From left to right: Juan Pablo Garnham, Audience and Community Engagement Editor, Eviction Lab, Princeton University; Dr. Shawnita Sealy-Jefferson, Principal Investigator and Leader, Social Epidemiology to Eliminate Disparities (SEED) Lab, Ohio State University; Francisco Duenas, Executive Director, Housing Now! California
Millones de familias estadounidenses se retrasaron en el pago del alquiler en medio de la pandemia y niveles récord de desempleo. Los CDC extendieron la moratoria federal hasta el 3 de octubre.
Por: Jenny Manrique
Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) extendieron la moratoria federal sobre desalojos hasta el 3 de octubre, mientras la administración de Joe Biden dispuso $47 mil millones en ayuda para inquilinos y pequeños propietarios. Sin embargo las barreras para que las comunidades étnicas y de bajos ingresos accedan a esos dólares federales continúan, a la par que aumentan los retrasos en el pago de alquiler y los impactos en la salud mental de quienes enfrentan un desalojo.
“El desalojo es para las mujeres negras, lo que el encarcelamiento masivo es para los hombres negros”, dijo la doctora Shawnita Sealy-Jefferson, investigadora principal y líder del laboratorio de epidemiología social para eliminar las disparidades (SEED en inglés) de la Universidad Estatal de Ohio, durante una conferencia organizada por Ethnic Media Services.
“El costo de la vivienda está aumentando mientras que los ingresos en las comunidades negras y morenas, que son las más afectadas por esta crisis de desalojos y la pandemia, disminuyen, se estancan o se eliminan”, agregó.
Los CDC emitieron esta moratoria para frenar la propagación del coronavirus y las ayudas están disponibles para quienes “están experimentando niveles elevados y sustanciales de transmisión comunitaria de COVID-19”. Según el Urban Institute, esto aplica al 99% de los hogares arrendatarios, pero aun así 300.000 hogares podrían no estar cubiertos.
Quienes quieran aplicar al alivio a la renta deben demostrar que no pueden pagar el alquiler debido a la pérdida de ingresos o que están en riesgo de ser desalojados.
No obstante, Sealy-Jefferson mencionó que “hay pruebas muy sólidas” de que algunos de estos desalojos se deben al racismo y no a conductas relacionadas con el no pago de alquiler. Por ejemplo, las madres afroamericanas y las víctimas de violencia doméstica e interpersonal tienen el mayor riesgo de desalojo en comparación con otros grupos raciales y étnicos, pues bajo las leyes de alteración de orden público, los propietarios pueden recibir una multa si la policía es llamada repetidas veces a una unidad residencial.
Las familias desalojadas no solo pierden sus posesiones como muebles, ropa, documentos importantes y cosas que no se pueden reemplazar como artículos sagrados, sino que corren un mayor riesgo de enfermedades agudas y crónicas como resultado del trauma de perder su hogar.
“El desalojo se ha asociado con múltiples factores como dificultades económicas, inseguridad, impotencia, depresión e incluso suicidio”, añadió la investigadora. “Los niños de color cuyas familias son desalojadas, a menudo tienen que faltar a la escuela… La experiencia traumática que enfrentan puede afectar sus futuros riesgos de enfermedad y mortalidad”
Tener un historial de desalojo hace que las familias no sean elegibles para la acción de vivienda asequible, y en los últimos años ha habido recortes drásticos en la asistencia federal que se reflejan en que solo uno de cada cuatro residentes de bajos ingresos que califican para vivienda asequible, recibe tal ayuda. Las personas deberían gastar hasta el 30% de sus ingresos en alquiler pero una de cada cuatro de estas familias gastó más del 70% de sus ingresos solo en alquiler y servicios públicos.
“Incluso antes de la pandemia, los desalojos no pasaban por los tribunales lo que es 100% ilegal”, dijo Sealy-Jefferson “Sabemos que los desalojos ilegales son menos costosos y más eficientes para los propietarios. Se estima que representan casi la mitad de todos los desalojos”.
Este número es incierto porque la única manera de tener datos reales sobre los desalojos es a través de expedientes judiciales que solo detallan los casos llevados ante las cortes.
