Por Julian Do and Sandy Close
Legisladores estatales anunciaron la semana pasada que un proyecto de ley destinado a apoyar al sector de los medios de comunicación de California, que atraviesa por dificultades, obligando a las empresas tecnológicas a pagar por los contenidos informativos que difunden, queda aplazado hasta el año que viene.
La Ley de Preservación del Periodismo de California (AB 886)—California Journalism Preservation Act (AB 886)—obligaría a las plataformas en línea a pagar a las organizaciones de noticias una “tasa de uso del periodismo” compuesta por un porcentaje aún por determinar de sus ingresos publicitarios, y los fondos se repartirían entre los medios de comunicación grandes y pequeños.
Australia aprobó una ley de este tipo en 2021, que permite al gobierno australiano obligar a las plataformas digitales a arbitrar con las organizaciones de noticias para negociar las tarifas por el uso de sus contenidos. Se le ha atribuido a la ley la generación de casi 200 millones de dólares en ingresos para las agencias de noticias y la creación de cientos de puestos de trabajo en el sector.
La aprobación de la AB 886 en California -la quinta economía del mundo y sede de muchas empresas de alta tecnología- cambiaría las reglas del juego y podría contribuir a impulsar iniciativas similares en todo el país y a escala internacional. El fracaso del proyecto de ley, por el contrario, supondría un enorme revés para la industria de los medios de comunicación, que en dos décadas no ha visto ninguna solución comercial viable a los retos a los que se enfrenta.
EMS (Servicios de medios étnicos), como organización sin ánimo de lucro que representa a una coalición de medios de comunicación étnicos, apoya el proyecto de ley AB 886, patrocinado por la asambleísta Buffy Wicks, demócrata de Oakland, por su intención de rectificar el desequilibrio inherente a la actual relación comercial entre las organizaciones de noticias y las plataformas en línea.
Su aprobación proporcionaría una vía sostenible para la industria de los medios de comunicación, con características clave diseñadas para garantizar que los medios de comunicación étnicos se beneficien del nuevo sistema.
No hay viajes gratis
Desde la aparición de motores de búsqueda en línea como Google y Yahoo y plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter, los medios de comunicación han seguido el argumento de venta clave de las grandes corporaciones tecnológicas: quienes ofrecen la distribución gratuita de contenidos en línea y aprovechando los sistemas de publicidad digital que ofrecen, los cuales potencialmente podrían ampliar exponencialmente las audiencias de estos medios.
Ese aumento del tráfico, según el argumento, generaría ingresos muchas veces superiores a los que obtenían con el modelo de negocio tradicional de los medios de comunicación, basado en los anuncios y las suscripciones de los periódicos impresos.
Más de dos décadas después, este planteamiento no sólo ha acabado con miles de medios de comunicación -algunos de los cuales han existido desde hacía más de un siglo-, sino que también ha amenazado los cimientos del propio ecosistema mediático.
Por el contrario, los operadores oligopolistas de motores de búsqueda y plataformas en línea, donde se distribuye el contenido de la mayoría de los medios de comunicación, controlan ahora más del 90% de los ingresos totales por publicidad digital.
Frente a este contexto, la AB 886 tiene estas tres características principales:
- Los operadores de motores de búsqueda y plataformas de redes sociales como Google y Meta (empresa matriz de Facebook e Instagram) están obligados a pagar a los productores de medios de comunicación con sede en California una “tasa por uso de contenido periodístico”, una tasa mensual fijada mediante arbitraje.
- A su vez, los editores de medios de comunicación deben retener un determinado porcentaje de los beneficios de la “tasa de uso” -el 50% para las redacciones con cinco o menos empleados a tiempo completo y el 70% para el resto del sector- para reinvertirlo en puestos de trabajo periodísticos.
- La búsqueda de información que circula para calcular el tráfico en línea y el pago de la “tarifa de uso” debe incluir también todos los contenidos publicados en distintas lenguas por los medios étnicos.
Las corporaciones de tecnología se resisten
Los detractores, entre ellos Google y Meta, se han opuesto al proyecto de ley AB 886 alegando que, en lugar de ayudar a revivir los medios de comunicación comunitarios y los desiertos informativos que una vez cubrieron, el proyecto de ley AB866 beneficiaría principalmente a las grandes organizaciones de medios de comunicación nacionales con presencia en California.
