Clockwise from top left: Dr. Ravi Chandra, Distinguished Fellow, American Psychiatric Association; HaNhi L. Tran, Deputy District Attorney, Santa Clara County District Attorney’s Office; Fawn Jade Korr, Senior Staff Attorney, Bay Area Legal Aid; Johanna Thai Van Dat, Staff Attorney, Self Help Center, Santa Clara County’s Family Law Facilitator’s Office
Aunque la violencia íntima de pareja es experimentada por todas las razas, hay un efecto desproporcionado en las comunidades étnicas y otros grupos marginados.
Por: Jenny Manrique
Otra pandemia puertas adentro del drama de la COVID-19 ha escalado a la par del virus: la violencia doméstica. La frustración sobre la pérdida de trabajo, la inseguridad económica, la falta de cuidado infantil seguro y el encierro, sumados a otros patrones como la agresividad masculina, han contribuido al aumento de llamadas a las líneas de emergencia en un momento en que los albergues no pueden ofrecer refugio a todas las víctimas, por la importancia del distanciamiento social.
El fenómeno social que impacta a 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 10 hombres que viven con su pareja, fue analizado por un panel de expertos organizado por Ethnic Media Services. La obligación de las personas a confinarse en sus hogares, dejó a muchas víctimas atrapadas con sus abusadores.
“El aislamiento ha aumentado la oportunidad para el control, la coerción psicológica y la agresión” dijo el Dr. Ravi Chandra, psiquiatra y miembro distinguido de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. “La pandemia oculta de la violencia íntima de pareja se ha exacerbado”.
Chandra dijo que el país actualmente vive en una “cultura de poder masculino abusivo” en la que las acciones de un líder (Donald Trump) “misógino y racista”, han subordinado “otros valores como la compasión y la humanidad”.
En 2019, la administración Trump redujo severamente la definición de violencia doméstica al excluir el abuso psicológico y verbal, y dejó sin efecto la ley de violencia contra las mujeres, redactada en 1994 por el entonces senador, hoy presidente electo, Joe Biden. En cambio, el derecho a portar armas de aquellos condenados por violencia contra su pareja, se mantienen, incrementando así el riesgo de homicidio en estos hogares.
Con este gobierno “todos tenemos una idea de lo que es vivir y estar encarcelados en un hogar abusivo y lo difícil que es salir”, agregó Chandra.
“Es importante crear un espacio en que los hombres puedan lidiar con sus propias emociones e historias de trauma y abuso infantil. Hay que deconstruir el derecho masculino al poder que también va muy atado al racismo”.
Violencia de pareja aumenta en grupos marginados
Aunque esta violencia de pareja, que puede ser física, emocional, sexual o psicológica, es experimentada por todas las razas, hay un efecto desproporcionado en las comunidades étnicas y otros grupos marginados. Son ellos los trabajadores esenciales y los más afectados por la enfermedad y por el desempleo.
De acuerdo a Fawn Jade Korr, abogada senior en la oficina de asistencia legal del área de la bahía, las barreras para acceder a ayuda legal en estos casos “son insuperables”. Desde no hablar inglés, hasta no tener un abogado que las represente, las víctimas además enfrentan la falta de acceso a cortes que han permanecido cerradas durante la cuarentena.
Jade Korr dijo que en su equipo solo hay dos abogados para representar a estas víctimas y que las demoras en los casos son mayores desde marzo. También mencionó la falta de entrenamiento “cultural sensitivo”, que debería ser “obligatorio” para los oficiales de policía que asisten a la escena, y con frecuencia se ponen del lado del agresor.
Una mujer negra o de raza étnica siempre es cuestionada por el oficial por lo que el miedo a denunciar la violencia de género aumenta. La histórica interacción de las minorías con la opresión y brutalidad policial, también se refleja en estos casos.
“La mayoría de los casos que llevo no son procesados. Los clientes llenan un reporte policial pero no encuentran respuesta y algunos condados no cuentan con un centro de justicia familiar que apoye estos procesos”, señaló la abogada.
De acuerdo a un reciente artículo del The New England Journal of medicine, los reportes sobre las llamadas a las líneas de emergencia “son mixtos” ya que en algunas regiones en Estados Unidos hubo una reducción de más del 50%. La razón es que con frecuencia las víctimas no pueden conectarse de manera segura con los servicios desde su confinamiento.
Los refugios vienen combatiendo el hacinamiento, ayudando a víctimas a mudarse a hoteles, apartamentos para estadías prolongadas o las casas de familiares y amigos. Pero aunque se han levantado algunas restricciones de la pandemia, “muchos refugios permanecen cerrados o funcionan a capacidad reducida”, dice el artículo.
Órdenes de restricción
Los tribunales de primera instancia tienen la facultad discrecional de determinar las órdenes de restricción, que pueden ser de tipo civil o criminal. Las civiles son sólo un papel, explicó Jade Korr. Las criminales ordenan que el agresor se aleje de la víctima, “algo que ha sido muy difícil de enforzar durante la pandemia porque la gente simplemente no tiene a donde ir”.
Las cortes por su parte vienen realizando audiencias remotas, a través de videollamadas por Zoom o Microsoft teams, explicó HaNhi L. Tran, fiscal adjunta en la fiscalía de distrito del condado de Santa Clara. Allí ofrecen servicios de traducción y acceso a líneas públicas telefónicas para denunciar.
Tran reconoció que han recibido un aumento de denuncias telefónicas y que aunque un caso se puede abrir con el simple relato de los hechos, siempre recomiendan a las víctimas recolectar evidencia como fotos que documenten heridas, mensajes de texto o emails que muestren el comportamiento agresivo de la pareja, y detalles que hablen de cualquier abuso anterior. “Deben estar preparadas para contarle al oficial todos los hechos del pasado”, dijo. “Pero la evidencia es vital porque al fin y al cabo en estos casos, es la palabra de uno contra el otro”.
En el condado de Santa Clara existen tres centros de justicia familiar que no sólo asesoran a víctimas de violencia doméstica y a sus hijos, y las acompañan al tribunal, sino que también asisten con la solicitud de visa U, órdenes de restricción, manutención del cónyuge, custodia de los hijos y visitas.
“Las víctimas vienen buscando protección pero nosotros ayudamos a ambas partes, también a aquellos acusados”, contó Johanna Thai Van Dat, abogada de planta del centro facilitador de derecho familiar del condado de Santa Clara.
“Necesitamos determinar que su relación sea de primer o segundo grado, porque si la agresión es de un miembro fuera de la familia, entonces será un caso de acoso civil… la idea es que todos tengan asistencia legal”.
Van Dat enfatizó que hay que romper el “ciclo de violencia generacional” provocado por estas situaciones porque “los niños que crecen presenciando abusos a menudo se convierten en perpetradores y abusadores, o víctimas ellos mismos”, concluyó.
