From left to right: Mimi Marziani, President, Texas Civil Rights Project; Alex Gulotta, Arizona State Director, All Voting is Local; Elizabeth Hira, Spitzer Fellow and Policy Counsel, Brennan Center’s Democracy Program
Los activistas tienen fe en el amplio apoyo del público para aprobar leyes federales de derecho al voto.
Por: Jenny Manrique
La dramática imagen de los demócratas de Texas saliendo de la legislatura antes de la medianoche para bloquear un proyecto de ley de restricción de votantes destaca un aumento del activismo para asegurar el acceso a las urnas. Los defensores del derecho al voto creen que este creciente activismo puede lograr la aprobación de una legislación federal para contrarrestar medidas como la SB7, que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha prometido aprobar.
“SB7 hará que sea más difícil para todos votar en Texas, pero particularmente para los más vulnerables: poblaciones étnicas, personas con discapacidades y personas que usan el inglés como segundo idioma”, dijo Mimi Marziani, presidenta del Proyecto de Derechos Civiles de Texas durante una conferencia de prensa organizada por Ethnic Media Services.
“Pero hay una creciente oposición realmente diversa y multifacética a este proyecto de ley: personas de diferentes orígenes étnicos, líderes empresariales como el CEO de American Airlines, líderes religiosos, economistas y hasta republicanos que dicen que esto simplemente no tiene sentido”, agregó Marziani.
En esencia SB7 busca reducir drásticamente las horas de votación anticipada, la votación de los domingos por la mañana que es particularmente popular entre los feligreses de las iglesias negras, y los esfuerzos de Ong’s para promover el voto. También contempla prohibir a los funcionarios electorales locales distribuir solicitudes de voto por correo, y facilitar a los políticos alegar fraude electoral para convocar la revisión de resultados prácticamente sin pruebas.
“Las personas actualmente en el poder en el estado de Texas, están tomando medidas para blindar su propio poder cambiando las reglas del juego. Pero el hecho es que Texas ha cambiado (demográficamente)”, dijo Marziani.
Dos proyectos de ley federales, el S1, la Ley para el pueblo y la ley de promoción del derecho al voto de John Lewis, ambos con gran apoyo bipartidista, están destinados a hacerle contrapeso a estas iniciativas de supresión de voto que no solo suceden en Texas.
En Carolina del Norte, un proyecto de ley que avanza en el Senado estatal, busca reducir el tiempo para solicitar y devolver una boleta de voto ausente, lo que afecta especialmente a la comunidad afroamericana. Dakota del Norte estuvo considerando una ley de identificación de votantes que exige tener un domicilio, algo imposible para los nativo americanos en un estado que no asigna direcciones residenciales a los resguardos. En Georgia, una nueva ley de votación que entra en vigencia el 1 de julio previene el envío proactivo de solicitudes de boleta por correo, e incluso prohíbe dar alimentos o agua a las personas que hacen largas filas para votar en persona.
“La Ley para el Pueblo (S1) avanza el trabajo que este país ha estado haciendo desde 1965 y antes con el movimiento de derechos civiles”, dijo Elizabeth Hira, Spitzer Fellow y consejera de políticas del programa de democracia del Brennan Center. “La discriminación odiosa, a menudo basada en la raza, sigue viva en la ley estadounidense”.
La S1 será votada próximamente en el Senado. Incluye el registro automático de votantes, el registro de votantes por Internet que aún no funciona en diez estados del país, y dos semanas de votación anticipada, que favorecería a mujeres madres y trabajadores asalariados que no tienen flexibilidad para hacer fila exclusivamente un martes, el día electoral.
Otras provisiones contemplan aumentar las penas por intimidación en las urnas y restaurar el derecho al voto para los estadounidenses que han pagado penas de prisión lo que podría beneficiar a cuatro millones de personas, 1.7 de las cuales son negras y latinas. También busca reducir las exigencias de identificacion que protegerian a 378,000 estadounidenses transgénero que son elegibles para votar pero no tienen un ID que coincida con su identidad de género.
También prohíbe la manipulación partidista de distritos electorales y proporciona subvenciones para la seguridad electoral y la administración de elecciones.
Hira destacó la reforma del financiamiento de campañas de S1 que limita las grandes contribuciones en dólares a los políticos como “transformadora”.
”El congreso actual es el más diverso en la historia y aun así el 77% de los legisladores son blancos y el 73% son hombres… En toda la historia de los Estados Unidos ha habido 1994 senadores y solo 58 de ellos han sido mujeres.” dijo Hira.
“Cuando ves esas estadísticas, comienzas a darte cuenta de por qué las políticas que importan a los estadounidenses comunes no han sido priorizadas…porque la mayoría de los congresistas son millonarios”.
Para Alex Gulotta, director nacional interino de la campaña “Toda votación es local” en Arizona, lo que sucede en la pugna por el derecho al voto no es una división partidista entre Republicanos y Demócratas sino “una división de valores”.
“Es una lucha entre personas que creen en la democracia sobre el autoritarismo. Entre personas que creen en los hechos, los datos y la ciencia sobre las mentiras y las teorías de la conspiración, entre las personas que creen en la justicia y la equidad sobre el poder político puro y la codicia”.
Gulotta destacó la participación histórica en las elecciones de 2020, durante la peor crisis de salud que el mundo ha enfrentado en un siglo con la pandemia de la COVID-19. En Arizona, por ejemplo, la participación de asiático americanos aumentó en un 17%, la de afroamericanos en un 11%, la de nativos americanos en un 8% y la de latinos en un 5%. Todas estas comunidades han sufrido los índices más altos de contagios por el coronavirus. Pero gracias a su presión, de cerca de 50 proyectos de ley con restricciones electorales, sólo tres de ellos pasaron en la legislatura de Arizona.
“Esta es una gran pelea nacional financiada con mucho dinero oscuro”, dijo Gulotta al referirse a organizaciones como Heritage Action, que se define como “un ejército de base de activistas conservadores comprometidos en la línea del frente contra la agenda liberal”.
El activista cree no obstante que la educación y la movilización de las comunidades que cada vez comprenden más que “votar es el último acto en un proceso de participación cívica”, hará que las elecciones de 2022 sean incluso “más exitosas” que las del 2020.