Pero ese argumento, irónicamente, refuerza los argumentos de los partidarios de la AB 886, que afirman que la ley aportaría más dinero a las arcas de los medios étnicos y comunitarios. Muchos de estos medios están operando ahora en modo de supervivencia y, por tanto, no pueden permitirse las inversiones necesarias para aumentar su presencia en línea bajo un sistema que constantemente produce rendimientos negativos y cuyo camino está plagado de miles de cierres de medios de comunicación.
Los ingresos generados a través de la AB 866 permitirían a las organizaciones de noticias que enfrentan retos podrán invertir más en aumentar su capacidad digital, impulsar su tráfico en línea y cosechar beneficios “reales”.
Modelos de medios en competencia
Algunos sostienen que, en lugar de obligar a las empresas tecnológicas a subvencionar el periodismo local, el gobierno debería crear créditos fiscales permanentes para el periodismo con incentivos especiales para los medios de comunicación sin ánimo de lucro, que algunos ven como el futuro de los medios de comunicación en general.
Pero un nuevo informe elaborado por el Centro de Política Tecnológica de la Universidad de Carolina del Norte (UNC) concluye que programas similares en Canadá y partes de Estados Unidos han dado, en el mejor de los casos, resultados desiguales, con una distribución desigual de los fondos, incluso mientras los despidos continuaban a buen ritmo, y subvenciones a la suscripción digital de los lectores que han dado poco o ningún fruto.
También preocupa el hecho de que las fundaciones, que son las principales financiadoras del sector sin ánimo de lucro, tiendan a favorecer a los medios de comunicación digitales y sin ánimo de lucro, mientras que los gobiernos parecen más interesados en ayudar a los medios de comunicación tradicionales, cuyo sector sigue empleando a la mayoría de los periodistas en activo.
Esto deja a los medios étnicos al margen.
Preservando la independencia de los medios
Issie Lapowski es coautora del informe de la UNC. En una entrevista con Nieman Lab, Lapowski afirmó que, dada la actual polarización política del país, recibir ayudas públicas y preservar al mismo tiempo la integridad editorial sería una propuesta delicada.
De hecho, existen numerosos estudios sobre las consecuencias de la “dependencia”, cuando los medios de comunicación pasan a recibir subsidios del Estado. Los editores de medios étnicos que atienden a comunidades de inmigrantes son muy conscientes de esta realidad. Es precisamente la razón por la que muchos se vieron motivados a crear medios de comunicación independientes aquí en EE.UU., para producir información libre de la influencia del gobierno.
El proyecto de ley AB 886 ofrece una solución basada en el mercado que garantiza la independencia de los medios de comunicación, estableciendo una “tasa de uso” que recompensa a los medios en función de su rendimiento. Además, el proyecto de ley obliga a las redacciones a reinvertir porcentajes significativos de los beneficios obtenidos con el nuevo sistema en la contratación y retención de periodistas.
La talla única no sirve para todos
Wicks dijo el viernes que la decisión de archivar el proyecto de ley hasta el año que viene forma parte de un esfuerzo por “garantizar una legislación más sólida posible.” Mientras tanto, una audiencia que se celebrará en otoño de este año examinará las cuestiones abordadas en el proyecto de ley y estudiará legislaciones similares en países como Australia, así como Brasil e Indonesia, que están estudiando actualmente una legislación parecida.
Para ser claros, la AB 886 no es una solución milagrosa cuando se trata de abordar los retos a los que se enfrenta la industria de los medios de comunicación de hoy en día, que son muchos y variados. Todas las opciones deben estar sobre la mesa, y los medios de comunicación en que enfrentan dificultades tendrán que desarrollar una estrategia diversificada para participar en las que mejor se adapten a sus necesidades, incluido el sistema propuesto de “tasa por uso”.
Sin embargo, el hecho es que todos los medios de comunicación -grandes, pequeños, nacionales o locales, étnicos o convencionales- no se han beneficiado de la revolución de los medios digitales de la forma que prometieron las grandes corporaciones tecnológicas.
El proyecto de ley AB 886 pretende hacer cumplir esa promesa.
Julian Do es codirector de EMS. Sandy Close es la directora ejecutiva de la organización.
