El 52% de los hogares en East Palo Alto son alquilados
350 hogares se unen para defender su derecho a la vivienda. El concejo extendió la moratoria para pagar la renta, pero los inquilinos están preocupados por la deuda acumulada.
Por: Jenny Manrique
La segunda semana de abril, Laura Rubio, una madre soltera de 46 años, perdió su trabajo como empleada doméstica. La pandemia del COVID-19 empezaba entonces a impactar de manera extendida a las familias de bajos ingresos que no se podían dar el lujo de teletrabajar. Desde entonces Rubio, quien vive en East Palo Alto, una ciudad en California ubicada a medio camino entre San Francisco y San José en el corazón de Silicon Valley, apenas puede limpiar una casa a la semana, lo que le es insuficiente para pagar la renta.
“Apenas me alcanza para cubrir los gastos básicos de mi hogar. Nadie de nosotros como inquilinos nos imaginamos lo que está pasando (la pandemia), no tenemos ahorros para cubrir meses de arrendamiento”.
Rubio compartió su historia en un panel organizado por Ethnic Media Services, que le puso la lupa a los rostros del desalojo en East Palo Alto: una comunidad donde el 52% de los hogares son alquilados y casi el 70% de los habitantes son hispanos, muchos de ellos indocumentados lo que los restringe de aplicar a ayudas federales o estatales.
“Ellos no pueden recibir dinero del estado y tienen pánico de que las organizaciones les pidan un número de seguro social por sus hijos. Es un proceso muy intimidante”, dijo Rubio.
Antes de la pandemia, ella ya trabajaba como activista en temas relacionadas con vivienda justa y derechos de los inquilinos. Ahora se hizo voluntaria en la distribución de comida los miércoles y sábados y la gente que va por alimentos le pregunta con frecuencia cómo obtener ayuda para pagar la renta.
Aunque no hay estadísticas oficiales, Rubio dice que solo en su barrio en el oeste de la ciudad, donde hay unos 1,700 apartamentos, por lo menos 600 hogares están atrasados en el pago de la renta. Ella ha logrado organizarse junto a unas 350 familias que están en su misma situación, para explorar soluciones más duraderas.
“Yo les digo que no se den por vencidos, que sigan aplicando a las organizaciones que dan subsidios porque ya deben hasta cuatro meses de renta… Yo misma debo como tres, ya perdí la cuenta. Tengo miedo que cuando termine la moratoria yo pueda ser desalojada de mi ciudad”.
Walfred Solórzano, secretario municipal de la ciudad de East Palo Alto, dijo que el concejo municipal emitió una ordenanza que extendió la moratoria hasta el 30 de septiembre. Esto es un mes más que lo establecido por la Junta de Supervisores de San Mateo, que puso ese plazo hasta el 31 de agosto.
A partir de esa fecha los inquilinos tendrán 180 días para pagar los alquileres adeudados. “La pandemia también ha hecho efecto en los fondos que teníamos destinados a asistencia en vivienda”, dijo Solórzano. “Nos han recortado los fondos en más de un millón de dólares”.
La ciudad le entregó un contrato por $100,000 a Casa Samaritana, una organización sin fines de lucro cuyo foco es combatir la pobreza en el condado de San Mateo, para que distribuya los fondos entre quienes hayan perdido su trabajo por la pandemia y necesiten cubrir la renta.
Latrice Taylor, directora de servicio al cliente de esa institución, precisó que hasta ahora les han desembolsado solo la mitad del presupuesto, lo que les ha permitido ayudar solo a 30 familias, con un monto de $1500 por unidad familiar.
“Hemos asistido a muchas familias con confidencialidad. Si la gente todavía necesita ayuda, tienen que aplicar de nuevo”, aseguró Taylor.
En principio, quienes quieran acceder a las ayudas deben escribir una carta que demuestra que han sido afectados por el COVID-19. Pero muchos no tienen la educación tecnológica para acceder a los formularios en línea, o siquiera imprimirlos.
