From left to right: Thomas A. Saenz, President and General Counsel, Mexican American Legal Defense and Educational Fund; Leah C. Aden, Deputy Director of Litigation, NAACP Legal Defense & Educational Fund; Terry Ao Minnis, Senior Director of the Census and Voting Programs, Asian Americans Advancing Justice | AAJC; Justin Levitt, Professor of Law, Loyola Law School
El trazado de distritos electorales tiene una enorme influencia en el futuro de votantes minoritarios. Del conteo del censo depende su adecuada representación en la política.
Por: Jenny Manrique
El rediseño de mapas del Congreso, que solo sucede una vez cada 10 años, se ve amenazado por los retrasos en la entrega de datos del censo adelantado en 2020 en medio de la pandemia.
Originalmente la oficina del censo de Estados Unidos, proporcionaría los datos de la encuesta decenal para la redistribución de distritos a los estados antes del 31 de marzo, pero debido a los reveses del coronavirus, es posible que no estén disponible en un formato fácil de usar hasta el 30 de septiembre.
“El riesgo es que las comunidades étnicas no queden adecuadamente representadas en el Congreso y en las legislaturas estatales, y eso luego lleve a que se persigan diferentes agendas dentro de esos órganos de formulación de políticas”, advirtió Thomas A. Saenz, presidente y asesor general del fondo educativo y de defensa legal México-Americano (MALDEF en inglés), en una conferencia organizada por Ethnic Media Services.
“A medida que nos volvemos más partidistas y polarizados, vamos a tener elecciones muy cerradas en la Cámara y el Senado… si no logramos crear distritos de minorías mayoritarias donde lo justifique la Ley de Derechos Electorales, no habrá una representación adecuada”, insistió.
En estos distritos de mayorías minoritarias, las minorías raciales o étnicas constituyen una parte lo suficientemente grande del electorado como para asegurar que la comunidad pueda elegir al candidato de su elección sin importar la raza.
En este contexto, el censo tiene dos propósitos explícitos: uno es contar a cada habitante del país para reasignar los 435 escaños de la Cámara de Representantes entre los estados, de acuerdo a la población que albergan. El otro es la redistribución de distritos no solo para el Congreso, sino también para las legislaturas estatales, organismos locales como ayuntamientos, juntas de condado, juntas de educación, juntas de colegios comunitarios, etc.
“Después de 1960, la Corte Suprema estableció que cada estado y cada localidad debe volver a dibujar sus líneas después del censo para hacer los distritos relativamente iguales en población”, explicó Saenz.
De los datos extraídos del censo se determina la repartición de $1,5 billones anuales en fondos federales a los estados, para servicios como hospitales, escuelas y similares. Y del trazado de mapas se determina quién vive en el distrito, quién se postula para un cargo público, y cómo esos funcionarios pueden responder a las necesidades comunitarias en temas como seguridad, o políticas de vivienda y de inmigración.
Cabe recordar que el conteo se llevó a cabo en medio de los intentos de la administración de Donald Trump de incluir una pregunta sobre la ciudadanía, y de crear una base de datos de ciudadanos para excluir así a las personas indocumentadas. Aunque el esfuerzo no fue fructífero a nivel federal, hizo eco en las jurisdicciones donde la derecha ha buscado por años dibujar distritos que incluyan sólo a la población de votantes, en lugar de la población total.
“Eso tendría un efecto devastador en las comunidades étnicas por dos razones”, explicó Saenz. “Primero porque particularmente las comunidades latinas y asiático-americanas, tienen proporciones más altas de no ciudadanos… (Segundo), quizás su mayor daño vendría de la exclusión de todas las personas menores de 18 años en el conteo de las poblaciones del distrito ya que las comunidades étnicas tienen proporciones más altas de menores de 18 años que las poblaciones blancas”.
Nuevos escaños
Las proyecciones dicen que Texas y Florida pueden ganar más de un escaño cuando se entregue el conteo oficial del censo y que California podría perder un escaño en la Cámara por primera vez en la historia de ese estado.
