En medio del desastre económico de la pandemia de COVID-19, los defensores de los derechos de los trabajadores están preocupados por la posibilidad de que se pierdan repentinamente los logros alcanzados con tanto esfuerzo en materia de derechos de los trabajadores.
En una reunión plenaria celebrada el 22 de abril y organizada por la Oficina de Asuntos de los Inmigrantes del Condado de Los Angeles, los/as presentadores/as dieron información actualizada sobre las leyes nuevas y antiguas que protegen a los trabajadores respecto a condiciones de trabajo inseguras o de ser engañados.
“Es importante que esos trabajadores sepan que estamos aquí para ustedes”, dijo Rose Basmadzhyan, jefa del Programa de Leyes sobre Salarios y jefa de Investigación del Departamento de Asuntos Empresariales y de Protección al Consumidor del Condado de Los Angeles. “Queremos que acudan a nosotros; queremos que confíen en nosotros; queremos que sepan que estamos de su lado”.
“No nos importa si tienen un problema con su estatus migratorio”, dijo. “No permitiremos que su empleador tome represalias contra usted. Tenemos herramientas y mecanismos para evitarlo”.
Basmadzhyan dijo que, a veces, su departamento puede ayudar con el simple hecho de hacer una llamada al empleador. Puede ser que el empleador desconozca las normas, o simplemente ser consciente de que es mejor evitar que se abra una investigación, y tomará medidas para evitarlo.
Su equipo iniciará investigaciones incluso sin recibir una denuncia si sospechan que algo puede estar mal. Animó a los trabajadores a ponerse en contacto con el Departamento de Asuntos Empresariales y de Protección al Consumidor si tienen alguna duda, y prometió el anonimato para esas “denuncias”.
“Queremos disuadir este tipo de comportamientos porque perjudica… a las empresas que están cumpliendo las leyes y también perjudica a nuestros trabajadores”.
Basmadzhyan describió tres ordenanzas del condado relacionadas con los derechos de los trabajadores, dos de ellas promulgadas desde que comenzó la pandemia de COVID-19 el año pasado.
En el sitio web de su departamento (https://dcba.lacounty.gov/minimum-wage/) se puede encontrar información sobre las tres, que se enfocan en el incumplimiento de pago del salario mínimo, las represalias de los empleadores contra los trabajadores y una nueva norma temporal de “pago a los héroes” (“hero pay”) que paga $5 dólares más por hora a algunos trabajadores.
El sitio también ofrece enlaces para presentar denuncias sobre posibles infracciones: Si se trata de salarios ilegalmente bajos o retención de salarios, haga clic aquí: https://tinyurl.com/LApayrate. Si un trabajador ha sido sancionado injustamente, haga clic aquí: https://tinyurl.com/LAretaliation.
La norma del salario mínimo, en vigor desde julio de 2016, establece un estándar de $15 dólares por hora. (Las empresas con 25 trabajadores o menos están autorizadas a pagar solo $14.25 dólares por hora, pero esa tarifa aumentará a $15 dólares por hora en julio).
La ordenanza contra las represalias, en vigor desde el 24 de noviembre del año pasado, incluye posibles multas de $10,000 dólares por día, por infracción y por empleado para las empresas que tomen represalias contra un trabajador que denuncie problemas de seguridad pública u otros abusos en su lugar de trabajo.
La tercera, una ordenanza sobre el “pago a los héroes” que entró en vigor el 26 de febrero de este año, sólo tiene un plazo de 120 días (hasta finales de junio, a menos que se prorrogue), pero exige que las tiendas que venden principalmente alimentos, productos domésticos y medicamentos paguen $5 dólares más por hora a las personas que trabajan en el lugar.
Bet Tzedek Legal Services “tiene suerte”, dijo Yvonne García Medrano, porque como organización sin fines de lucro que no recibe dinero federal, está en la libertad de ayudar a los trabajadores indocumentados.
Como consecuencia, “la mayoría de las personas a las que atendemos son trabajadores con salarios bajos o personas indocumentadas”.
Muchos, dijo, son trabajadores filipinos indocumentados que trabajan en el sector salud, en residencias para ancianos, además de trabajadores de la confección, trabajadores de restaurantes y trabajadores de lavado de coches.
La ayuda de Bet Tzedek se ofrece sin costo alguno para las personas que viven o trabajan en el condado de Los Angeles. Además, Bet Tzedek organiza talleres semanales por internet, “de los que estamos muy, muy orgullosos”, dijo Medrano. “Cualquier persona puede llamar a nuestro número sobre talleres”.
Para hacer una cita, llame al (323) 939-0506, extensión 415. Los talleres se llevan a cabo semanalmente, los miércoles de 5 a 7 de la tarde.
Son “donde la mayoría de nuestros casos vienen… un montón de casos de salarios y horas, incumplimiento de pago del salario mínimo”, dijo. Un equipo de unos cinco abogados analiza las preocupaciones de la persona que llama para evaluar el caso y asesorarla.
“En su mayor parte, tendemos a presentar los casos ante el Departamento de Relaciones Industriales de California, también conocido como la oficina del Comisionado de Trabajo”, dijo.
Esa oficina, añadió, es especialmente dura en los casos de represalias y deja claro a los empresarios que la condición de indocumentado de un trabajador es irrelevante y que incluso el mero hecho de plantear el tema puede desencadenar una investigación por represalias.
Bet Tzedek también presenta casos en el condado o en la oficina municipal de normas salariales.
“Tendemos a presentar los casos donde sea posible hacerlo, ya sea el estado o el condado, y vemos por donde avanza más rápido”, dijo.
Bet Tzedek también trabaja con agencias como los centros de trabajadores, cuyas llamadas a los empleadores a veces dan resultados inmediatos y pueden parecer menos amenazantes de lo que sería una llamada de un abogado o de una agencia reguladora.
Medrano destacó los retos a los que se enfrentan los trabajadores de salud que brindan servicios en residencias para ancianos, que a veces incluso viven en la misma residencia y se espera que estén de servicio las 24 horas del día.
“Hemos visto muchas situaciones realmente tristes de personas que se sacrifican y sacrifican su cuerpo para ayudar a nuestras personas más vulnerables”.
Su situación ha empeorado por un mercado laboral difícil que aumenta el miedo a las represalias, especialmente, en los casos de los trabajadores que atienden en el hogar, cuando también corren el riesgo de perder el lugar donde viven.
“También hemos tenido un aumento dramático de trabajadores que tienen problemas con sus beneficios de desempleo”, dijo Medrano. Los trabajadores indocumentados no tienen derecho a ello, pero los residentes legales han denunciado que no cobran ni se les explica el motivo.
Desde su fundación en 1999, Bet Tzedek ha conseguido que los trabajadores reciban el monto total de $13 millones de dólares en sentencias y acuerdos.