Algunos vecinos se han quejado de lo engorroso de los formularios o de que les pidan comprobantes de bancos, en momentos en que estas instituciones están cerradas. Pero la mayor barrera es proveer un número de seguro social, que muchos no tienen.
“Nosotros recibimos fondos de diferentes organizaciones para asistir a la comunidad de San Mateo”, explicó Taylor. “Hay algunos que pueden ser desembolsados para aquellos que tienen seguro, por eso preguntamos, pero no es requisito para acceder a ayudas. No tienen que ser residentes o ciudadanos”.
Víctor Ramírez, administrador del programa de estabilización de alquileres de la ciudad de East Palo Alto, dijo que quienes no han recibido asistencia por su estatus migratorio, también pueden aplicar al fondo de ayuda al inmigrante del condado de San Mateo.
“Nosotros entendemos que la verdadera crisis en relación a posibles desalojos va a venir cuando la moratoria se venza, una vez se levante el estado de emergencia (es decir el 30 de septiembre)”, anotó Ramírez. “Si el estado extiende el estado de emergencia, la moratoria va a ser automáticamente extendida”.
Futuras deudas
Para Héctor, un padre soltero de 38 años, quien pidió que su apellido no se usara, sin duda las cosas se complicarán más adelante a pesar de la nueva ordenanza. “Nos dicen que al terminar la moratoria uno tiene que pagar completamente el adeudo (de todos los meses de arriendo) y uno piensa de dónde va a sacar todo ese dinero!”
Durante dos décadas, East Palo Alto ha sido el hogar de Héctor, donde nacieron y crecieron su hijo de 16 años y su hija de 12. Hasta el comienzo de la pandemia, Héctor trabajó por 18 años en una empresa de construcción que debido a la crisis primero le dejó de pagar el salario y luego lo despidió.
“Es bastante difícil y frustrante” contó Héctor. “Los pocos ahorros que tenía se me fueron en el tiempo que estuve trabajando sin recibir paga. Me quedé en ceros. Apenas hace un mes encontré otro trabajo pero no es estable”. Su renta es de $1,100 y dice que se le han ido acumulando los pagos atrasados.
Aunque por fortuna recibe asistencia alimentaria, cada vez que va por comida, se sorprende de las filas y de la cantidad de gente en situación de necesidad. “Si me desalojan no tendría otra opción que regresar a México, aunque mis hijos son ciudadanos”, aseveró preocupado.
Una petición creada por la organización People’s Alliance dirigida a la junta de supervisores del condado de San Mateo, busca que el desalojo no sea una opción válida para los arrendadores, tal como ya lo aprobaron los condados de Alameda y Solano.
También contempla que los propietarios sólo puedan instaurar acciones civiles para cobrar el alquiler después de la moratoria, evitando abrir procesos penales que puedan terminar no solo en el desalojo, sino afectar la historia crediticia para los inquilinos en el futuro.
“Hemos pedido a la ciudad que disponga más recursos para asistencia de alquiler para evitar que las familias terminen con deudas gigantescas”, dijo Kara Rivera del Concejo de Liderazgo de Vivienda, que hace parte de la alianza. “La idea es que los inquilinos tengan hasta 12 meses (no solo seis) después de que finalice la moratoria para pagar el alquiler atrasado”, aseguro. Esta medida ya ha sido implementada en los condados de Alameda y Los Ángeles.
Algunos inquilinos contagiados por el virus, han planteado que se disminuya el costo total de la renta mientras dure la pandemia.
“Me siento frustrada”, dijo Rubio, la madre soltera que se ha dedicado a organizar a las familias.
“Ninguno de los residente merecemos ser desalojados por la deuda adquirida durante esta pandemia. Todos merecemos dormir tranquilos y tener una vivienda digna para ofrecer a nuestra familia”.
Su hija, quien es estudiante universitaria, está en terapia desde que comenzó la pandemia. No solo la ha impactado el encierro sino la angustia de no saber si el siguiente mes tienen la vivienda asegurada. “Es una situación bastante indignante”, agregó pero confió en que con “el poder de mi comunidad” van a ver la luz al final de la crisis.