Tradicionalmente lugares como Texas, Georgia o Louisiana han sido campos de batalla y organizaciones como MALDEF han desafiado en las cortes las líneas adoptadas por legislaturas y gobernadores republicanos, que han buscado suprimir los derechos de los votantes minoritarios.
La década pasada, Texas ganó cuatro escaños en la Cámara de Representantes gracias al crecimiento de la población que provino en un 80% de las comunidades negras y latinas. Pero ninguno de ellos fue asignado a las comunidades minoritarias, lo que tuvo que ser impugnado en la corte.
“En algunas jurisdicciones locales no se trata de una lucha partidista, sino de una lucha del titular contra las comunidades minoritarias que están surgiendo en esa jurisdicción local, cuando les conviene preservar su propio poder”, dijo por su parte Justin Levitt, profesor de derecho de la escuela de leyes de Loyola (LMU).
“Los cambios a la Ley de Derechos Electorales hacen que sea aún más difícil de lo habitual combatir parte de esta discriminación en las comunidades locales”.
En 2013 la Corte Suprema declaró inconstitucional la sección 5 de la Ley de Derechos Electorales, que requería que algunos estados y localidades obtuvieran una autorización previa federal antes de que pudieran implementar planes de redistribución de distritos. Sin esta vigilancia, los mapas que se tracen pueden disminuir la capacidad de participación de los votantes negros, latinos, asiático-americanos, nativos americanos y otras minorias.
Levitt explicó que quienes dibujan los mapas pueden considerar la raza, la etnia o el partido a la hora de trazar los distritos. Estos enfoques no son enteramente inconstitucionales, y además “son imposibles de distinguir”, lo que puede terminar en una “manipulación racial”, observó Levitt.
Sin embargo, la misma ley tiene otra provisión en la sección 2, que permite atacar planes diluyentes de redistribución de distritos, aquellos que buscan manipular las líneas para atrincherar a los políticos en el poder. Esta dilución de votos, explicó Leah Aden, subdirectora de litigios del fondo educativo y de defensa legal de la NAACP, ocurre cuando la redistribución de distritos busca que los votantes de minorías no tengan las mismas oportunidades que la mayoría de los votantes, generalmente blancos, para elegir al candidato de su preferencia.
“La dilución de votos generalmente surge en el contexto de algo llamado grandes elecciones que suceden cuando una mayoría del 50% + 1 de los votantes, (generalmente blancos) controlan el resultado de las elecciones para todos los escaños de un organismo en particular. O también puede ocurrir cuando se reparten los votantes de color entre varios distritos electorales para evitar crear distritos de mayorías minoritarias”, anadió.
Esta situación obliga a trabajar con las comunidades en sus propios mapas ilustrativos para demostrar que es posible trazar líneas en distritos donde sus habitantes comparten cosas en común y pelear así las prácticas discriminatorias que se han usado tradicionalmente incluso para definir políticas de vivienda.
“Algunas de las excusas para hacer esto son la protección del partido y estas son básicamente excusas para la discriminación racial”, agregó Aden.
Participación comunitaria
Otras de las consecuencias de la demora en la entrega de datos del censo es que podría significar menos tiempo para las impugnaciones judiciales, para la presentación de candidatos para las siguientes elecciones y la creación de boletas electorales, y para la participación comunitaria.
“Uno de los problemas potenciales de la demora es que algunas jurisdicciones podrían usar la escasez de tiempo como una excusa para minimizar o truncar la oportunidad de que el público participe en el proceso de redistribución de distritos”, dijo Terry Ao Minnis, director sénior de programas de censo y votación, de Asian Americans Advancing Justice (AAJC).
“Lo que la gente puede hacer es asegurarse de comprender cómo se llevará a cabo la redistribución de distritos en el lugar donde viven… aprender las reglas, reunirse con vecinos u organizaciones interesadas… Esto podría resultar en la elaboración de mapas que podrían representar mejor los intereses de su comunidad”, agregó.
Los panelistas se mostraron optimistas frente a la discusión en el Congreso de la ley de promoción de derecho al voto de John Lewis, que busca restaurar la protección total de la Ley de Derechos Electorales de 1965. Este proyecto comprende una lista de categorías de cambios en los derechos de voto que los estados solo pueden realizar con autorización federal.
