Además de estar peligrosamente expuestos al contagio de la COVID-19, los trabajadores agrícolas en California han experimentado como pocos los reveses de esta pandemia: pérdida de ingresos y de empleo, costos repentinos de cuidado infantil debido al cierre de escuelas, problemas con el aprendizaje a distancia por la falta de acceso a Internet, escasez de alimentos, inseguridad habitacional y hasta problemas de salud mental.
El pálido diagnóstico fue compilado en el informe “Siempre esencial, perpetuamente desechable: Los trabajadores agrícolas de California y la pandemia COVID-19”, una investigación realizada por el Instituto de Estudios Rurales de California y varias organizaciones de base.
“Los hallazgos del estudio muestran que los trabajadores agrícolas y sus familias experimentan mucha realidad y mucho miedo”, dijo en una conferencia de prensa Bonnie Bade, profesora de antropología de la universidad estatal de California en San Marcos y una de las co-autoras del informe.
“La realidad es la pérdida de empleo y de ingresos, condiciones de trabajo inseguras y de alta exposición (a la COVID), falta de seguro médico y de licencia por enfermedad, inseguridad habitacional, deportación y muerte”, observó.
“El miedo es a quedar expuestos en el trabajo y contagiar a los niños, a no poder poner comida en la mesa, a no tener los recursos tecnológicos para apoyar el aprendizaje a distancia… miedo al desalojo, miedo a dar positivo en una prueba, a estar intubado en un hospital y morir solo”.
El reporte incluye historias recopiladas a través de 63 entrevistas en profundidad como seguimiento de la encuesta estatal COVID-19 (COFS en inglés) realizada a 915 personas entre marzo y junio del año pasado, como respuesta a la abrumadora cantidad de indígenas y latinos que en los campos estaban cayendo enfermos por COVID. Aunque los datos compartidos son de California, el trabajo completo incluye seguimiento a trabajadores en los campos de Oregon y Washington.
“La salud mental de las familias de trabajadores emerge como una preocupación principal para los participantes”, dijo Bade. “Las mujeres trabajadoras sacrifican salarios para quedarse en casa y navegar en un mundo desconocido de computadoras para mantener a los niños en línea, mientras los adolescentes aislados contemplan hasta el suicidio”.
Las prácticas de prevención frente al virus en los campos son casi nulas e incluso algunos jefes se niegan a darle a los trabajadores recursos básicos como máscaras, alcohol y jabón. Aunque los campesinos tratan de mantener la distancia física, muchos deben compartir el mismo auto con colegas o viven en casas compartidas con otras familias, aumentando los riesgos de infección.
Las ayudas federales o estatales dispuestas en tiempos de pandemia, llegan retrasadas o son directamente negadas a esta población.
“Les pedíamos máscaras y no mas les daba risa. Y le pedimos jabón para lavarnos las manos, y no mas les daba risa. Varios de mis compañeros y yo le hablamos a Cal OSHA (La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California), para pedir ayuda antes de contagiarnos. Dijeron que nos iban a mandar cartas y que iban hablar con el patrón y nunca hicieron nada.”
El testimonio de Eliseo de 40 años fue compartido por Erica Fernandez Zamora, organizadora comunitaria de la Red de justicia ambiental del Valle Central de California, quien entrevistó a residentes en el valle de San Joaquín.
“Hay que eliminar las barreras para que los trabajadores agrícolas denuncien quejas relacionadas con COVID-19, y estén protegidos contra represalias”, dijo Fernandez Zamora. “Las agencias como Cal OSHA tienen que velar por la salud y seguridad de estos trabajadores”.
Otra preocupación para los campesinos es su pertenencia a familias de estatus mixto que en la primera ronda de cheques de estímulo quedaron excluidas de recibir alivios financieros. La entrante administración de Joe Biden ha dicho que no se necesita un número de seguridad social para acceder a tales alivios en adelante.
Las organizaciones comunitarias de base (CBOs en inglés) y las clínicas de migrantes han ocupado el lugar del estado proveyendo alivios para renta y comida, a través de las pocas donaciones que reciben. También reparten sombreros, guantes de trabajo y equipos de protección personal (PPE en inglés), y velan porque la información sobre la COVID-19 esté disponible no solo en español, sino en lenguajes indígenas mexicanos y asiáticos.
“Muchas veces la información estatal se comparte en formato de español académico y hasta eso puede resultar inaccesible para las comunidades de habla hispana”, dijo Paola Araceli Illescas, otra de las investigadoras quien trabaja en la clínica comunitaria Vista que sirve al condado norte de San Diego. Para el estudio se adelantaron un total de 15 entrevistas en lenguajes distintos al español y el inglés.
“Las CBOs son a menudo mensajeras de confianza para la comunidad y pueden ser clave para disipar los temores de malentendidos causados por amenazas de carga pública”, añadió Araceli refiriéndose a la prueba para determinar si alguien que está solicitando la residencia permanente o algún otro alivio migratorio, puede llegar a depender de beneficios federales públicos en el futuro. Esta carga pública, que Biden ha prometido eliminar, ha resultado en la renuencia de los campesinos a siquiera hacerse la prueba de COVID y ha aumentado el temor a las vacunas.
“Veo en las noticias que los hospitales están casi llenos y me da mucho miedo porque no tengo seguro médico y siento que mi vida como indocumentado no es tan valiosa como salvar la vida de un ciudadano estadounidense”, dijo Rodolfo de 46 años, uno de los entrevistados en el informe.
“Nos exponemos todos los días a este virus y no tenemos la suerte de poder trabajar desde casa”, expresó Martin de 49 años, preocupado por la reducción de su salario. “No se puede cosechar desde una computadora”.
Las investigadoras hicieron énfasis en la necesidad de que la legislatura de California apruebe la SB 562, ley de salud de California, que garantiza el acceso a la salud para todos los californianos sin importar su estatus migratorio.
“Es hora de priorizar el acceso gratuito a las pruebas de COVID y la vacunación para los trabajadores agrícolas y otros trabajadores esenciales indocumentados”, aseguró Deysi Merino-González de la Coalición de cuidado de trabajadores agrícolas del condado de San Diego.
“Espero que en el siguiente paquete de alivio se priorice su legalización… Los trabajadores agrícolas son la columna vertebral del sistema alimentario de la nación, la comida que nos dan soporta el sistema inmunológico atacado por esta pandemia,” añadió Merino González.
El informe también incluye otras recomendaciones como invertir en el ancho de banda en las zonas rurales de California e incluir a los trabajadores agrícolas en el desarrollo de los planes de respuesta para futuras emergencias.
