Clockwise from top left: Evan Milligan, Executive Director, Alabama Forward; Rodreshia Russaw, Executive Director, The Ordinary People Society (TOPS); Felicia Scalzetti, Southern Coalition for Social Justice CROWD Fellow, Alabama Election Protection Network; Jaeyeon Irene Do, Team Leader for Research and Development in Special Education, Alabama-Korea Education and Economic Partnership; Ana Espino, Executive Director, Alabama Coalition for Immigrant Justice; Valerie Adams, Co-founder & President, Alabama Indigenous Coalition
Khalil Abdullah, Ethnic Media Services
Evan Milligan, que recibió su capacitación en armas de fuego en la Guardia Nacional de Alabama, critica duramente el desequilibrio de prioridades de su estado. “Ahora mismo, en Alabama es más fácil comprar un rifle automático o un clip alargado con munición perforadora de blindaje que obtener una prueba de COVID-19 – y mucho menos encontrar servicios de salud mental u obtener un empleo que pague un sueldo que alcance para vivir”.
Milligan, director ejecutivo de Alabama Forward, culpa de las tasas de infección y la mortalidad por COVID-19 de Alabama – entre las más altas de América – a las disparidades raciales en el acceso a la atención médica. Las inequidades, dice, son las que están impulsando a una coalición de organizaciones multi-étnicas basadas en la comunidad a exigir una voz en el proceso de redistribución de los distritos electorales de Alabama, que tiene lugar una vez por década. Ven clave la redistribución de los distritos electorales para una representación más justa para todos los alabameños en cuanto a como deciden las prioridades los entes gubernamentales del estado.
Entre el 1 y el 15 de septiembre, el comité de redistribución de la legislatura del estado está llevando a cabo audiencias en todo el estado para solicitar la opinión de los ciudadanos en cuanto a cómo debería volver a trazar los límites de los distritos congresales y estatales en base a los datos del censo de 2020. Esos mapas jugarán un papel en decidir cómo se asignarán los fondos y recursos federales y estatales a las comunidades durante los próximos 10 años.
Milligan ve la creciente diversidad como un punto de inflexión en una campaña que lleva generaciones en su lucha por la representación de las poblaciones minoritarias tradicionales de Alabama. En una sesión informativa online el 26 de agosto, Milligan informó de datos del censo del 2020 que denotan una Alabama cada vez más diversa. La población blanca ha disminuido desde el censo de 2010 pero sigue numéricamente dominante con el 61 por ciento. El porcentaje de negros, el segundo grupo étnico más grande, cayó un poco pero su tamaño aumentó en 43,000. El crecimiento de la presencia latina y asiática se está acelerando.
Rodreshia Russaw, directora ejecutiva de TOPS (The Ordinary People Society, en español La Sociedad de las Personas Ordinarias), reconoció que la redistribución de los distritos electorales no es un proceso que los afroamericanos de Alabama hayan conocido íntimamente. Está decidida “a enseñar a los alabameños su importancia – cómo afecta a la calidad de vida de las personas en todos los niveles”.
Las personas encarceladas se juegan mucho más, dice Russaw, ya que rara vez tienen influencia política de cualquier tipo. Eso está cambiando. Con organizaciones aliadas, TOPS dirigió una batalla con éxito para asegurar el derecho al voto para personas encarceladas. Y TOPS está haciendo campaña para terminar con el gerrymandering, o sea la demarcación arbitraria e injusta de distritos electorales, en base a las prisiones.
Alabama ha colocado a las prisiones de forma sistemática en más zonas rurales y blancas, explica Russaw. Esas comunidades entonces se benefician por la inclusión de los encarcelados en las fórmulas utilizadas para asignar recursos federales y estatales per cápita. Así, los afroamericanos, representados de forma desproporcionada en la población penitenciaria, son utilizados para beneficiar a otras comunidades que no son aquellas donde viven. Sin embargo, los presos que salen de la cárcel, dijo Russaw, “la mayoría no tiene acceso a vivienda ni a empleo. Muchos de ellos seguirán sin vivienda o volverán a una vida de adicción”.
