El 3 de noviembre, la legislatura estatal de Alabama aprobó nuevos mapas que fijaron los límites para los distritos congresales y estatales basados en los datos del Censo del 2020. Para el 15 de noviembre, se presentaron dos demandas nuevas – uniéndose a aquellas ya presentadas durante la sesión de la redistribución de los distritos electorales – contra la puesta en práctica inminente de esos mapas.
Los demandantes, entre ellos la Conferencia estatal de la NAACP en Alabama, afirman que esos mapas diluyen intencionalmente el poder de votación de las comunidades minoritarias, en particular las afroamericanas. Los demandantes piden que la corte federal ordene a Alabama que pare el uso de los mapas. Si tienen éxito los demandantes, se tendrán que redactar nuevos mapas, posiblemente por las cortes.
Anneisha Hardy, directora ejecutiva de Alabama Values, una organización cívica de bases populares, dijo que la legislatura había adoptado métodos y comportamientos que excluían la participación sustancial durante el proceso de audiencias públicas. Resumió el proceso diciendo que había “falta de transparencia y responsabilidad y accesibilidad”.
Las observaciones de Hardy se hicieron durante un foro sobre la redistribución de los distritos electorales en Alabama patrocinado por Alabama Values y Ethnic Media Services.
Kathryn Sedasivan, abogada de la redistribución de los distritos electorales para el Legal Defense Fund de la NAACP, observó que Alabama tiene una larga y bien documentada historia de supresión de votantes, en particular de los votantes afroamericanos. Por consiguiente, Alabama, como muchos de sus vecinos en el Sur Profundo, quedó bajo la cobertura de la Ley Federal del Derecho al Voto (VRA, por sus siglas en inglés), promulgada en 1965.
Bajo la VRA, estados y jurisdicciones selectos tuvieron que presentar los cambios en sus procedimientos de votación al Departamento de Justicia de EUA o a una corte federal para su aprobación. Ese proceso, conocido como autorización previa, nunca sentó bien a las partes afectadas, en parte porque consideraron que la supervisión federal era una afrenta a la soberanía de su estado.
En 2013, en una decisión polémica denunciada por los defensores del derecho al voto, la Corte Suprema despojó a la VRA de la disposición de supervisión, pero identificar a los votantes por raza, color e incluso por idioma en algunas instancias, aún sigue siendo inconstitucional en virtud de la Sección 2 de la VRA.
“Cuando la raza es el factor predominante en el dibujo de las líneas de los distritos, y el uso de la raza no esté adaptado estrechamente para cumplir con la Ley de Derecho al Voto o no se justifique por algún otro interés gubernamental imperioso, el distrito es una manipulación de la circunscripción electoral inconstitucional”, explicó Jack Genberg, Abogada senior de plantilla, Derecho al Voto, del Southern Poverty Law Center (SPLC). El SPLC, junto con otras entidades, brinda asesoramiento legal a los demandantes.
“Durante el último ciclo de redistribución de los distritos electorales , la corte federal encontró 12 distritos legislativos estatales de Alabama que tenían la circunscripción electoral racialmente manipulada en violación de la constitución de Estados Unidos”, dijo Genberg.
Uno de los mandatos constitucionales es que los distritos deben ser más o menos iguales en población. La manipulación de la circunscripción electoral típicamente “empaca” en un solo distrito a tantos votantes posibles de una comunidad concreta. Mientras que eso significa que pueden elegir a un representante de su elección para el Congreso, también reduce su capacidad de influir en los resultados en otros distritos donde los números son pequeños. El “agrietamiento” es lo contrario. Se asignan bloques más pequeños de votantes a distritos donde serían minoría e incapaces de tener más votos que los bloques de votantes más grandes con una agenda u objetivos políticos diferentes.
Felicia Scalzetti, Alabama Election Protection Network, observó que en Alabama, “un examen minucioso muestra que la demografía de la representación no ha cambiado”. El mapa propuesto para los distritos congresales “mantiene el núcleo de los mapas racistas de 2011, desafortunadamente”.
Aunque Alabama tiene una población negra en edad de votar del 25,9%, solo uno de los siete distritos congresales brinda la oportunidad a afroamericanos de elegir al candidato de su elección.
El proceso de redistribución de los distritos electorales de Alabama “ataca a los votantes negros y a las personas que los votantes negros apoyan”, dijo Sevasian, abogado del LDF de la NAACP, y los mapas resultantes “han violado las disposiciones de discriminación de la Sección 2 de la VRA”.
Los participantes también afirman que las prácticas injustas de la redistribución de los distritos electorales afectarán a otras poblaciones minoritarias. Scalzetti informó de que las comunidades tribales se dividieron y se asignaron a distritos dispares bajo los mapas propuestos. Las poblaciones latinas y asiático-americanas también han aumentado durante la última década pero los nuevos mapas no prestan atención a sus derechos constitucionales como comunidades de interés para elegir candidatos de su elección.
Scalzetti también dijo que mientras que muchas ciudades y condados ya han terminado sus mapas, los medios prestaron escasa atención y puede que la mayoría de los residentes no sean conscientes de cómo puede afectar a sus vidas diarias.
Para Khadidah Stone de Alabama Forward, una organización sin ánimo de lucro que promueve la participación cívica a nivel estatal, lo más importante de la redistribución de los distritos electorales es la implicación personal. Animó a residentes a compartir sus preocupaciones acerca de la redistribución de los distritos electorales con los representantes elegidos a través de todos los niveles de gobierno, en particular porque la redistribución de los distritos electorales decide principalmente quién toma las decisiones acerca de cómo se asigna la financiación federal y estatal.
Stone también observó que “dada la historia de Alabama, la redistribución de los distritos electorales siempre acaba en litigio”. Fue severa en su valoración de que una vez más los contribuyentes de Alabama acabarían pagando para defender las injustas prácticas de redistribución de los distritos electorales y de votación.
Khalil Abdullah is Contributing Editor for Ethnic Media Services. He joined New America Media as its first Director in the Washington D.C. office. He has also served as the Lead Facilitator and Editor of the Beat Within, Washington D.C. edition, and Managing Editor of the Washington Afro-American Newspaper.
