Los tribunales federales han bloqueado temporalmente la entrada en vigor del cambio en la regla sobre carga pública, pero sus efectos intimidatorios continúan resonando. El número de inmigrantes que, por temor a las consecuencias del cambio de reglas, han tomado o planean tomar medidas para abandonar los servicios públicos a los que tienen derecho, excede con creces el número real de inmigrantes que estarían en riesgo si la regla entrara en vigor, según muestran los datos de las investigaciones.
Un estudio realizado en mayo por el Urban Institute encontró que casi el 14% de los adultos de familias inmigrantes informaron que ellos u otro miembro adulto de la familia habían dejado de recibir beneficios o habían decidido no solicitarlos, incluso cuando le corresponde a un niño, en lugar de asumir el riesgo percibido de estar expuesto a nuevas reglas. Entre las familias de bajos ingresos, esa cifra aumentó a más del 20%, según el estudio. Los programas que más se evitaron incluyen: SNAP (cupones de alimentos) CHIP (seguro médico para niños), y Sección 8 y otros tipos de asistencia para la vivienda.
A nivel nacional, las familias de 22.7 millones de personas incluyen a inmigrantes que podrían ser víctimas potenciales del efecto intimidatorio creado por el miedo a los cambios en las reglas de carga pública.
El cambio de reglas propuesto debía entrar en vigor el 15 de octubre de este año, hasta que cuatro tribunales federales diferentes decidieron bloquearlo y emitieron mandatos judiciales en contra de su implementación.
Pero desde mucho antes, cuando la noticia del cambio de reglas propuesto comenzó a filtrarse antes de que sea anunciada en octubre de 2018, millones de personas temían ser atrapadas en sus garras y evitaron usar los programas del gobierno destinados a ayudarles a ellos y a sus familias a llevar una vida más saludable y exitosa.
Randy Capps, del Instituto de Políticas Migratorias (Migration Policy Institute), dijo que, a nivel nacional: “Son tan pocos los no ciudadanos que son elegibles para los programas de seguridad social cubiertos por la regla, que se estima que los que se verían afectados son una cantidad en las bajas decenas de miles”, no serían millones, como declaran incorrectamente tanto funcionarios como los medios de comunicación.
Un estudio del gobierno de Michigan encontró que “de 86,298 inmigrantes legales no ciudadanos que reciben asistencia pública del departamento de salud del estado, sólo a 611 se les podría hacer más difícil el camino hacia la residencia permanente legal si continúan recibiendo beneficios públicos”. Eso es menos del 1%.
Para aquellos que ya están en los Estados Unidos, la categoría de personas que más necesitan tener cuidado con las reglas de carga pública no son aquellas que reciben beneficios, sino las que planean viajar fuera de los Estados Unidos.
“Si tuviera que darle un mensaje a cada inmigrante en Estados Unidos, diría: ‘Si tienes una tarjeta verde, no te vayas por más de 180 días'”, dijo el ex funcionario de la administración de Obama, Doug Rand, cofundador de Boundless.com.
Las reglas de carga pública, incluso las más estrictas como se ha propuesto, simplemente no son aplicables a mucha gente que ya está en el país. No aplican a solicitantes de asilo o refugiados, ciudadanos o solicitantes de ciudadanía, ni a los que están en DACA, ni a aquellos con tarjeta verde (residencia). El uso de beneficios por parte de los miembros de la familia y el uso pasado de beneficios también es irrelevante, incluso bajo las reglas más estrictas que se ha propuesto.
“La lista de programas que ahora se consideran en la prueba de carga pública es más limitada de lo que parece a primera vista”, dijo Sara Feldman del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (National Immigration Law Center). “El impacto se limitará principalmente al uso de cupones de alimentos, subsidios de vivienda y asistencia en efectivo. Aunque Medicaid está incluido, hay tantas excepciones en la regla que pocas personas inscritas en el programa se verían afectadas”.
“Y el uso de los beneficios públicos es sólo un factor a tener en cuenta al determinar quién obtiene la tarjeta verde (residencia)”, añadió Feldman. “Los oficiales de inmigración también tienen en cuenta los ingresos, el estado de salud, el dominio del inglés y otros factores”.
Las personas que más han sido afectadas por las reglas de carga pública son las que solicitan venir a los Estados Unidos. Desde 2016, el Departamento de Estado ha citado los temas de carga pública de manera más agresiva. Las denegaciones de visa por motivos de carga pública pasaron de 1,000 en 2016 a 12,000 en 2018 en los consulados de Estados Unidos a nivel mundial.
Pero la mitad de esas denegaciones ya han sido revocadas, y más podrían ser revocadas a medida que continúe el largo proceso de apelación, señaló Jeanne Batalova, del Instituto de Políticas Migratorias, en una sesión informativa por teléfono copatrocinada por Ethnic Media Services, el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (Immigrant Legal Resource Center) y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración.
“La brutal ironía es que la gente sigue desafiliándose de los beneficios públicos cuando no tiene porque hacerlo”, dijo Rand.
Mark Greenberg, miembro del Instituto de Políticas Migratoria, dijo a Ethnic Media Services, en una entrevista telefónica después de la sesión informativa por teléfono que “No está muy claro qué problema la administración pensó que iba a resolver, porque el Congreso ya había acordado hace 20 años las restricciones basadas en el tema sobre carga pública”.
“El número de personas a las que se les negaría el ajuste de estatus migratorio basado en su uso de beneficios sería bajo, porque no son elegibles (para esos beneficios)”, dijo, mucho menos que el número de personas que están sintiendo el efecto del cambio de reglas propuesto mientras continua su camino por los tribunales.
Mark Hedin is a reporter for Ethnic Media Services. He has previously written for the San Francisco Examiner, the San Francisco Chronicle, the East Bay Times, Central City Extra, and SF State’s Golden Gater, as well as other papers.
