Por Tina Rosales, defensora de la vivienda del Western Center on Law & Poverty
Imagínate que un día llegas a casa y te encuentras un aviso en la puerta que dice en letras grandes:
A TODOS LOS INQUILINOS Y A TODAS LAS PERSONAS EN POSESIÓN: POR LA PRESENTE SE LES NOTIFICA… que debido a que el alquiler de dicho inmueble está pendiente de pago, cuentan con tres días para cubrir la totalidad de la renta que adeudan o su contrato se dará por terminado y serán objeto de un procedimiento de desalojo.
Eso es lo que va a ocurrir, o lo que ya está ocurriendo, a miles de californianos cuando la moratoria de desahucios del estado termine el 31 de septiembre de 2021. Todos los días, los inquilinos reciben notificaciones exigiendo el alquiler que no pueden solventar debido a la pandemia, mientras miles de millones de dólares federales destinados a ayudarles a pagar a los propietarios se quedan en el banco.
Muchos -probablemente la mayoría de los lectores de este artículo- no tienen ni idea de qué hacer o a dónde acudir para pedir asesoría. La mayoría de los inquilinos no saben que hay fondos disponibles para ayudarles. Todos, salvo unos pocos afortunados, no tienen representación legal.
Antes y durante la pandemia, representé a inquilinos en juicios de defensa por desahucios en la ciudad de Los Ángeles, en donde más del 60 por ciento de sus habitantes rentan el lugar en donde viven.
Un día cualquiera, entré al tribunal de desahucio y vi al menos a 30 personas, casi todas de color, sin abogado defensor. Sin embargo, los propietarios, muchos de los cuales eran empresas, tenían representación legal. A nivel nacional, sólo el tres por ciento de los inquilinos tienen un abogado en estos casos mientras que el 81 por ciento de los propietarios sí lo tienen. La balanza se mueve del lado de los arrendatarios.
Un proyecto de ley actualmente en la Asamblea del Estado, AB 1487, podría cambiar esto mediante la creación de un fondo para igualar las posibilidades tanto para los inquilinos como para los propietarios. Este proyecto no sólo proporciona fondos para la representación legal que se necesita desesperadamente, sino que también provee servicios de intervención y mediación previos al desahucio. Los elementos combinados del proyecto de ley son especialmente importantes en este momento cuando la pandemia hace estragos y la gente sigue sin poder encontrar trabajo y pagar el alquiler.
El proyecto de ley 1487, promovido por Housing Now, Inner City Law Center, Legal Aid Association of CA y Western Center on Law and Poverty, se someterá a votación en el Senado justo antes del Día del Trabajo. Si obtiene el apoyo bipartidista, se aprueba y es firmada por el Gobernador, daría prioridad al acceso legal de los 17 millones de inquilinos de California.
Pienso en lo que está en juego para los inquilinos que he visto, muchos de ellos desesperados por conseguir un abogado que los represente, pero que no pudieron acudir al tribunal, y tienen que mudarse.
Una anciana negra con graves discapacidades y educación limitada llegó a mi oficina con un largo acuerdo que estipulaba el pago total del alquiler atrasado, todos los honorarios del abogado y mudarse en dos semanas. Ella no entendía que había firmado un documento en el que se comprometía a mudarse y pagar esos gastos, sobre todo porque sólo retenía el alquiler debido a que sus caseros se negaban a hacer reparaciones a la vivienda que, además, eran su derecho legal. Con el limitado número de abogados capaces de defenderla, lo mejor que pude hacer fue darle consejo, asesoramiento y recursos para que no se quedara sin hogar tras dejar su casa de alquiler controlado de más de 30 años.
Las mujeres negras con hijos corren más riesgo de ser desahuciadas; después, los inquilinos latinos y los nativos americanos, en comparación con los inquilinos blancos. Para añadir un ingrediente más a la receta de la desigualdad, la mayoría de los propietarios de California son corporaciones con fondos y recursos para ganar en los tribunales, una ventaja que, evidentemente, los inquilinos no tienen.
Los propietarios individuales existen, pero un número desproporcionado en California son corporaciones cuyas prioridades incluyen hacer felices a los accionistas, y no mantener a las comunidades seguras y estables.
Las consecuencias para los inquilinos pueden incluir la pérdida de su hogar, la exacerbación de los problemas médicos, incluyendo la propagación de la COVID-19, y un aumento sustancial del estrés, la ansiedad, la depresión y otros problemas médicos subyacentes. Puede impedir que un niño vaya a la escuela si cambia de distrito, o incluso hacer que un padre tema que su hijo sea retirado por no tener un lugar en donde vivir.
El juicio de desahucio en el historial de alquiler de cualquier persona a menudo le impide a futuro conseguir una casa o un alquiler desestabilizando toda su vida. Con tanto en juego, es razonable suponer que los inquilinos tienen derecho a ser representados en los tribunales, pero en California todavía no es así.
Este año, tomé la difícil decisión de dejar de ejercer la abogacía para convertirme en defensora de la política y hacer cambios sistémicos como los del proyecto de ley AB 1487 que abordan los desalojos injustos que yo misma vi todos los días como abogada. Quiero asegurarme de que las personas que se encuentran con un aviso de desahucio en su puerta sepan que hay una ayuda legal a la que pueden recurrir.
Tina Rosales es defensora de diversas políticas sociales en el Western Center on Law & Poverty, en donde se centra en asuntos relacionados con uso del suelo, producción de viviendas para personas con ingresos bajos o nulos, ley de propietarios e inquilinos, falta de vivienda, vivienda justa, entre otros. Anteriormente, Tina trabajó para Neighborhood Legal Services del condado de Los Ángeles, en donde se dedicó a los litigios entre propietarios e inquilinos y a asuntos relacionados con personas sin hogar.
