From left to right: Michael Nobleza, Executive Fellow, FUSE Corps, LA County Office of Immigrant Affairs; Monica Nguyen, Program Director, GAIN, LA County Department of Public Social Services; Rose Basmadzhyan, Chief, Wage Enforcement Program & Investigation Division, LA County Department of Consumer & Business Affairs; Yvonne Medrano, Program Attorney, Employee Rights Program, Bet Tzedek Legal Services
El condado de L.A. provee una gama de servicios a pesar del caos de COVID
Por Mark Hedin, Ethnic Media Services
En una época de tantos cierres necesarios debido a COVID, si estás trabajando, ese trabajo es esencial. En el condado de Los Angeles, nadie debe permitir que un empleador robe tu salario o te obligue a trabajar en condiciones inseguras. Pero los trabajadores inmigrantes, documentados o no, son particularmente vulnerables a tales explotaciones.
Tres funcionarios del condado y una abogada describieron una serie de programas para proteger a los trabajadores en una teleconferencia que se llevó a cabo el 14 de diciembre para los medios de comunicación étnicos.
Un tercio de los habitantes de Los Angeles son inmigrantes, señaló Michael Nobleza, asesor ejecutivo de FUSE para la Oficina de Asuntos del Inmigrante, OIA, por sus siglas en inglés (https://tinyurl.com/OIAservices), pero los inmigrantes constituyen entre el 40% y el 60% de la fuerza laboral esencial –conserjes, repartidores, trabajadores de almacenes, restaurantes y quienes trabajan en servicios de salud– “en las primeras líneas de la pandemia, poniéndose a sí mismos en riesgo para que podamos mantenernos a salvo en casa”.
Estos trabajadores también son los que más probabilidades tienen de enfrentarse a las dificultades que representa el tratar de mantenerse sanos, debido a las condiciones de trabajo en las que resulta difícil mantener un distanciamiento físico seguro y a utilizar equipos de protección personal, y a veces viven cerca de trabajadores, autopistas y plantas industriales con problemas similares.
Para muchos, dijo, “la salud física y el bienestar están en segundo lugar después de la salud económica”.
Los trabajadores indocumentados no son elegibles para la mayoría de los programas de ayuda estatales y federales, y la ley federal CARES descalifica a hogares enteros y no pueden recibir asistencia aunque sólo una persona en el hogar sea indocumentada, eliminando a 1,125 millones de habitantes de Los Angeles o incluso personas que tienen residencia legal, dijo Nobleza.
La Oficina de Asuntos del Inmigrante (OIA) ha llevado a cabo seminarios virtuales sobre el voto, los derechos de los trabajadores, la seguridad en el lugar de trabajo, la defensa contra el desalojo y las estrategias de prevención de ejecuciones hipotecarias (archivados en https://oia.lacounty.gov/know-your-worker-rights-webinar-resources/, incluyendo presentaciones en español, y también en la página de Facebook de la OIA: https://www.facebook.com/LAC4Immigrants/) y organizó un evento con Univision L.A. este año, para abordar el tema de “cómo mantener vivo el sueño americano” para los beneficiarios de DACA.
A principios de febrero de 2021, como parte de su nueva Iniciativa de Trabajadores Esenciales Inmigrantes de L.A., la OIA organizará una cita cumbre de dos días “centrada en los jornaleros, los trabajadores domésticos y los receptores de DACA que ingresan a la fuerza laboral” para proponer reformas legislativas y conectar a los trabajadores esenciales con servicios “integrales”.
Rose Basmadzhyan, jefa del Programa de Aplicación de Salarios y la División de Investigación del Departamento de Asuntos del Consumidor y de Negocios, investiga asuntos relacionados al salario mínimo y salarios no pagados, pago por horas extras, diferencias sobre la división de turnos, descansos adecuados para el almuerzo y más.
“Muchas veces los trabajadores tienen miedo de presentar una queja”, dijo. “Pueden enviar información de manera anónima o a través de un tercero. Entendemos la vulnerabilidad, el miedo a las represalias o a las acciones en su contra. Tenemos herramientas que nos permiten remediar esta situación, desde multas cuantiosas hasta la reincorporación al trabajo”.
