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En los últimos días, cinco tribunales federales prohibieron al gobierno de Donald Trump cambiar las reglas sobre uso de beneficios públicos para solicitantes de residencia permanente o visa de no inmigrante y dejaron las cosas como están desde hace más de 20 años.
“Estas decisiones significan que hay una prohibición nacional de cambiar esta regla, que no ha entrado en vigor por ahora y que puede ser que nunca sea aplicada”, dijo la abogada Madison Allen, del Centro de Leyes y Políticas Sociales.
Aun así, el temor al efecto migratorio de pedir cualquier servicio público sigue causando problemas. Estudios y casos anecdóticos señalan que “millones de inmigrantes dejarán de pedir ayuda para salud, nutrición y servicios sociales”, debido al temor causado por la medida.
Muchos ya lo han hecho. Y según parece, sin necesidad alguna.
Según explicaron varios expertos y abogados este jueves, muchos de esos inmigrantes ni siquiera están en peligro porque no pertenecen a categorías incluidas en la regla, ni piden el tipo de ayuda que les afectaría, o tienen otros factores a su favor que podrían beneficiarlos.
Durante una teleconferencia copatrocinada por el National Immigration Law Center (NILC), El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) y Ethnic Media Services (EMS), se enfatizó lo siguiente:
Muchos inmigrantes NO son ni serán afectados por esa regla.
Hay varias categorías de extranjeros o migrantes que no entran dentro del nuevo reglamento de “Carga Pública” que fue emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del gobierno de los Estados Unidos el pasado mes de Agosto y que ahora está en pausa por órdenes de tribunal.
Los refugiados o personas con asilo, los que piden o tienen visas U para víctimas de la delincuencia, visas T para víctimas de tráfico humano, WAVA casos de violencia doméstica, SIJS para menores abandonados, renovación de Estatus Temporal de Protección TPS o DACA, la mayoría de los residentes permanentes o ciudadanos NO se verán afectados por esta regla.
“No importa lo que decidan los tribunales, estas personas no se verán afectadas directamente por ese potencial cambio en las reglas de Carga Pública”, dijo Allison Davenport, abogada supervisora de ILRC.
La regla en suspenso solo se aplica en dos tipos de casos
El miedo en la comunidad viene, en gran medida, de no saber exactamente a quién aplicaría la regla de Carga Pública, en caso que los tribunales federales den el visto bueno, dijo Davenport.
“Por una parte, el reglamento de Carga Pública ha estado en las leyes de Estados Unidos durante 100 años”, dijo. Este pretende garantizar que las personas que se hacen residentes u obtienen una visa de otra clase para residir en el país, no dependen del erario público.
No obstante, no se trata de una prohibición de obtener servicios, a muchos de los cuales los indocumentados tienen derecho. “Solamente se aplicará en dos ocasiones: cuando una persona pide una visa para entrar a este país o quedarse en el mismo o cuando piden la residencia permanente”, agregó la letrada.
Por otro lado, quienes teman verse afectados en el futuro, cuando pidan una visa o residencia, deben entender que aunque usen servicios actualmente, esto no afectará su posibilidad de obtener una tarjeta verde en el futuro, porque el beneficio no es retroactivo.
Solo ciertos beneficios están incluidos en la lista del posible cambio
No todos los beneficios públicos afectan a la hora de pedir visa o tarjeta verde, explicaron.
La ley actual de Carga Pública, vigente desde 1999, solo toman en cuenta dos tipos de beneficios para los solicitantes de tarjetas verdes y visas: cuidado de largo plazo (long term care) y asistencia en efectivo, por ejemplo cobros de “welfare” o bienestar social.
El nuevo reglamento que están en suspenso por el momento añade varios más a esa lista: asistencia para subsidios de vivienda o Section 8, cupones de alimento y Medicaid. Sin embargo, esto no incluye el Medicaid recibido por menores de 21 años o por mujeres embarazadas y durante 60 días después del parto.
Programas que NO están incluidos ni en el viejo ni en el nuevo reglamento (aún no en vigencia) incluyen: WIC, CHIP (Healthy Families en CA), Asistencia Alimentaria o almuerzos escolares, Head Start, cualquier tipo de beneficio ganado como Seguro Social o Discapacidad, créditos de impuestos o ciertos beneficios a familias militares.
Los expertos indicaron que nadie debe de suspender su uso de estos servicios e incluso de aquellos que sí están incluidos en la nueva regla, sin consultar a una organización comunitaria especializada o a un abogado de inmigración.
Históricamente, la regla de carga pública no ha afectado a mucha gente:
Los expertos estiman que el efecto real del reglamento, si es que llega a entrar en vigencia, podría ser más limitado de lo que se teme, ya que la mayoría de los solicitantes de beneficios tiene factores atenuantes que también deben ser tomados en cuenta por los agentes que toman la decisión.
“Nuestro análisis nos dice que 69% de los que recientemente recibieron tarjetas verdes tienen al menos un factor negativo en contra, pero la mayoría tienen también características positivas que pueden hacer contrapeso”.
Por ejemplo, si la persona que solicita la tarjeta verde ha usado cupones de alimentos pero habla bien inglés, tiene un trabajo estable o algún otro factor positivo, estos pueden compensar la marca negativa, explicaron.
Un reciente análisis del Migration Policy Institute (MPI) reveló que si bien el gobierno de Trump ha negado más visas que en el pasado, porque ya el Departamento de Estado está aplicando medidas más estrictas en sus consulados y embajadas, muchos de los rechazados logran eventualmente superar el escollo.
“En 2016 negaron 1000 visas de residente y ese número subió hasta 12000 este pasado año. Sin embargo, la mitad de esos lograron apelar y ser aprobados”, dijo Jeanne Batalova, investigadora de MPI. “Al final, solo 1% de las tarjetas de residencia resultaron afectadas”.
Beneficios recibidos por un familiar no afectan, pero el temor existe
El temor a lo que puede ocurrir está resultando más grave que la realidad, afirmó Mayra Álvarez, presidenta de la organización Children´s Partnership, quien instó a la comunidad a no apresurarse en renunciar a beneficios a los que califican.
“Las familias deben continuar usando los beneficios que necesiten”, dijo Alvarez. “Incluso, deben seguir usando los beneficios incluidos en la nueva regla mientras tanto los tribunales sigan prohibiendo su entrada en vigor. En caso que estas demandas no tenga éxito, habrá un tiempo para quienes quieran retirarse de ciertos beneficios y el efecto no es retroactivo”.
Todo esto quiere decir que mientras la regla no entre en vigor, los beneficios que se usen en este período no afectarán una futura “Green card”.
La nueva regla de “Carga Pública” iba a entrar en vigor esta semana (el 15 de Octubre), pero jueces en Nueva York, California y el estado de Washington la bloquearon el viernes anterior. El mismo día 15, otros dos jueces en Maryland e Illinois se sumaron a la orden.
Pilar Marrero is a journalist and author with long experience in covering social and political issues of the Latino community in the United States. She is one of the foremost experts on immigration policy and politics in the US media world and has covered the issue extensively during her years as a reporter. Marrero is the author of the books “Killing the American Dream” and “El Despertar del Sueño Americano.” In October 2018, she was selected by her peers at CCNMA (Latino Journalists of California), as Latina Journalist of the Year.
