El número es cinco veces mayor que antes de la crisis del coronavirus. Y en las recientes convenciones demócrata y republicana nadie habló del hambre que azota a 54 millones de personas en el país, una cifra que se acerca a los niveles de la Gran Depresión.
Por: Jenny Manrique
Cuando Jovanna López se dio cuenta que la comida que recibían inmigrantes, negros e indígenas que hacian largas colas en los bancos de alimentos en San Antonio, Texas, estaba vencida o podrida, se puso como tarea trabajar para que estas comunidades pudieran acceder a frutas y vegetales frescos. Más aún cuando los mercados orgánicos estaban copados por productores que solo le apuntaban a un público burgués, con precios astronómicos, que además rechazaban las estampillas de comida como pago.
Así fue como en 2015, esta promotora alimentaria cofundó People ‘s Nite Market, un mercado nocturno en el que el acceso a alimentos nutritivos reemplazó los aguacates y las ensaladas malogradas que se repartían en las donaciones de comida. “La situación antes de COVID-19 ya era difícil”, dijo López durante una conferencia de prensa organizada por Ethnic Media Services. “Pero cuando empezó la pandemia toda esta pobreza y hambre se elevó y la gente con discapacidades, o sin acceso a transporte para ir a ningún lugar, o incluso con problemas inmunológicos, tuvo que dejar de comer”.
Una vecina de 85 años se estuvo alimentando a punta de pan por semanas porque nadie la podía visitar por el distanciamiento social, hasta que la organización de López le llevó una caja de arroz y frijoles. Desde comienzos de junio gracias a una peleada subvención de US$600 mil de la Agencia federal de Alimentos y Medicamentos (FDA), People’s Nite Market ha podido alimentar a 150,000 familias en el área, incluyendo a indocumentados, con la repartición semanal de 5000 cajas de productos como frutas, vegetales, huevos y arroz.
De acuerdo a López, la autoridad de vivienda de San Antonio decidió cancelar el envío de comida apenas empezó el COVID y la gente estaba tratando de ayudarse entre sí, especialmente a aquellos que tenían problemas inmunológicos o eran menores de 60, ya que las ayudas para población joven son escasas.. “Hablé con muchos activistas e hicimos que los residentes iniciaran su propia telaraña comunitaria para acceder a todo recurso que pudieran necesitar”.
Como agricultora urbana, López trabaja con García Street Urban Farm, una granja de cuatro hectáreas en la zona oeste de San Antonio que permite a la gente cultivar su propia comida. Pero este modelo, aunque exitoso, requiere una inversión inicial de US$20,000 que muchos no tienen. “Estamos luchando para que el departamento de desarrollo cambie sus políticas de uso de espacios públicos y el gobierno apoye a organizaciones comunitarias para que más familias puedan ser agricultoras”, anotó López.
54 millones con hambre
La situación de San Antonio es el microcosmos de un panorama que es muy pálido a nivel país. Según las encuestas semanales de la Oficina del Censo (analizadas por el Center on Budget and Policy Priorities Hamilton), en las dos primeras semanas de agosto, alrededor de 14 millones de niños no estaban recibiendo los alimentos que necesitan. Esta cifra equivale a los menores que viven en una sexta parte de los hogares estadounidenses y es cinco veces más alta que antes de la pandemia.
Y según el modelo económico de Feeding America, una organización sin fines de lucro que tiene una red nacional de más de 200 bancos de alimentos, 54 millones de personas, incluidos 18 millones de niños y niñas, van a experimentar inseguridad alimentaria en 2020. La cifra durante la Gran Depresión de 1929 fue de 60 millones.
“Desde mediados de marzo hemos visto que sube la escasez de alimentos en todo el país”, dijo Ami L. McReynolds, directora de equidad y programas de Feeding America, organización que ya asistía a 37 millones de personas antes del COVID, en 60,000 puntos de distribución en todo Estados Unidos.
“El costo de vida continúa incrementándose y la gente se queda sin alimentos porque sus ingresos cubren lo básico que es vivienda, comida y transporte. Pero los gastos alimenticios son flexibles; es lo primero que recortan cuando hay problemas con recursos en el hogar”, añadió McReynolds.
Las comunidades indígenas, negras e inmigrantes sufren 2.5 veces más hambre que la gente blanca, y son más afectadas por el desempleo que ya roza el 11%. Estos hogares pueden cubrir un máximo de US$400 en emergencias, tienen menos acceso a transporte para movilizarse a los puntos de distribución de comida, y por cuenta de prácticas discriminatorias no son propietarios así que viven en vecindarios con menos infraestructura y acceso. Eso sin mencionar que han sido las más afectadas por la COVID-19.
“Hay un 60% de incremento en nuestros servicios durante la pandemia. Muchos individuos que hoy vienen a nuestros centros de comida, antes han sido voluntarios o donantes de los bancos. Ellos son algunos de nuestros clientes más recientes”, sostuvo McReynolds.
Su organización ha mutado a nuevos modelos de distribución como entregas de abarrotes y enlatados a domicilio, para disminuir el contacto con la gente, especialmente con adultos mayores de los que se estima que hay 5.5 millones pasando hambre. También hay aplicaciones tecnológicas a través de las cuales la gente puede ordenar comida en línea en supermercados cercanos, para reducir las colas en los sitios satélites de distribución. Y muchos bancos que trabajan específicamente con comunidades latinas, han creado alianzas con organizaciones de base para entender las preferencias culturales en cuanto a comida y reducir las barreras de confianza en cuanto a acceso.
“Sabemos que el miedo impide el acceso a la comida, es una preocupación. Queremos que las comunidades se sientan cómodas y seguras al venir a estos centros”.
McReynolds dice que aunque cuentan con el apoyo de una red de cerca de dos millones de voluntarios e incluso la Guardia Nacional que ayuda a mantener los protocolos de salud dictados por los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC en inglés), siguen buscando aliados.
Ayudas federales
Feeding America por ejemplo, provee sólo una novena parte de lo que hacen programas federales como SNAP (Programa de asistencia nutricional suplementaria, más conocido como estampillas de comida) y WIC (Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños). Pero en los nuevos paquetes de alivio para atender la pandemia del coronavirus, los recursos para estos programas corren el riesgo de ser recortados o aprobados con fondos insuficientes.
“Tanto republicanos como demócratas quieren pasar cierta asistencia, pero el problema es que quieren que sea una tercera parte de lo que se aprobó en la Camara de Representantes”, dijo el reverendo David Beckmann, presidente del instituto Bread for the World. “Hacer recortes a programas como SNAP en las escuelas, incluso mientras están cerradas, va a ser devastador para mucha gente”.
Beckmann recordó que además esta asistencia federal no está disponible para personas indocumentadas. Incluso para inmigrantes residentes, el cambio de la administración actual a la ley de carga pública, los hace reticentes a pedir ayuda por miedo a afectar su futuro proceso de regularización migratoria. Por eso urgen otras medidas como una reforma migratoria y laboral porque para terminar con el hambre “no basta con solo darle a la gente comida, sino hacer que la gente pueda ganarse esa comida”.
El experto dijo no obstante que la ausencia del tema en las convenciones demócrata y republicana refleja el impacto de los consultores que le han pedido a los políticos no usar la palabra pobreza en el país más rico del mundo. “El programa de (Joe) Biden nos daría una mejor opción de crear una economía más saludable y reducir la pobreza”, dijo Beckmann sobre la plataforma del candidato demócrata. “Podemos terminar con el hambre en ocho años si quisiéramos”, concluyó.
