From left to right: Thomas A. Saenz, President and General Counsel, Mexican American Legal Defense and Educational Fund; John C. Yang, President and Executive Director, Asian Americans Advancing Justice | AAJC; Jacqueline De León, Staff Attorney, Native American Rights Fund; Wendy Weiser, Director of the Democracy Program, Brennan Center for Justice at NYU School of Law; Hilary O. Shelton, Director, Washington Bureau/Senior Vice Preisdent for Advocacy and Policy, NAACP
Dos proyectos de ley buscan establecer estándares nacionales para el acceso al voto y fortalecer las protecciones contra la discriminación racial en las urnas en Estados Unidos.
Por: Jenny Manrique
Mientras legisladores en 47 estados han presentado casi 400 proyectos de ley que buscan restringir el derecho al voto, dos iniciativas clave están siendo consideradas en el Congreso para fortalecer el acceso a las urnas y las protecciones contra la discriminacion racial de votantes.
Se trata de la ley para el pueblo, y la ley de promoción del derecho al voto de John Lewis, iniciativas que buscan prevenir la interferencia extranjera en las elecciones, limitar la influencia del dinero en la política y modernizar la infraestructura para aumentar la seguridad electoral. También establecen comisiones no partidistas de redistribución de distritos, un período de votación anticipada de 15 días para todas las elecciones federales, ampliar el acceso al voto por correo y el registro automático de votantes, entre otras disposiciones.
“Estas leyes son fundamentales para detener el flagelo de la supresión de votos que enfrenta nuestro país hoy, y para proteger la libertad de voto en el futuro”, dijo Wendy Weiser, vicepresidenta del programa de democracia en el centro Brennan para la justicia de la facultad de derecho de la Universidad de Nueva York, durante una conferencia organizada por Ethnic Media Services.
“Los derechos de voto en Estados Unidos están bajo ataque como no lo han estado desde la era de Jim Crow y el impulso para restringir el acceso a la votación en las legislaturas estatales es sin precedentes”, agregó.
El Centro Brennan le ha hecho seguimiento a más de 360 proyectos de ley que en estados como Arkansas, Georgia, Iowa y Utah ya se hicieron ley y que se mueven agresivamente hacia su aprobación en otros como Arizona, Texas, Michigan y New Hampshire.
Estas leyes buscan hacer los requisitos de identificación de votantes más estrictos, dificultar el registro de electores y expandir las purgas de listas de votantes, todas medidas que afectan especialmente a las comunidades étnicas. En la mayoría de los casos, estas iniciativas locales se han justificado en “alegaciones falsas de fraude electoral sin la más mínima evidencia”, dijo Thomas Saenz, presidente y consejero general del Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Estadounidense (MALDEF en inglés).
“Cuando los líderes (políticos) buscan retener el poder y saben que no cuentan con el apoyo de la creciente comunidad latina, toman medidas para suprimir el voto”, agregó Saenz refiriéndose al crecimiento del voto hispano en lugares como Arizona, Nuevo México, Nevada y Colorado, algo que fue determinante para el triunfo demócrata en esos estados en 2020.
El aumento de una participación electoral sin precedentes, también se registró entre asiatico- americanos, afroamericanos y otras minorías.
En estados como Texas, los latinos ya componen el 40% de la población. Tras los resultados del censo, el estado ganó dos representantes más en la Cámara y si la participación hispana en las urnas sigue a los números vistos en las elecciones pasadas, su voto podría contribuir a otra victoria azul para esas nuevas sillas.
“En estados del sur de nuestro país, y también en Texas, debemos anticipar que si hay una nueva comunidad alcanzando una masa crítica para amenazar a los poderes establecidos, deben fortalecerse las protecciones vigentes (al voto), incluidos los requisitos de revisión antes de la autorización (de cambios legislativos)”.
La ley de derechos electorales de 1965 en su sección V, establecía que los estados no podían aprobar cambios en las reglas de votación sin autorización federal. Pero esa sección fue tumbada por una decisión de la Corte Suprema de 2013, lo que ha dado paso a políticas discriminatorias en contra de minorías, ancianos y jóvenes.
