Clockwise from top left: Connie Choi, Protecting Immigrant Families Campaign Field Manager and Strategist at the National Immigration Law Center; Luvia Quiñones, Health Policy Director at the Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights; Madison Allen, senior policy analyst and attorney at CLASP; and Dr. Daniel Turner-Lloveras, Assistant Professor of Medicine at the University of California Los Angeles.
Aunque varios estados han intentado bloquear la implementación de esta política de la administración Trump, hoy está en vigencia y afecta severamente a inmigrantes durante la pandemia.
Por: Jenny Manrique
Además del miedo y la ansiedad colectivos causados por la pandemia del COVID-19, los inmigrantes enfrentan otra fuente de estrés: las dificultades para acceder a servicios de salud o de ayudas federales.
Ese miedo es a veces consecuencia de la falta de documentos y el temor a la deportación, pero también de la amenaza de la carga pública: una prueba para determinar si alguien que está solicitando la residencia permanente, una visa para entrar a los Estados Unidos o algún otro alivio migratorio, puede llegar a depender de beneficios federales públicos en el futuro.
Tras el aval de la Corte Suprema, esta política implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) de Donald Trump, fue puesta en marcha desde el pasado 24 de febrero, generando confusión entre la comunidad inmigrante que se abstiene de buscar servicios para enfrentar el COVID-19. Así lo explicaron activistas en una conferencia vía Zoom, organizada por Ethnic Media Services.
“La legislación sobre coronavirus que se ha promulgado hasta ahora, no llega lo suficientemente lejos como para ayudar a las familias inmigrantes y está dejando a millones sin acceso a programas esenciales”, dijo Madison Allen, abogada del Centro de Derecho y Política Social, (CLASP en inglés), una ong con sede en Washington DC.
“Pero mientras seguimos abogando por una legislación más inclusiva (…) hay programas para los que pueden ser elegibles en este momento, que no se tienen en cuenta en la prueba de carga pública”, agregó Allen.
Se trata por ejemplo del acceso gratuito a pruebas de COVID-19 y atención preventiva para inmigrantes sin seguro, beneficiarios de Medicaid, del programa de seguro médico para niños o de cualquier otra cobertura resultado de la ley de atención asequible (Obamacare).
También de un nuevo programa asistencial de nutrición (EBT Pandémica) en 40 estados, que proporciona alimentos a hogares con niños que solían recibir comidas gratuitas en su escuela hasta su cierre por el coronavirus.
“Este quizá es uno de los pocos nuevos recursos disponibles para estas familias, y no hay un requisito de estatus migratorio para recibirlo”, explicó Allen.
Aunque el DHS declaró que no intentará arrestar a ningún inmigrante indocumentado que esté buscando atención médica si está relacionada con COVID-19, la informacion no se ha divulgado en diversos idiomas y la desconfianza sigue.
“Si un inmigrante busca ayuda y su prueba resulta negativa, ¿lo van a detener?”, se preguntó el doctor Daniel Turner-Lloveras, profesor asistente en la Escuela de Medicina David Geffen de la Universidad de California en Los Ángeles. Para el experto no proporcionar un seguro de salud a determinada población, solo va a permitir “que el virus continúe propagándose”. A la fecha, el coronavirus en Estados Unidos crece a una tasa de 736 casos por 100,000 habitantes, una de las más altas del mundo.
“Lo mejor es parar la detención de inmigrantes para eliminar el hacinamiento en los centros de detención (de ICE). Es un hecho bien conocido que allí la infección se propaga fácilmente”, agregó.
A pesar de que las clínicas comunitarias, que son la columna vertebral de la atención médica para pacientes indocumentados, recibieron fondos de emergencia del gobierno, el dinero no es suficiente y algunas corren el riesgo de cerrar.
Hay disposiciones para evitar detenciones en clínicas y hospitales pero aun asi hoy dia los agentes de inmigración pueden ingresar al área pública de un centro de atención médica sin una orden judicial o el consentimiento del centro y pueden interrogar a cualquier persona presente.
“Estamos promoviendo a nivel federal una ley que proteja las ubicaciones sensibles”, contó Connie Choi, gerente de campo y estratega en el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC).
“Hemos escuchado de muchos casos específicamente en las comunidades fronterizas donde el aislamiento es aún mayor. Alli estas instalaciones no están tan protegidas”, agregó Choi.
Información solo en inglés
La otra barrera es que la información emitida por el gobierno sobre recursos para enfrentar la pandemia, generalmente sólo está en inglés, aun cuando en los Estados Unidos más de 25 millones de personas tienen un dominio limitado de ese idioma.
“Hemos tenido que redoblar esfuerzos para hacer un trabajo de traducción que le corresponde al gobierno”, dijo Luvia Quiñones, directora de políticas de salud de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, un estado donde existen cerca de 525,000 inmigrantes indocumentados.
“Trabajamos para que los latinos reciban información en español sea a través de Facebook live, medios sociales y medios étnicos siendo muy claros que hay pruebas gratis de COVID para todos sin importar estatus migratorio”.
En Illinois, el programa de recursos familiares para inmigrantes (IFRP en inglés), fue lanzado en conjunto por ongs y el Departamento de Servicios Humanos para que familias inmigrantes de bajos ingresos y sobre todo aquellos con inglés limitado, sepan navegar el acceso a beneficios federales.
Los activistas han notado que sin información, los latinos terminan yendo al hospital cuando los síntomas son demasiado serios. Y como en un 70% de los casos viven en familias de estatus migratorio combinado, algunos ciudadanos ni siquiera buscan ayuda por temor a exponer a sus familiares.
También dijeron que una de cada tres familias de inmigrantes de bajos ingresos con niños se está quedando sin beneficios públicos, por temor al castigo de la carga pública.
¿Segunda ronda de estímulos incluirá a indocumentados?
La Cámara de Representantes aprobó a mediados de mayo la Ley de Héroes que ofrece un segundo paquete de estímulos para la economía, en el que se incluye como beneficiarios a quienes tienen un número de identificación de contribuyente, (ITIN), es decir aquellos que pagan impuestos a pesar de no tener seguro social. Este es el caso para la mayoría de inmigrantes indocumentados.
Pero esta ley todavía necesita aprobación del Senado y en la primera ronda dejó a muchos inmigrantes sin los cheques de US$1200 que sí llegaron a las casas de residentes permanentes.
Los expertos destacaron que no obstante acceder este estimulo al igual que al seguro de desempleo (para aquellos que tienen permiso de trabajo), tampoco son tenidos en cuenta como factores de carga pública.
Para contrarrestar el efecto, en estados como California, el gobernador Gavin Newsom lanzó un programa para atender a 15,000 adultos indocumentados que no son elegibles para la ayuda federal. Estos individuos pueden recibir una ayuda desde US$500 hasta US$1,000 por hogar, si han experimentado dificultades como consecuencia del COVID.
Otras ayuda a nivel local pueden ser consultadas en los siguientes enlaces:
https://protectingimmigrantfamilies.org/special-resources/
https://protectingimmigrantfamilies.org/elegibilidad-de-inmigrantes-para-programa-publicos-covid-19/