“Estos datos son incluso difíciles de obtener en muchos estados”, dijo Juan Pablo Garnham, editor de audiencias y participación comunitaria en el Laboratorio de desalojos de la Universidad de Princeton, que ha publicado una base de seguimiento de desalojos, con datos de 31 ciudades y seis estados, cuyos tribunales sí proveen esta información.
En un año típico, los propietarios presentan 3,7 millones de casos de desalojo ante las cortes, -el equivalente a 7 desalojos por minuto-, una tendencia impulsada con la crisis de vivienda de 2016 mucho antes de la llegada de COVID. Durante la pandemia se han llevado 480,456 casos de desalojo a los tribunales.
“Pero cuando hablamos de desalojos irregulares e ilegales, o lo que algunas personas lo llaman auto-desalojo … es un problema invisible en los datos”, dijo Garnham.
“Tener acceso a personas que nos cuenten sus historias y hacer visible su problema es un gran desafío. Muchos tienen miedo de los propietarios de vivienda o (al ser indocumentados) temen de las autoridades de inmigración”, agregó.
En otro estudio realizado en junio en nueve ciudades, el laboratorio encontró que donde hubo mayor número de desalojos, las tasas de vacunación contra COVID también fueron bajas. “Esto refleja las disparidades raciales tanto en el enforzamiento del desalojo como en el acceso a las vacunas… las inquilinas negras y las mujeres están sobrerrepresentadas en las solicitudes de desalojo, tanto antes como durante la pandemia”.
La distribución de los $47 mil millones en ayuda aprobados para arrendatarios ha sido muy dispareja a nivel país en donde solo estados como Texas y Virginia han distribuido más del 50% de esos fondos, mientras otros no llegan ni al 10%.
“Muchos de estos gobiernos tienen que crear programas desde cero y lidiar con varios problemas como falta de información y alcance, sitios webs que se caen, papeleo, y barreras tecnológicas del idioma”, explicó Garnham. “Los propietarios no necesariamente cooperan o tienen problemas para cumplir con los requisitos. A veces, los fondos pueden tardar semanas en llegar al propietario. Por eso es importante aplicar ahora”.
El laboratorio ha creado una serie de recursos para inquilinos en inglés y en español, en los que destacan tres cosas básicas a saber: tienen derecho a pelear contra la orden de desalojo en la corte, existen millones de dólares disponibles en asistencia para el alquiler en el país, y también hay la posibilidad de encontrar un abogado pro bono que los asista, algo que puede cambiar sustancialmente el resultado de un caso.
Justicia de vivienda
“Lo que nos preocupa es que si los inquilinos no conocen de la asistencia para el alquiler, probablemente no conozcan estas protecciones en los tribunales”, dijo Francisco Dueñas, director ejecutivo de Housing Now! California, una coalición estatal de defensa de la justicia de la vivienda. “Entonces muchos inquilinos simplemente se mudarán y perderán sus casas porque no quieren un desalojo en su historial”, agregó.
Dueñas contó que siguen casos de inquilinos en California que han aplicado por la asistencia desde marzo y todavía no han recibido ningún fondo. En el estado se asignan los fondos teniendo en cuenta la población en general y no el número de arrendatarios de bajos ingresos, lo que ha provocado que algunas jurisdicciones como Los Ángeles estén distribuyendo apenas $500 millones, muy por debajo de lo que se necesita para solucionar la crisis de desalojos.
“En California, así como en todo el país, existe una oportunidad de reasignación. El gobierno federal puede enviar más dinero a los estados que necesitan más y tomarlo de los estados que no lo necesitan”, dijo Dueñas. Los defensores están presionando para que inquilinos que no habían escuchado sobre el programa tengan una segunda oportunidad.
“Hay intereses corporativos y grupos de presión muy fuertes, a nivel estatal y federal, que luchan contra nosotros, porque hay corporaciones que hacen dinero con el status quo del sistema actual”, añadió Dueñas. “En California son la Asociación de Propietarios de Apartamentos de California y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California, esas organizaciones también hacen mucho cabildeo”.
Housing Now! elaboró un plan llamado “La hoja de ruta a casa” en el que delinea lo que llama las tres P’s de la justicia de vivienda: protección para inquilinos y propietarios de bajos ingresos; preservación para que las viviendas no sean demolidas, y producción de más viviendas asequibles.