Pueden contactar a nuestra oficina llamando al (800) 593-8222 y por internet en: https://dcba.lacounty.gov/.
Hasta el momento, dijo, 1,500 empleados han recibido los salarios que se les debían, y el condado ha recaudado $1.3 millones de dólares en multas y atrasos.
“Cuando recibimos una queja”, dijo, “investigamos a toda la empresa, porque cuando existe un problema con un empleado, el problema existirá con otros”.
En todo el estado, el salario mínimo subirá $1 por hora el 1 de enero, a $13 para las empresas con 25 o menos trabajadores y $14 para las más grandes. Pero en el condado de L.A., ya es de $14.25 dólares para las empresas más pequeñas y $15 dólares para las más grandes.
Monica Nguyen, directora de GAIN (Greater Avenues for Independence), describió su programa, administrado bajo los auspicios de la mayor agencia pública de servicios sociales del país, el Departamento de Servicios Sociales Públicos del condado, que ayuda a más de 3.5 millones de personas, en 19 idiomas.
GAIN administra programas financiados por el estado federal y el condado para las personas que reciben asistencia en efectivo por medio de CalWorks.
“Nuestro objetivo es ayudar a las personas a superar cualquier barrera que tengan para encontrar y mantener un empleo”, dijo, por medio de la asistencia para la búsqueda de empleo, la formación profesional, la gestión de casos, la educación de adultos, o para hacer frente a la violencia doméstica o problemas de salud mental. “Sea lo que sea”, dijo Nguyen.
“Todos los días podemos ver a nuestro alrededor a los afectados por COVID-19”, dijo, citando “una grave inseguridad alimentaria” y una “tasa de desempleo mucho mayor que la habitual en el condado de L.A.”. En diciembre pasado, dijo, la tasa de desempleo era del 4.3%. Este año, en septiembre, alcanzó el 15.5% y fue del 12.3% en octubre.
“Hay mucho apoyo que podemos darle”, dijo Nguyen. “Cuidado de niños, ayuda con el transporte, gastos relacionados con el trabajo, como herramientas y libros.”
Cualquier persona puede solicitar los servicios de GAIN llamando al (866) 292-4246 o contactar al DPSS al (866) 613-3777 y por internet en: dpss.lacounty.gov. También sugirió solicitar CalFresh (https://www.getcalfresh.org), “una excelente oportunidad para obtener ayuda”.
Yvonne García Medrano, abogada del programa de los servicios legales sobre los derechos de los empleados de Bet Tzedek, concluyó la conferencia animando a cualquiera que esté pasando por cualquier problema en cuanto a cosas como la seguridad en el lugar de trabajo, el robo de salario, la discriminación, el desempleo, o las represalias, a que se acerque a su organización sin fines de lucro para obtener ayuda legal pro bono (sin costo).
Bet Tzedek (https://www.bettzedek.org/) está al centro de una red de docenas de firmas legales, listas para defender a cualquier persona “personas mayores, las personas que no tienen donde vivir, los inmigrantes y los trabajadores en el Condado de Los Angeles sin importar su raza, su edad, el género o el estado migratorio”, dijo, “somos una de las pocas organizaciones sobre temas legales y sin fines de lucro que le ofrece ayuda legal a los trabajadores indocumentados”.
Bet Tzedek tiene un taller de información semanal y cualquier trabajador o trabajadora puede llamar en cualquier momento al (323) 939-0506, extensión 415. Si deja un mensaje, se le responderá para una entrevista de admisión, seguida de una llamada telefónica los miércoles de 4 a 7 p.m., por parte de un abogado que ofrece ayuda legal real, no simplemente un taller de información.
“Nuestro temor es que estemos llegando a una situación en la que nadie hace cumplir estas leyes, y los empleadores lo saben”.
Traducido por Oscar Arteta
Mark Hedin is a reporter for Ethnic Media Services. He has previously written for the Oakland Tribune, the Central City Extra, the San Francisco Chronicle, El Mensajero, the San Francisco Examiner and other papers.
