From left to right: Representative Ro Khanna, California’s 17th Congressional District, United States House of Representatives; Kat Welbeck, Civil Rights Counsel, Student Borrower Protection Center; Joseph Jaramillo, Senior Attorney, Housing and Economic Rights Advocates
El miedo a contraer una deuda estudiantil, que en el país asciende a $1,7 billones en manos de 45 millones de prestatarios, ha contribuido a una disminución dramática en la inscripción de alumnos universitarios.
Por: Jenny Manrique
Tras cinco años de graduarse como técnico audiovisual del colegio SAE Expression de Emeryville, con una deuda de $52,000, apenas el mes pasado Gabriel Stewart pudo mudarse del pequeño cuarto en la casa de su padre en el que vivió por todo este tiempo con su esposa e hijo.
La promesa de obtener un trabajo bien remunerado una vez terminara sus estudios, lo animó a adquirir un astronómico préstamo del que apenas ha podido pagar los intereses con el ingreso de múltiples empleos. Con el anhelo de algún día comprar una casa para su familia, Stewart vive con el miedo de que fallar en los pagos le afecte su puntaje crediticio.
“No podía pagar el alquiler en ninguna parte por culpa de los préstamos estudiantiles. Tenía deudas de tarjetas de crédito y eso realmente nos dificultaba formar una familia y ser libres… Finalmente tuvimos un hijo pero todo nuestro dinero básicamente se ha ido en pagar deudas”, contó Stewart en una conferencia de prensa organizada por Ethnic Media Services. La conversación con prestatarios y expertos le puso la lupa a la deuda estudiantil en el país, que asciende actualmente a $1,7 billones de dólares en manos de 45 millones de estudiantes deudores.
Aunque Stewart recientemente consiguió un trabajo en la compañía de software VMWare y debido a la pandemia los pagos se han ralentizado, la deuda le ha impedido comprarse un carro o adquirir préstamos para otras necesidades.
“Es vivir siempre con esa sensación inminente de cuándo los pagos comienzan de nuevo y cómo los vamos a pagar”, dijo Stewart. “Es un estrés constante en mi cabeza”.
En un foro que tuvo lugar a mediados de febrero, el presidente Joe Biden rechazó la propuesta de su propio partido de condonar por orden ejecutiva hasta $50,000 en deuda federal estudiantil, repitiendo que solo apoya la cancelación de hasta $10,000 de estos préstamos.
El argumento en contra de aumentar el rubro en este programa masivo de reducción de deuda, es que la condonación podría beneficiar a los ricos que sí pueden pagarla y que adicionalmente Biden necesitaría una acción del Congreso para lograrlo.
Pero según Ro Khanna, legislador demócrata de California, así como Biden tiene la autoridad para retrasar el pago de los préstamos estudiantiles (moratoria que actualmente rige hasta el 30 de septiembre gracias al paquete de estímulo federal aprobado el fin de semana por el Congreso), también puede perdonarlos. Y cancelar $50,000 por estudiante dejaría al 75% de los prestatarios libres de deudas, lo que ayudaría a la economía en medio de la pandemia que también ha provocado la disminución en las matrículas universitarias.
“(Hacer esto) costaría un poco más de un billón de dólares y podemos pagarlo a través de mi proyecto de ley “Detener a los tramposos”, que recaudaría más de 1.2 billones de dólares (en 10 años)”. Esta ley propone auditorías de los ingresos de los más ricos para evitar que evadan impuestos.
“Si perdonamos el préstamo estudiantil, la gente podrá formar familias, comprar casas y comenzar negocios. Realmente estaría eliminando la carga de esta próxima generación de perseguir sus sueños”, dijo Khanna, quien pudo pagar su deuda estudiantil de más de $100,000 cuando se acercaba a sus 40 años.
“Ciertamente, los préstamos para estudiantes no deberían perdonarse a personas como yo que están en condiciones de pagarlos, pero la gran mayoría de los estadounidenses, especialmente los que ganan menos de $125,000 al año deben ser perdonados y tenemos la capacidad de hacerlo.”
Con ánimo de lucro
Las universidades con fines de lucro son las que más se han beneficiado de un modelo de negocio en el que se presiona a los estudiantes -en su gran mayoría de comunidades étnicas- a obtener costosos préstamos estudiantiles federales y privados, con la promesa de una educación en corto tiempo conducente a altos salarios.
Las consecuencias para algunas de estas escuelas, que por sí mismas no ofrecen becas ni ayudas financieras, han sido declararse en quiebra o ser cerradas por el Departamento de Educación debido a su actividad ilegal. Es el sonado caso de Corinthian Colleges, una institución con 91 campus en 21 estados que se declaró en bancarrota en 2015 después de que varios fiscales generales iniciaran acciones judiciales por el uso de publicidad engañosa para reclutar estudiantes, fraude de valores y fraude al consumidor.
