Aunque los indocumentados aún no pueden acceder a las ayudas, las familias de estatus mixto fueron incluidas en el nuevo paquete de alivio. La discusión sobre un cheque de estímulo de $2,000 no termina, pero su aprobación dependerá de los resultados de las elecciones en Georgia.
Por: Jenny Manrique
A pesar de que en el paquete de estímulo de 908 mil millones de dólares aprobado por el Congreso se destinan ayudas para escuelas, para inquilinos que no han podido pagar la renta, para desempleados cuyos beneficios están a punto de expirar, para pequeñas empresas que requieren más préstamos condonables, e incluso dinero para asegurar la distribución de la vacuna contra la COVID-19, este salvavidas financiero es inferior a lo que el país necesita para salir de la recesión causada por la pandemia.
Así lo explicó el representante a la Cámara por California, el demócrata Ted Lieu, quien habló en una conferencia de prensa organizada por Ethnic Media Services. “El paquete de ayuda de COVID es mucho más pequeño de lo que hubiera preferido. Pero al mismo tiempo, es mejor que nada y por eso voté a favor “, dijo Lieu, quien desde el Comité Progresista de la Cámara de Representantes empujaba por un compromiso cercano a los 1,8 billones de dólares. Esta cifra superior estaba siendo discutida entre la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, pero el líder mayoritario del Senado, el republicano Mitch McConnell, “bloqueó” la iniciativa, dijo Lieu.
McConnell también impidió que un segundo cheque de estímulo de pago directo de $2,000 fuera a los bolsillos de aquellos cuyo salario es inferior a $75,000 al año, a pesar de que el mismo presidente Donald Trump impulsó esta cifra en una segunda votación aprobada este lunes en La Cámara. Si no hay más acuerdos, se espera que en las próximas semanas los beneficiarios reciban $600 por individuo y si tienen hijos dependientes, otros $600 por cada hijo.
“Hay buenas provisiones en esta ley, pero $2400 para una familia de cuatro personas en mi opinión no es suficiente” dijo Lieu.
Los republicanos también objetaron incluir a los inmigrantes indocumentados como beneficiarios, pero en este paquete las familias de estatus mixto, es decir aquellas donde al menos hay un residente o un ciudadano, sí recibirán los $600. Estas familias pueden incluso aplicar retroactivamente a los cheques de $1200 que no recibieron bajo la ley Cares, que en abril asignó más de dos mil millones de dólares para recuperar la economía devastada por el coronavirus.
“La discusión de un tercer paquete de estímulo va a depender de los resultados de la elección en Georgia (del 5 de enero), si logramos voltear el Senado (a favor de los demócratas)” añadió Lieu.
El representante explicó que esta ley también quiere corregir el número de “incidentes y abusos” que sucedieron con los préstamos a pequeñas empresas aprobados (PPP en inglés) en la ley CARES que pararon en manos de empresarios que no los necesitaban.
“Hay un comité de supervisión vigilando cómo se van a gastar los fondos de estímulo, y la Administración de Pequeñas Empresas (SBA en inglés) se asegurará de que los bancos más pequeños y otras instituciones minoritarias accedan a este dinero para luego darlo a las pequeñas empresas”, anotó Lieu. En esta segunda ronda de financiamiento se aprobaron $284 mil millones para los PPP.
Más beneficios de desempleo
Otro coletazo de la pandemia ha sido el número de desempleados en el país: casi cuatro millones de personas han estado sin trabajo durante más de 26 semanas lo que los expone a perder sus beneficios de desempleo. La ley aprobada establece un complemento temporal de $300 por semana durante 11 semanas adicionales, hasta el 14 de marzo de 2021. También amplía dos programas: la asistencia por desempleo pandémico (PUA), para trabajadores de la economía a destajo, y la compensación por desempleo de emergencia pandémica (PEUC).
El coronavirus ha contribuido a la pérdida de 10 millones de empleos en el país, siendo las personas negras y latinas las más afectadas, con tasas de desempleo en Noviembre del 10,3% y el 8,4% respectivamente, dijo Chad Stone, economista jefe del Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas.
“El legado de racismo y de continua discriminación explica las disparidades en contratación y empleo”, añadió Stone. “Las tasas de desempleo entre asiáticos, negros y latinos estaban en bajos históricos antes de la pandemia pero siempre más altas comparadas con los blancos… el gobierno dejó de proveer alivio prematuramente (cuando paró los beneficios de desempleo en julio) y la gente de comunidades étnicas sigue sufriendo desproporcionadamente”.
Las cifras tampoco muestran otro efecto de la recesión: la gente no puede trabajar el mismo número de horas que en una economía sólida con lo cual el subempleo no se registra. Mientras siga la pandemia, conseguir empleo sostenible es un reto, “por lo que este paquete de alivio es lejos de ideal y se necesitará más (dinero)” explicó Stone.
Moratoria del pago de renta
La ley de estímulo también incluye la extensión de un mes de moratoria para inquilinos que no han podido pagar sus rentas, y que se vence el 31 de diciembre. En este rubro se aprobaron $25 mil millones que en palabras de Peter Hepburn, profesor asociado de sociología en la Universidad de Rutgers e investigador del Laboratorio de Desalojos de la Universidad de Princeton, son “significativos” pero “insuficientes”, pues el sector necesitaba un mínimo de 30 mil millones para evitar un número considerable de desalojos.
“La historia de la vivienda en este país es una larga historia de despojo y exclusión racial sistémica”, dijo Hepburn cuyo laboratorio monitorea las demandas formales de desalojo en tiempo real, datos que no son recopilados por el gobierno federal y que en el caso de condados y estados se hace con un año de retraso.
Hasta el 12 de diciembre, con base en datos de 27 ciudades, el laboratorio encontró que los propietarios han solicitado 162,563 órdenes de desalojos durante la pandemia. Solo en la primera semana de diciembre ese número fue de 3,526 peticiones.
“Los afroamericanos llevan la peor parte de los desalojos: representan el 21% de los inquilinos pero reciben más del 35% de las órdenes de desalojo”, anotó Hepburn. “Las moratorias han evitado 1.5 millones de casos de desalojo durante la pandemia, que se han empujado para el 2021, lo que genera preocupación”.
La crisis de vivienda no es nueva y antes de la pandemia, 3,7 millones de inquilinos en todo el país se enfrentaban a desalojos. Esto como consecuencia de que los salarios han estado estancados durante los últimos 20 años, mientras el alquiler ha aumentado drásticamente.
“Ojala sean los inquilinos quienes reciban el dinero para pagar la renta directamente, así los propietarios que no quieren participar en el programa no tienen la capacidad de desalojarlos” dijo Hepburn. “Mucho dependerá de lo que Joe Biden haga a partir del 20 de enero” concluyó.
El paquete en cifras:
- $82 mil millones para escuelas y cuidado de niños; de esta cifra $54 mil millones van para la educación de Kinder a grado 12.
- $25 mil millones en asistencia para inquilinos y extensión de la moratoria de alquiler por el mes de enero.
- $284 mil millones en préstamos condonables para pequeñas empresas.
- $8 mil millones para la distribución de la vacuna de COVID-19.
- $7 mil millones para mejorar el acceso a banda ancha que incluye a sectores rurales.
