POPLAR, Ca. – A principios de la década de 1970, los funcionarios del condado declararon que esta ciudad no incororada o considerada parte del corazón agrícola de California “no tenía un futuro claro”. Esta designación, que implicaba recortes drásticos en los servicios básicos, se mantuvo hasta tiempos recientes como el año 2023.
Ahora, tras una serie de redadas de inmigrantes que comenzaron el 7 de enero en el vecino condado de Kern, los residentes dicen que el futuro parece realmente sombrío.
“La gente tiene miedo. No quieren salir. Todos tenemos miedo”, dice Gregorio, residente de Poplar desde hace siete años y propietario de un negocio local que atiende a la población de trabajadores agrícolas de la comunidad. (No utilizamos el apellido de Gregorio para proteger su identidad).
“Si eres indocumentado, no es seguro andar por la calle”, añadió. “Y esto es sólo el principio. Va a empeorar en los próximos cuatro años”.
A pocos días de la toma de posesión de Donald Trump como presidente, las redadas -denominadas “Devolver al remitente” por la Patrulla de Aduanas y Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés)- son vistas aquí como un ensayo general de su prometida campaña de deportación masiva de inmigrantes no autorizados.
El agente de la CBP Gregory Bovino, quien coordinó las redadas, declaró en una publicación en las redes sociales que los agentes de la CBP se reservaban el derecho a efectuar detenciones de cualquier persona sospechosa de encontrarse ilegalmente en el país sin respetar el debido proceso. Prometió “más por venir”.
El CBP informa de que se realizaron unas 78 detenciones en el transcurso de la operación de tres días e incluyó a personas con órdenes de detención pendientes por delitos que van desde la agresión sexual a menores hasta la posesión ilegal de drogas y armas de fuego, así como por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) y otros delitos menores.
CBP dice que las redadas se limitaron al condado de Kern. Pero varios residentes de Poplar dicen que fueron testigos de agentes de CBP patrullando espacios de reunión locales en y alrededor del pueblo. Varias personas que pidieron no ser identificadas describieron a los agentes aprehendiendo a un individuo en un terreno privado.
Las solicitudes de comentario de la CBP para confirmar las declaraciones no recibieron respuesta en el momento de la publicación. Un portavoz de la oficina del sheriff del condado de Tulare dijo que no tenían conocimiento de ninguna operación o detención en el condado.
David Kim, portavoz del CBP, declaró inicialmente a los medios de comunicación que la operación “Devolver al remitente” estaba dirigida a individuos en particular y que no se trataba de una redada generalizada. No obstante, reconoció que también se detuvo a personas que no habían sido identificadas previamente para su aprehensión debido a condenas penales anteriores.
“No sabemos qué es lo que está ocurriendo con las redadas”, señala Gregorio, quien añade que el remolino de desinformación en Internet está exacerbando el pánico que viven los residentes. “La gente está publicando todo tipo de mentiras en las redes sociales. Todo el mundo está confundido sobre lo que es verdad y lo que no”.
El miedo que ahora se apodera de la comunidad de Poplar y de toda la región también está pasando factura a la economía local. Silvia (no revelamos su apellido para proteger su identidad) dice que las ventas en su panadería han caído un 70% desde las redadas de la semana pasada, ya que los residentes y las familias temen salir de sus casas incluso para cubrir las necesidades más básicas.
“Es estresante”, señala. “Si no veo a alguien durante un día, digamos un cliente habitual, me preocupa lo que le haya podido pasar. Les habrán detenido, deportado…”.
Calle abajo, en Sabroso Poplar, un local de comida mexicana, la camarera Angélica Rana nos muestra el comedor vacío. “Normalmente, este sitio estaría lleno. Hoy no hay nadie”, dice, y añade que en los 18 años que lleva viviendo en Poplar nunca había visto algo así.
“Dependemos de la gente que trabaja en los campos. Así que sí, ha habido un gran impacto”, afirma.
Poplar, con algo menos de 2,000 habitantes, está situado en el extremo sureste del condado de Tulare, uno de los mayores productores del país de productos lácteos, cítricos y frutillas, entre otros cultivos, una industria multimillonaria construida en gran parte sobre las espaldas de la mano de obra inmigrante.
Dos tercios de los residentes de Poplar son latinos, aunque también hay una comunidad filipina establecida desde hace tiempo, así como una población yemení más pequeña e inmigrantes indígenas que provienen de regiones de México y Centroamérica.
Se calcula que 310,000 personas viven en comunidades no incorporadas como Poplar en todo el valle de San Joaquín.
En las décadas de 1950 y 1960, la ciudad fue escenario de algunas de las primeras manifestaciones de lo que se convertiría en el movimiento de trabajadores agrícolas, liderado por grupos sindicales como la Unión de Campesinos (UFW), entre otros. Esa historia se celebra en un nuevo mural en el parque local, que representa los muchos rostros -pasados y presentes- de quienes han luchado por mejorar las condiciones locales.
“Esta comunidad fue un epicentro del movimiento de trabajadores agrícolas y una de las zonas más violentas”, explica Mari Pérez Ruíz, cofundadora de la organización sin ánimo de lucro Central Valley Empowerment Alliance (CVEA), que defiende los intereses de los residentes de Poplar y las comunidades vecinas.
CVEA tiene su sede en lo que fue la estación de bomberos de Poplar, la cual fue cerrada hace años como parte de los recortes a los servicios locales después de que los funcionarios del condado lo identificaran como una de las 13 comunidades sin perspectivas de crecimiento. Las 13 eran comunidades mayoritariamente de color. Los recortes afectaron a servicios básicos como el agua y el alcantarillado. CVEA luchó con éxito para restaurar los servicios para Poplar durante la sequía récord de California que terminó en 2016.
“No lo hicieron fácil”, señaló Pérez Ruíz, refiriéndose a los funcionarios del condado y a los intereses desproporcionados de los agronegocios locales.
Hoy, ella y su equipo están ocupados ayudando a familias demasiado temerosas para ir a trabajar o enviar a los niños a la escuela. El CVEA ha elaborado pequeños folletos de bolsillo “Conoce tus derechos” en los que se detallan los pasos a seguir en caso de que alguien sea detenido por funcionarios de inmigración, así como los números de contacto para obtener asistencia jurídica.
Una tarde reciente, voluntarios de la CVEA repartieron comida y ropa a una pequeña comunidad de trabajadores agrícolas indígenas en las afueras de Poplar. Muchos hablaron de los salarios perdidos durante la semana anterior. “¿Por qué nos atacan?”, se quejaba un hombre. “Estamos haciendo un trabajo honrado, intentando alimentar a nuestras familias”.
Gregorio dice que la mitad de lo que la gente gana aquí normalmente se destina a cubrir costo cada vez más alto de los alquileres y la otra mitad a comida, cuidado de niños y otros gastos. “Es imposible”, afirma.
En cuanto al ambiente entre vecinos y clientes, “es la misma conversación con todos los que te encuentras”, nos comenta. “¿Cómo estás?”, a lo que responden, “Asustado”.
Manuel Ortiz, Ed Kissam y Nicolás Díaz Magaloni colaboraron para la elaboración de este artículo.
