From left to right: Ramón Cruz, President of the National Board of Directors, Sierra Club; Alex de Sherbinin, Associate Director for Science Applications & Senior Research Scientist, Center for International Earth Science Information Network, Climate School, Columbia University; Dana Johnson,Senior Director of Strategy and Federal Policy, WE ACT for Environmental Justice
Por: Jenny Manrique
La 26a Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26) sucedida en Glasgow la semana pasada, dejó a los ambientalistas divididos sobre los reales compromisos que los países desarrollados deberían asumir para frenar el desastre ambiental y humano al que se enfrenta el mundo.
Para unos, la agenda presentada por la delegación que envió Estados Unidos en un espacio que el expresidente Donald Trump había desdeñado desde su salida de los Acuerdos de París, contribuyó a recuperar la confianza en el país y su rol colaborador para reducir las emisiones de carbono. Para otros, el problema más importante fue la “brecha climática”: la incapacidad de los países desarrollados de comprometerse con las reparaciones para pagar el impacto que el cambio climático ya ha tenido en el mundo en desarrollo.
“Estados Unidos tuvo un equipo negociador de estrellas muy comprometido con el éxito del proceso y el acuerdo de París”, dijo Ramon Cruz Diaz, presidente de la Junta Directiva de Sierra Club y primer latino en ocupar ese cargo, durante una conferencia convocada por Ethnic Media Services. “Compromisos sobre la deforestación, la iniciativa sobre el metano, y que los países desarrollados se comprometieron a no realizar ninguna financiación pública de proyectos de oro en el extranjero son éxitos positivos”, añadió Cruz Diaz desde Edimburgo, donde asistió a la COP26.
“Esta COP podría ser el comienzo de la redacción del último capítulo del libro del carbón” añadió, al referirse a la promesa del Reino Unido de eliminar gradualmente el uso del carbón, pese a la reticencia de India y China a hacer su parte. Cruz Díaz también aclamó como un gran avance la campaña para cerrar más de la mitad de las plantas de carbón en los EE.UU. Lideradas por Mike Bloomberg, quien llegó a Glasgow como Enviado Especial de la ONU para Ambiciones y Soluciones Climáticas. “Ahora podemos enfocarnos en el financiamiento privado del carbón”, dijo Cruz Díaz.
Una de las mayores críticas a Estados Unidos y la Unión Europea durante la COP fue su decisión de bloquear la solicitud de los países en desarrollo de hacerse cargo de las pérdidas y daños causados por su rol en el cambio climático. Esto significa diseñar mecanismos financieros para que los países vulnerables puedan recuperarse de los desastres.
“Los países no querían comprometerse con algo muy nuevo para la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC), porque los mecanismos financieros que hemos tenido bajo el Protocolo de Kyoto, son para apoyar y promover nuevas tecnologías… no necesariamente para algo que se trate más de socorro en casos de desastre”, sostuvo Cruz Diaz. “Establecer un nuevo mecanismo financiero tomaría muchos años”.
El proyecto de ley Build Back Better aprobado recientemente por la Cámara de Representantes, da pasos en esa dirección al destinar $555 mil millones para la conversión a energías renovables que buscan reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030. A la espera de su aprobación en el Senado, este proyecto también promueve la justicia ambiental con la iniciativa Justice40, que entregará el 40% de los beneficios de esa reducción de la huella de carbono a las comunidades más desfavorecidas.
Pero para el movimiento de justicia ambiental, estos pasos no son muy claros dado el impacto del cambio climático en las comunidades étnicas y de bajos ingresos.
“Estados Unidos realmente nos puso en desventaja al entrar en la COP sin tener un plan de juego sólido que cumpliera con el compromiso del presidente (Joe) Biden de integrar la justicia ambiental en las operaciones de nuestro gobierno federal”, dijo Dana Johnson, Director Senior de Estrategia y Política Federal de WE ACT por Justicia Ambiental, una organización fundada en Harlem, Nueva York, hace más de 30 años como respuesta a la ubicación de una planta de tratamiento de aguas residuales en una comunidad predominantemente afroamericana.
“Los discursos del presidente Biden y Gina McCarthy, (Asesora Nacional del Clima de la Casa Blanca), indican que habrá una dependencia de la industria de la comunidad empresarial para alcanzar nuestros objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero…Esto todavía se basa en soluciones rápidas y ecoimpostura”.
Johnson criticó que las empresas de combustibles hayan tenido pabellones en el piso de la COP26 para hablar de tecnologías como biomasa o hidrógeno verde, captura y secuestro de carbono, que ella ve como “soluciones falsas que amplían nuestra dependencia de los combustibles fósiles y hacen poco para abordar la contaminación heredada, la disrupción en la cohesión social, la inestabilidad económica, y la mala calidad del aire interior y exterior en las comunidades y en los hogares”.
La prioridad, dijo Johnson es “abordar el legado de racismo ambiental” presente en las comunidades del Sur Global, “donde vive gente de color y bajos recursos, afectados por la mala gobernanza, la privación histórica de derechos y las desigualdades económicas” que los hacen migrar.
Se estima que para el año 2050, entre 48 y 216 millones de personas pueden convertirse en migrantes climáticos internos en los países del mundo en desarrollo.
Segun Alex de Sherbinin, director asociado de aplicaciones científicas e investigador científico sénior del Centro para la Red Internacional de Información sobre Ciencias de la Tierra (CIESIN en inglés), la Escuela del Clima de Columbia y su Instituto de la Tierra, la habitabilidad en determinadas partes del mundo se pone en riesgo a medida que las temperaturas alcanzan niveles sin precedentes.
“Los peligros ambientales inciden en la movilidad por su ubicación e intensidad, y por otro lado, por la vulnerabilidad social característica de las poblaciones”. Sherbinin mencionó como factor contribuyente la capacidad de respuesta de los gobiernos: si disponen de agencias de manejo de desastres, sistemas de alerta temprana y de gestión de riesgos, y una sólida red de hospitales para atender emergencias.
De acuerdo al informe Groundswell Parte 2, realizado por Sherbinin para el Banco Mundial, en en comunidades dependientes del ecosistema, es decir aquellas que dependen de las lluvias, de la agricultura de secano y el pastoreo en particular, es imperante mejorar los medios de vida para hacerlas más resistentes a los impactos del cambio climático.
Aunque los factores económicos aún son predominantes para los migrantes, la migración rural a urbana está altamente influenciada por el deterioro de las cosechas por sequías o inundaciones extremas, dijo Sherbinin.
El experto cree que el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius “es un umbral un poco arbitrario”, porque ya se han visto “impactos masivos con poco menos de 1 grado C de calentamiento”. Un paso en la dirección correcta, dijo, es otorgar subsidios a los países de bajos ingresos para apoyar la reducción de sus emisiones de carbono.
