A seis meses de su presidencia, la promesa de Joe Biden de crear un sistema de inmigración más humano en contraste con las nefastas políticas de Donald Trump, tiene resultados mixtos: la crisis en la frontera aumenta con un récord en los cruces ilegales y la imposibilidad de proteger a todos los peticionantes de asilo, mientras al interior del país los 11 millones de indocumentados ya no son una prioridad para ICE.
Así lo observaron expertos en fronteras, cortes y políticas de inmigración quienes convocados por Ethnic Media Services, analizaron cómo en medio de la pandemia, Biden ha mantenido algunas de las duras políticas del pasado mientras busca empujar una reforma migratoria integral.
“Las políticas de la administración Biden han fracasado en gran medida en la frontera”, dijo Nicole Ramos, directora del proyecto de derechos fronterizos de ‘Al Otro Lado’, una ong con sede en Tijuana, México que trabaja con solicitantes de asilo. “Entendiendo que hay que hacer una gran limpieza de las fugas que dejaron las políticas de Trump… poner fin a los protocolos MPP ha demostrado ser mucho más complicado”.
From left to right: Muzaffar Chishti, Director of the MPI office, New York University School of Law; Nicole Elizabeth Ramos, Director of the Border Rights Project, Al Otro Lado; Ava Benach, Founding Partner, Benach Collopy
El programa MPP conocido como ‘Quédate en México’, obligaba a los solicitantes de asilo provenientes del triángulo norte, Cuba y otros países de Latinoamérica, a esperar fuera de EEUU alguna resolución sobre su caso. Si bien Biden lo terminó, procesar a las cerca de 70,000 personas afectadas por esa decisión, ha sido “innecesariamente lento” y solo quienes tenían casos activos entraron en el sistema.
“No se incluyeron las personas que no recibieron una orden de rescisión del juez de inmigración, quienes no pudieron llegar a la corte, o quienes fueron secuestrados y recibieron una orden de deportación en ausencia”, dijo Ramos. “Los abogados de ICE podrían haber optado por reabrir todos esos casos en vez de hacerlo de forma individual, lo que deja a las personas atrapadas en México por períodos de tiempo aún más largos”.
Ramos también destacó la situación de los menores no acompañados que siguen siendo rechazados en los puertos de entrada por agentes de la patrulla fronteriza con ”alarmante frecuencia”, bajo la excusa del Título 42 que en el marco de la pandemia, permite a las autoridades prohibir la entrada de personas que potencialmente representen un riesgo para la salud. Solo en julio, 200.000 personas fueron aprehendidas en la frontera. Estas acciones ya han sido llevadas a las cortes por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés).
“Si protegiera la salud pública, no sólo los migrantes estarían sujetos a la detección de COVID sino también los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes”, dijo Ramos. “Desde que el Título 42 es política, la cantidad de personas (expulsadas) con las que nos encontramos que han sido víctimas del crimen organizado, ya sea a través del secuestro y extorsión de sus familiares en los Estados Unidos o en su país de origen, o víctimas de trabajo forzoso o tráfico sexual, ha aumentado exponencialmente”.
Ramos compartió casos de migrantes que necesitan atención médica por heridas graves pero han sido expulsados bajo el título 42; también de mujeres a punto de parir que son regresadas a México, e incluso de madres de México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití
quienes después de haber dado a luz en territorio estadounidense son expulsadas con sus hijos. Los menores no acompañados van a parar a un campamento en el puerto de entrada de Tijuana, una plaza controlada por el crimen organizado.
“Creo que la Patrulla Fronteriza continúa resistiéndose a cualquier directiva que aumente la justicia o el acceso de los migrantes”, dijo Ramos. “Es una agencia cuya cultura ve a los inmigrantes como un peligro potencial para los Estados Unidos”.
Prioridades de ICE
A pesar de esta realidad fronteriza, las cosas en el interior del país muestran un mejor panorama. Según Muzaffar Chishti, director de la oficina del Instituto de Política Migratoria (MPI en inglés) de la facultad de derecho de la Universidad de Nueva York, la administración Biden ha llevado a cabo “una política de inmigración en esteroides”.
En los primeros 6 meses ha emitido 155 acciones ejecutivas de inmigración, en contraste con las 450 emitidas en los cuatro años de Trump, la mitad de ellas reversando el daño hecho por el expresidente. Biden anuló todas las prohibiciones de viaje que el presidente Trump había instaurado, hizo una pausa en la construcción del muro fronterizo, dio marcha atrás a la iniciativa de no contabilizar a los indocumentados en el censo, restableció la acción diferida para los liberianos y se ha mostrado a favor de expandir y preservar DACA (la acción diferida para los llegados en la infancia).
Según Chishti, Biden también restauró el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) para varias nacionalidades y aprobó uno para los venezolanos, lo que hace a 750.000 personas elegibles para regularizarse bajo esta figura. El demócrata aumentó a 62,000 el número de refugiados admisibles en el país, e incluyó de nuevo entre los peticionarios legítimos de asilo a las víctimas de violencia doméstica y de pandillas.
“Lo más importante es que en su primer día envió un paquete de reforma migratoria para legalizar a 11 millones de personas, acabar con el retraso de los casos de inmigracion familiar y basada en empleo”, dijo Chishti. “Pero Biden no puede hacerlo por sí mismo y el Congreso está dividido, y los republicanos no lo apoyarán siempre y cuando la frontera se vea o se perciba como fuera de control”.
Se necesita el apoyo de 10 republicanos para lograr aprobar la ley pero esa división no se extiende a la opinión pública: hoy cerca del 60% de los estadounidenses cree que la inmigración representa una cosa buena para el país.
En el interior, el hecho de que las prioridades para ICE sean solo los inmigrantes recién llegados ha permitido que según cálculos del propio MPI, el 87% de la población indocumentada no tenga que preocuparse por una posible deportación. “El número de personas detenidas ha disminuido enormemente al igual que la prolongada detención familiar… Al final de la administración de Trump, una familia normalmente permanecía detenida durante 60 días. Hoy permanece detenida durante un día”, agregó Chishti.
Retrasos
Para Ava Benach, abogada y socia fundadora de Benach Collopy, una firma con sede en Washington D.C. que representa clientes en procedimientos de deportación y en litigios ante los tribunales federales, “hay una tremenda sensación de alivio” entre los defensores y también entre las comunidades que vivían “nerviosas” ante rumores de redadas.
“Los defensores pueden decir a sus clientes que no tienen nada de qué preocuparse a menos que los arresten por cargos criminales… hay maneras de ayudar a una persona al aceptar unirse a un reclamo de reparación, reabriendo un caso, o para que tenga la oportunidad de solicitar algo para lo que parece estar calificado”.
Los jueces han recuperado el control sobre sus propios expedientes y ahora pueden cerrar casos administrativamente, algo que antes era micro gestionado por el Departamento de Justicia.
Pero aun así los retrasos para otorgar tarjetas verdes basadas en vínculos familiares o a través del empleo, siguen dejando varados en sus países a inmigrantes de países como India, China y Filipinas, esperando por décadas.
“Los atrasos son un escenario complicado porque muchas tarjetas verdes no se usan todos los años y se desperdician”, dijo Benach. “Ponen a las personas a merced de sus empleadores, reducen la movilidad y crean una enorme ansiedad”, concluyó.
