By Pedro Arce
Guatemala se encuentra en medio de una peligrosa encrucijada.
A pesar del triunfo electoral del binomio anticorrupción formado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera y de la certificación de las elecciones por parte de las autoridades electorales, fuerzas poderosas hacen todo lo posible para prevenir que asuman el próximo 14 de enero, por medio de acciones que van desde los retos legales a intentos de asesinato, lo que han requerido que la Orgnización de Estados Americanos soliciten a las autoridades guatemaltecas la protección de Arévalo y Karin Herrera.
Si esos intentos para descarrilar la transmisión del mando en el país más grande de Centro América triunfaran, las repercusiones serán gravísimas, no solo para Guatemala, sino también para los 2 millones de guatemaltecos que vivimos y trabajamos en los Estados Unidos. Las contribuciones que en forma de remesas enviamos a Guatemala, $1.8 millardos el año pasado, contarán menos en tanto las estructuras corruptas permanezcan en el poder y se incrementen los riesgos de inestabilidad política.
Tras la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado, Guatemala ha buscado mediante los procesos enmarcados en la Constitución y en dichos Acuerdos, recuperar la democracia que le fue conculcada hace aproximadamente 70 años.
Sin embargo, mediante oscuras alianzas esas fuerzas poderosas, formadas por la oligarquía y políticos tradicionales, el ejército y sectores que han emergido a la sombra de estos, como son las mafias dedicadas al contrabando y al tráfico de drogas y de personas, ejercen el control del aparato estatal y hoy más que nunca amenazan la institucionalidad.
A pesar que las libertades de asociación, de expresión y de elegir y ser electo, son garantizados por la Constitución, por medio de dudosos procedimientos judiciales, los representantes del regimen, obstaculizan la toma de posesión de sus cargos a las autoridades recientemente electas.
Esa oposición obedece a que las nuevas autoridades responden al deseo del pueblo a superar las condiciones de atraso, pobreza, discriminación, inseguridad y falta de certeza jurídica impuestas por los gobiernos de esa alianza conocida en Guatemala como el Pacto de corruptos.
Para burlar la voluntad ciudadana, en lugar del viejo recurso del “cuartelazo”, varias instituciones del Estado se han articulado para romper el orden constitucional por medio de un “Golpe de Estado Judicial” en cámara lenta, sin disparos ni proclamas militares.
Es un “Golpe” porque la organización del Estado como una República Democrática se subvierte, ignorando la voluntad del pueblo expresada en las urnas, con medidas cohersitivas y antojadizas, que van en contra de los principios contenidos en la Constitución Política.
Son cohersitivas porque estan destinadas a impedir el ejercicio de las garantías constitucionales y son antojadizas porque ignoran los principios que sustentan las leyes y son interpretadas e implementadas de acuerdo con las conveniencias de un grupo específico.
De acuerdo con la Constitución, las elecciones se rigen por la Ley Electoral y de Partidos Políticos y el ente encargado de su implementación es el Tribunal Supremo Electoral (TSE). No obstante, en las recientes eleciones, a través de procedimientos arbitrarios y espurios, se ha impedido la inscripción de partidos políticos contrarios a los intereses del regimen y permitido la participación de otros considerados inocuos.
Para sorpresa de todos, cuando el pueblo en la primera ronda de las elecciones demostró su preferencia por el Movimiento Semilla, el cual ofrece una opción real de cambio, la respuesta oficial ha sido la judicialización del proceso electoral por medio de acciones tendientes a:
- Favorecer acusaciones de fraude que el TSE demostró carecen de fundamento, demorando así la declaración de los partidos que podrían concurrir a la segunda vuelta y simultaneamente.
- Instrumentando al desacreditado Ministerio Público (MP) para intervenir en asuntos electorales, con procedimientos que buscan la cancelación de Semilla, el partido de Arévalo, y asistidos por la fuerza pública y el Ejército, allanando las oficinas de dicho partido.
- Igualmente, el MP secuestró los archivos del TSE e inició juicios en contra de sus funcionarios. A pesar de ello el TSE hizo respetar su autoridad y prosiguió a la segunda vuelta en la cual resultaron electos por mayoría los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Semilla.
- Propiciando un caos institucional al trasladar decisiones que competen unicamente al TSE a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte de Constitucionalidad, a juzgados menores y al igualmente desacreditado Congreso de la República, que en su conjunto han emitido decisiones ambiguas que ponen en duda la legalidad del Movimiento Semilla, con lo cual, los diputados de dicho partido, que constituyen la tercer fuerza política del nuevo Congreso no pueden formar grupo parlamentario, y tampoco garantizan que el Presidente y Vicepresidente electos en la segunda ronda de las elecciones puedan asumir sus cargos.
A partir de la segunda vuelta de las elecciones el 20 de Agosto, Arévalo recibió el 60 por ciento de los votos emitidos y la ex-primera dama Sandra Torres el 38 por ciento, sin embargo continuan los desafios legales sacados de la manga para suspender la legalidad de Semilla.
No cabe duda que esta modalidad representa un burdo atentado para mantener el control del Estado guatemalteco, conservando las apariencias de legalidad, pero en el fondo garantizando la continuidad de un regimen corrupto, ilegítimo e impopular.
Los intentos continuos para descarrilar la decision del pueblo en estas elecciones y minar la democracia requiere la atención de nacionales y amigos de Guatemala donde quiera que estemos.
Pedro Arce, arquitecto guatemalteco y urbanista jubilado de San Francisco, vive en California desde hace 43 años. Anteriormente trabajó en la Oficina de Información y Noticias de Guatemala.
