeleo del sistema de prestación de servicios de atención médica convencional, lo cual inevitablemente amplificará las desigualdades crónicas preexistentes. El hecho de que “el sistema” funcione bien para usted, o no, dependa de quién sea y de dónde se encuentre en el ecosistema de atención médica.
La vacunación es un ejemplo de ello. Dejando de lado por el momento la cuestión de hasta qué punto la “renuencia a vacunarse” contra COVID-19 se debe realmente a los mensajes antivacunas cínicos y politizados de esta decisión. Las disparidades socioeconómicas en el acceso a la vacuna contra COVID-19 erigirán mayores barreras para la vacunación y el tratamiento de las minorías raciales/étnicas y los hogares en las comunidades socialmente desfavorecidas, revirtiendo los progresos realizados en los tres primeros años de lucha contra la pandemia.
Las barreras de los costos son reales. Para evaluar el probable impacto de las disparidades socioeconómicas si la comercialización sigue adelante, basta con leer un artículo del prestigioso Diario de la asociación norteamericana de medicina (JAMA por sus siglas en inglés) que se publicó tres días después de que la administración anunciara la nueva fase de la estrategia federal de COVID. Los investigadores informan que, a principios de 2022, sólo el 16,1% de las personas sin seguro médico había recibido un refuerzo de la vacuna COVID-19, menos de la mitad de la media estadounidense (40,2%). Los padres solteros con hijos también eran particularmente propensos a no haber recibido un refuerzo (16,4%).
¿Por qué es importante la equidad en la vacunación, evaluado a partir de la aplicación de un refuerzo? Porque las investigaciones demuestran que la “vacunación completa“, sin al menos un refuerzo, no es suficiente para proteger a las personas de una infección u hospitalización. Debido a esto el COVID-19 circulará más ampliamente en los barrios y comunidades de bajos ingresos donde viven las poblaciones más vulnerables si la aplicación de los refuerzos se retrasa debido a las barreras de costos.
Por ejemplo, una familia inmigrante de cuatro miembros, de bajos ingresos, que no tiene un seguro médico— a la que se le ha convencido con éxito de que se vacune—ahora quiere recibir el nuevo refuerzo que proporciona una protección crucial contra la BA.5 y otras variantes posteriores a la Omicron: ¿Qué podría ocurrir con la comercialización? Teniendo en cuenta el costo actual de la vacuna y la vacunación, la familia tendría que pagar al menos 600 dólares por el refuerzo. Pocos podrán tener acceso a vacunarse. Adiós al sueño de la “inmunidad de rebaño”.
Las consecuencias potenciales de la comercialización son aún más graves para los millones de personas que están en “alto riesgo” de evolucionar hacia una enfermedad grave (debido a la edad de la persona o a condiciones de salud subyacentes) y que no están vacunadas o no están “al día” con las vacunas de refuerzo. En la actualidad se dispone de un tratamiento antiviral altamente eficaz para estas personas, pero debe accederse a él muy rápidamente (en los cinco días siguientes a la prueba positiva o a los síntomas de COVID-19). Pero es costoso. Pagar por un curso del antiviral preferido, Paxlovid, cuesta actualmente al gobierno unos $530 dólares, pero si se abandona el enfoque actual de “Probar para tratar” (Test To Treat) como parte del impulso a la comercialización, se espera que el precio final en el mercado sea mayor.
Este no es el momento de abandonar los esfuerzos del gobierno federal para que la vacunación, las pruebas y el tratamiento sean gratuitos y de fácil acceso para todos. Tras la comercialización, los hogares más marginados desde el punto de vista socioeconómico, que son vulnerables a la infección por COVID-19 debido a las condiciones de hacinamiento y al hecho de ser “trabajadores esenciales” como la agricultura o plantas procesadoras de carne, quedarán desprotegidos.
Estos hogares de bajos ingresos seguirán siendo más propensos a contraer el COVID-19 y los pacientes de alto riesgo que viven en ellos tendrán más probabilidades de ser hospitalizados, de padecer “COVID largo” y de morir.
La postura ideológica que subyace a este cambio de dirección hacia la comercialización de la respuesta al COVID-19, la propuesta de que todo el mundo tiene la responsabilidad y tendrá la capacidad económica para tomar decisiones sabias en materia de atención de salud, es a la vez hipócrita y peligrosa, porque las consecuencias de lo que la gente haga o deje de hacer nos afectan a todos en términos de riesgos para la salud, bienestar familiar y vida comunitaria.
Inevitablemente, la nación entera sufrirá las consecuencias económicas de visitas a los servicios de urgencias más costosas, hospitalizaciones y discapacidades a largo plazo para los millones de personas que tienen la des fortuna de padecer COVID largo.
Edward Kissam es un destacado investigador y defensor de las estrategias para hacer frente al COVID-19 en las comunidades de trabajadores agrícolas e inmigrantes. Ha dirigido investigaciones sobre cuestiones relacionadas con los trabajadores agrícolas y los inmigrantes patrocinadas por el Departamento de Trabajo, la Comisión de Trabajadores Agrícolas y el Instituto Nacional de Alimentación y Agricultura. También es administrador del WKF Charitable Giving Fund.
