Una familia que celebra un cumpleaños en un restaurante recibe epítetos soeces de un ejecutivo de una empresa tecnológica: “Que se jodan los asiáticos. Trump los va a joder a todos… pedazo de m… asiática”. Un médico asiático americano es reprendido por un paciente negro por supuestamente ser portador de coronavirus. Un niño de secundaria es golpeado en la cabeza veinte veces en el patio de su escuela por un matón que lo acusa de tener COVID-19 y le dice que regrese a China.
Los incidentes de odio contra la comunidad asiático americana han aumentado exponencialmente en el último año en una muestra del emergente racismo relacionado con la llegada al país de la COVID-19. En las últimas semanas, videos que circulan en las redes sociales en los que ancianos vulnerables son empujados en las aceras de las calles o atacados físicamente, han despertado no solo la preocupación de quienes vienen rastreando esta violencia y discriminación, sino la solidaridad de otras minorías étnicas.
“Hemos recibido más de 2800 informes de incidentes de odio en el transcurso de 41 semanas”, dijo Manjusha Kulkarni, directora ejecutiva del Consejo de Planificación y Políticas de Asia Pacífico (A3PCON en inglés), una de las organizaciones que junto a la Universidad estatal de San Francisco y Chinos por la Acción Afirmativa (CAA en inglés), puso en marcha el centro de informes Stop AAPI Hate en marzo de 2020. Kulkarni y otros activistas hablaron durante una conferencia de prensa organizada por Ethnic Media Services.
“Tenemos datos de 47 estados y el Distrito de Columbia, y sabemos que muchos de los incidentes tienen lugar en áreas donde hay poblaciones importantes de asiático-americanos como California y Nueva York… pero también hemos recibido reportes de áreas rurales y urbanas de estados lejanos como Alaska y Hawai, tanto como del corazón de Estados Unidos”.
Los datos de Stop AAPI Hate muestran que las mujeres son víctimas de estos incidentes a una tasa dos veces y media más alta que los hombres, mientras el 7% de los casos reportados involucran a adultos mayores. La mayoría de los reportes incluyen acoso verbal e insultos, seguidos por rechazo y discriminación, mientras los asaltos físicos constituyen al menos el 10% de los casos.
Alrededor del 10% de los incidentes constituyen una violación a los derechos civiles como discriminación en el lugar de trabajo, rechazo a la prestación de un servicio como el transporte, o la prohibición de entrada a un establecimiento. Aproximadamente el 40% de los hechos han sucedido en negocios privados como supermercados o farmacias, mientras el 30% se ha registrado en sitios públicos, como calles, aceras y parques. El 40% de las víctimas se identifican como estadounidenses de origen chino, seguidos por coreanos, filipinos, vietnamitas y japoneses.
“La mayoría de estos casos no necesariamente podrían ser procesados porque implican (solo) empujar, arrojar botellas o latas. Entonces, aunque sabemos que son serios, no hay lesiones importantes y es posible que un fiscal de distrito no prosiga estos casos”, dijo Kulkarni.
Y es precisamente este uno de los principales retos a la hora de buscar justicia y castigar a los responsables de estos crímenes. En algunas jurisdicciones locales, los organismos encargados de hacer cumplir la ley se muestran reacios a utilizar las disposiciones de los estatutos y ordenanzas sobre delitos de odio, que suponen penas mayores si el perpetrador ataca a una víctima en razón a su pertenencia a determinado género, grupo social o raza.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI en inglés) depende de estos reportes para construir unas estadísticas confiables por lo que los expertos insisten en que estos son crímenes sub reportados.
“Creo que siempre ha existido una línea divisoria entre la libertad de expresión y la incitación al odio”, sostuvo Marc Morial, presidente y director ejecutivo de la Liga Urbana Nacional. “No debemos dudar nunca en condenar el discurso de odio y dejar muy claro que el discurso de odio que conduce a actos violentos contra personas inocentes es ilegal. Es inapropiado y debería ser castigado por la ley y por nuestro sistema judicial”, añadió.