“Actualmente hay más de un millón de estudiantes matriculados en escuelas con fines de lucro y los estudios han demostrado que tienen menos probabilidades de graduarse, más probabilidades de incumplir con sus préstamos estudiantiles y más probabilidades de terminar con una carga de deuda más alta”, dijo Joe Jaramillo, abogado senior de la organización Defensores de Derechos Económicos y de Vivienda (HERA en inglés) con sede en Oakland. “De hecho la mitad de estos estudiantes no pagan sus préstamos estudiantiles dentro de los cinco años posteriores a la finalización de la escuela”.
Además de ayudar a cientos de prestatarios en California a administrar el pago de préstamos estudiantiles y a solicitar opciones de condonación, HERA ofrece un plan de estudios en seis idiomas (inglés, español, coreano, chino simplificado, tagalo y vietnamita) sobre cómo elegir la universidad y pagar la educación. Sus clientes son en su mayoría estudiantes latinos y afroamericanos y adultos mayores de bajos ingresos, cuya deuda es tan alta que al entrar en mora, terminan con salarios embargados, sin beneficios de seguridad social ni reembolsos de impuestos.
“El gobierno federal puede hacer todo esto automáticamente sin ir a las cortes”, explicó Jaramillo. “Las deudas (estudiantiles) privadas se tratan como cualquier otra deuda de tarjeta de crédito o préstamo que generalmente requiere que vayan a los tribunales, lo que también puede ser muy perjudicial porque muchas personas no pueden pagar la representación legal… Un fallo en contra resulta en embargos salariales o gravámenes bancarios o incluso gravámenes sobre la propiedad privada”.
Esta situación empeoró durante la administración de Donald Trump cuando su secretaria de Educación, Betsy DeVos, acabó con las reglas de empleo remunerado que negaban ayuda financiera federal a las universidades con fines de lucro, si no eran capaces de probar altas tasas de empleo entre sus graduados. Biden ha prometido reinstalar esta regulación.
Alimentando la brecha de riqueza
Los préstamos para estudiantes son la segunda clase de deuda de consumo más grande en el país, después de las hipotecas. Y de acuerdo a Kat Welbeck, consejera de derechos civiles del Centro de Protección al Prestatario Estudiantil con sede en Washington DC, es imposible examinarla sin un lente de equidad racial y justicia económica.
“Los prestatarios negros y latinos tienen menos riqueza en el hogar y toman más préstamos para pagar la escuela, por lo tanto tienen más deudas lo que recorta las oportunidades para la creación de riqueza a largo plazo. ¿Qué sucede cuando es hora de que sus hijos vayan a la universidad? Es posible que ese ciclo se repita”, dijo Welbeck.
Segun datos de su organizacion, cerca del 90% de los estudiantes negros y el 72% de los estudiantes latinos se endeudan para pagar la universidad en comparación con aproximadamente el 66% de los estudiantes blancos. 20 años después de comenzar la universidad, el prestatario negro todavía debe alrededor del 95% del saldo original de su préstamo estudiantil, y en el caso de los latinos esa deuda alcanza el 83% del total. En cambio un prestatario blanco ha pagado casi la mitad de su deuda aproximadamente 12 años después de comenzar la universidad.
“Esta es al tiempo una crisis de derechos civiles y una crisis de protección al consumidor”, agregó Welbeck.
Andrea Campo se especializaba en el programa de justicia penal del Heald College en Hayward (parte de la institución Corinthians), cuando la escuela fue cerrada en el marco de los pleitos judiciales por fraude a estudiantes. Con $13,000 en deuda, la escuela le ofreció renunciar a los créditos obtenidos para otorgarle un perdón de préstamos, pero el proceso le fue muy difícil de navegar y su deuda continuó pasando de un acreedor a otro a otro por varios años.
“Esto ha impactado mi vida de manera significativa”, contó Campo. “(Una vez) tenía la perspectiva de ser contratada, pero se me negó la oportunidad porque mi relación deuda / ingresos era demasiado alta y me consideraban un tipo de empleado en riesgo … Tampoco me han aprobado tarjetas de crédito, préstamos para automóviles o vivienda”.
Campo fue criada por sus abuelos y fue la primera de su familia en completar estudios secundarios e ir a la Universidad. Dice que se sintió “engañada por los reclutadores” en un sistema complejo para una joven de 19 años.
“Pensé que para tener un futuro próspero, no tendría que poner un límite a la carga financiera de la educación, pero luego descubrí que esos números no eran realistas con base en el trabajo que podía conseguir, que no fue ninguno en la carrera que estudié y eso fue muy difícil para mí”.
HERA ayudó a Campo a que se le condonara toda la deuda bajo el programa de defensa del prestatario ante la cancelación del pago del Departamento de Educación, ya que su escuela infringió las leyes. Pero el impacto de la deuda está afectando a toda una generación de estudiantes.
“Muchos estudiantes no quieren inscribirse en una escuela porque están aprendiendo cómo la deuda está destruyendo la vida de otras personas”, dijo Stewart, el técnico audiovisual. “Tengo amigos a quienes les cuento mi situación, y me dicen: ‘me alegro no haber tomado esa decisión’. Esto está cambiando mucho la sociedad”, concluyó.