Felicia Scalzetti, panelista, organizadora comunitaria, y becaria de CROWD de la Coalición sureña por la Justicia social, comparte con Russaw la misión de educar a las comunidades acerca de la redistribución de los distritos electorales. Es escéptica sobre la imparcialidad y sinceridad de las audiencias comunitarias del comité de redistribución.
“Estas audiencias se convocan exclusivamente entre semana y durante horarios laborales”, señaló Scalzetti. “Este proceso es fundamentalmente inaccesible. Es difícil encontrar la información acerca de cuándo son las audiencias, para saber de su existencia”.
Afirma que, por diseño, las audiencias durante los horarios laborables limitan la participación, aunque la gente puede enviar un testimonio escrito y participar virtualmente.
Jaeyeon Irene Do, directora ejecutiva de Alabama-Korea Education and Economic Partnership (A-KEEP, por sus siglas en inglés), espera que los alabameños de habla coreana ganen mayor acceso a servicios sociales con la redistribución exacta de los distritos electorales.
Dijo que los surcoreanos inmigran por las oportunidades de empleo en Hyundai y Kia, marcas de autos con plantas de producción en Alabama.
“Cuando las personas coreanas vienen a Alabama, no vienen solas”, observó Do. “Normalmente traen a sus familias, matriculan a sus hijos en las escuelas, se unen a las iglesias, participan en la comunidad. Sin embargo, a las personas coreanas se les dificulta vivir en la sociedad americana con las barreras de idioma y cultura. Es difícil para ellas acceder a los servicios educativos y sociales”.
Anna Espino, directora ejecutiva de la Coalición de Alabama para la justicia de los inmigrantes, explica la razón por la que COVID-19 agitó inicialmente a la comunidad latina. “La prevención, la distancia social – todo aquello en lo que se podía pensar a principios del 2020, incluyendo el acceso a las pruebas – la información de estas medidas para salvar vidas no se estaba traduciendo al español”.
Espino dijo que su organización, con unas 10 más, trajeron suficiente poder para presionar a Kay Ivey, gobernadora de Alabama, para tener información y recursos anti-COVID-19 disponibles en español y otros idiomas. “Afortunadamente, eso fue una victoria”, reconoció Espino.
Para Espino, se omitieron los materiales en español “porque no había una representación equitativa – no piensan en nosotros en el estado”.
La invisibilidad también explica la falta de atención por parte del gobierno de las necesidades de los indígenas norteamericanos de Alabama, según Valerie Adams, co-fundadora y presidente de la Coalición indígena de Alabama. Habló desde Montgomery, lo que llamó “la tierra de los muscogui creek … la tierra de los Choctaw, los chickasaw, los cheroqui, que también residieron aquí”.
Adams dijo que sus conversaciones sobre la representación para los indígenas norteamericanos normalmente requieren una lección de historia. “Alabama en sí es el hogar de nueve tribus, una es reconocida de forma federal; ocho tribus son reconocidas por el estado… Cuando hablamos de por qué no hay indígenas norteamericanos aquí, mucha gente no conoce la Ley de Traslado Forzoso de los Indios, que trasladó a más de 50,000 indígenas norteamericanos de los estados del sureste”.
En total, dijo Milligan, “Estamos trabajando a través de líneas tradicionales de diferencia en nuestra comunidad de abogacía para animar a nuestros vecinos a involucrarse en la creación de distritos justos que puedan responder a las necesidades de la comunidad”.
Khalil Abdullah is Contributing Editor for Ethnic Media Services. He joined New America Media as its first Director in the Washington D.C. office. He has also served as the Lead Facilitator and Editor of the Beat Within, Washington D.C. edition, and Managing Editor of the Washington Afro-American Newspaper.