Para John C. Yang, presidente y director ejecutivo de Asian Americans Advancing Justice (AAJC), también es importante reconocer que incluso actos considerados legales, amparados en la libertad de expresión, son inapropiados y dejan secuelas en las víctimas.
“Hay que pensar en cuál es la respuesta adecuada para proteger a la víctima”, dijo Yang, quien celebró como un primer paso el memorando ejecutivo que la administración de Joe Biden emitió el 26 de enero, “condenando y combatiendo el racismo, la xenofobia y la intolerancia contra los estadounidenses de origen asiático y los isleños del Pacífico” en el país. Allí hay una directiva explícita para que el Departamento de Justicia trabaje directamente con las comunidades y las organizaciones de base.
“El gobierno necesita hacer inversiones en las comunidades, ya sea para promover centros de respuesta a las víctimas, para proporcionarles asistencia financiera, o para fomentar conversaciones transculturales entre comunidades”, dijo Yang.
Adicional a los desafíos de salud mental generalizados por la pandemia, la comunidad asiático americana viene experimentando tasas alarmantes de depresión y ansiedad por esta xenofobia, y los ataques no han hecho sino alimentar el clima de miedo.
“El impacto ha sido traumatizante”, aseguró Cynthia Choi, co-directora ejecutiva de CAA y co-creadora del centro Stop AAPI Hate. “Necesitamos rendición de cuentas, pero debemos verla de una manera que no contribuya a más violencia y más encarcelamiento”.
Su organización trabaja en mecanismos de mediación comunitaria a nivel local y en la capacitación de personas sobre estrategias para responder ante actos de odio de manera segura. Quieren llevar esta capacitación a las escuelas públicas y promover conversaciones que aborden “los prejuicios y la jerarquía racial dentro de nuestra propia comunidad, incluidas las diferencias de clase”, para poder tener “diálogos auténticos entre las comunidades”.
El virus del racismo
Los panelistas coincidieron en responsabilizar a la administración de Donald Trump como la mayor incitadora de los ataques. En varios de sus mítines Trump se refirió a la COVID-19 con epitetos como “el virus Wuhan”, “la plaga China”, y “el Kung flu”, ofendiendo a una comunidad que históricamente ha tenido que lidiar con retóricas racistas como el llamado “peligro amarillo” de finales del siglo XVIII que llevó a la Ley de Exclusión China de 1882, o el encarcelamiento de 120,000 japoneses-estadounidenses en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.
“Este virus del racismo es un virus que es muy contagioso y afecta a todas nuestras comunidades: afroamericana, latina y nativo americana”, dijo Yang. “Existe esta tendencia de ciertos grupos a querer aislarnos, a enfrentarnos entre nosotros, pero aquí el racismo es el enemigo común… Para derrotar a este virus, también necesitamos desinfectarlo juntos”.
De acuerdo a José Roberto Hernández de la Alianza de trabajadores inmigrantes de Koreatown en Los Ángeles lo que actualmente experimenta el país es el virus de “Estados Unidos primero”, que ha fomentado “los ataques frenéticos contra las minorías y las personas que no parecen blancas”.
Alrededor del 60% de la población actual de Estados Unidos es blanca pero para el año 2030 se estima que compondrá un poco menos del 50% de los habitantes del país, con lo cual las llamadas minorías, ya no lo serán.
Su organización defiende los derechos de los trabajadores de unos 600 restaurantes y unas 2000 empresas de comercio minorista en Koreatown: una comunidad de 120,000 habitantes, de los cuales el 53% son latinos, el 32% son asiáticos, el 7% son blancos y el 5% son negros.
Su experiencia le ha enseñado la importancia de “buscar alianzas” ya que las comunidades “viven integradas”, y experimentan la misma “desigualdad de ingresos, problemas de acceso a la vivienda, transporte y atención médica”.
“Debemos aprender a mirarnos a nosotros mismos no solo como una nación blanca con minorías, sino como una nación multicultural y multiétnica, que puede vivir con justicia social”, dijo Hernández. “Tenemos que empezar a trabajar en un plan a largo plazo para crear poder y una revolución cultural”, concluyó.