Saenz argumenta que en el caso de los latinos, la mayor amenaza es la “intimidación” con medidas como demandar pruebas de ciudadanía para nuevos votantes y el establecimiento de observadores electorales dentro de los lugares de votación que tienen el permiso de grabar a aquellos que votan o necesitan asistencia en las urnas.
En el caso de la población afroamericana, medidas como la identificación de votantes, el traslado de registros de recintos sin previo aviso que dificulta la llegada de electores a estos puestos, o las restricciones al voto por correo, son serias amenazas a este derecho.
Segun Hilary Shelton, vicepresidente sénior de defensa y políticas de la Asociación Nacional para el avance de las personas de color (NAACP en inglés), “aunque parezca una medida inocua, exigir una identificación significa en algunos lugares que las personas que no poseen autos (y no tienen una licencia de manejo), ahora tienen que pagar un gasto adicional… si hay que pagar un dinero extra para ir a las urnas y emitir su voto eso es un impuesto al voto”.
Shelton también resaltó que Estados Unidos es de los pocos países que no registra automáticamente a sus ciudadanos en los padrones electorales cuando cumplen 18 años, “pero sí los enlista en las fuerzas armadas”.
Y recordó que otro derecho al voto que las iniciativas en el Congreso quieren restaurar, es el de aquellos estadounidenses con antecedentes penales. “Si alguien cometió el error de un delito grave, incluso después de haber cumplido la condena, incluso después de haber salido de la cárcel, en la mayoría de los estados hoy en día no puede votar”.
Sin puestos de votación
La situación es quizá más grave para los votantes nativo americanos. Según Jacqueline De León, abogada del Fondo de Derechos de los Nativos Americanos (NARF en inglés), en los últimos cuatro años su organización ha desafiado en las cortes la ley de identificación de votantes de Dakota del Norte, la prohibición de recolección de boletas en Montana, el requisito de la firma de testigos para votar durante la pandemia en Alaska, y la negativa a abrir un lugar de votación en persona en la reserva de Blackfeet, lo que obligaba a los miembros tribales a viajar hasta 120 millas para poder votar.
“Hemos presentado cerca de 100 demandas, con una tasa de éxito de más del 90%. Estos casos han sido litigados ante jueces designados por presidentes republicanos y demócratas, y los hechos son tan malos que casi siempre ganamos”, dijo De León. “Pero el litigio es un instrumento abrupto y costoso, y podría haberse evitado si existieran las leyes que van hoy al Congreso”.
Muchas reservas indias no tienen puestos de votación y las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados o de correos están a cientos de millas de distancia. “Debido a la discriminación continua y la negligencia gubernamental, muchos nativos americanos viven en hogares superpoblados que no tienen dirección, no reciben correo y están ubicados en caminos de tierra, que pueden ser intransitables en el noviembre invernal”, apuntó De León.
Otra provisión que las iniciativas en el Congreso quieren corregir es la asistencia en las urnas para personas con discapacidades y el acceso a boletas electorales en diferentes idiomas.
“Las barreras del idioma son uno de los mayores impedimentos para el voto asiático-americano, ya que un tercio de los asiático-americanos tienen un dominio limitado del inglés”, dijo John C. Yang, presidente y director ejecutivo de Asiatico-americanos promoviendo la justicia (AAJC en inglés).
“En cada elección, los supervisores de las urnas han observado la falta de letreros e intérpretes en idiomas asiáticos, lo que nos limita el acceso a la boleta. La asistencia lingüística eficaz es fundamental para cerrar esa barrera en las elecciones nacionales y locales”, aseguró.
La ley de promoción del derecho al voto de John Lewis se presentará en breve en la Cámara de Representantes y la ley para el pueblo ya fue aprobada en la Cámara y tendrá una audiencia en el Senado en las próximas dos semanas. Varias encuestas han demostrado que ambos proyectos cuentan con un apoyo bipartidista.
