From left to right: Dr. Gabriela D. Lemus, President, Progressive Congress; Myrna Pérez, Director, Brennan Center’s Voting Rights and Elections Program; Judith A. Browne Dianis, Executive Director, Advancement Project
El asalto al Capitolio como rechazo violento al empoderamiento de votantes de minorías.
Por: Jenny Manrique
A pesar de la histórica participación de votantes del 3 de noviembre y el 5 de enero en Georgia, defensores del derecho al voto advierten que el asalto de la semana pasada al capitolio federal constituye una violenta reacción contra el creciente empoderamiento de votantes de minorías.
Exhortaron además a evitar la complacencia tras el ascenso de Joe Biden a la Casa Blanca y a vigilar el efecto nocivo que la desinformación seguirá teniendo en sus esfuerzos por sanar el país.
Los votantes de minorías étnicas jugaron un papel fundamental en este proceso: no solo acudieron a las urnas masivamente, sino que lo hicieron en medio de una pandemia y múltiples asaltos a su derecho al voto. Este hecho no está desconectado de la insurrección que ocurrió el 6 de enero.
“No deberíamos ver los disturbios como un incidente aislado, sino como un esfuerzo más amplio desde los pasillos del gobierno estatal y federal para socavar la voluntad del pueblo”, dijo en una conferencia de prensa organizada por Ethnic Media Services, Judith A. Browne Dianis, abogada de derechos civiles y co-directora del Advancement Project. “Estos disturbios fueron motivados por el mismo sentimiento antidemocrático que inspiró a los legisladores a desafiar los resultados electorales de noviembre (ante las cortes) basándose en conspiraciones, mentiras y desinformación infundadas sobre el fraude electoral, perpetradas específicamente contra comunidades étnicas”.
Para Browne Dianis, el intento de insurrección del miércoles que dejó cinco muertos y 12 heridos, es la reminiscencia de la violencia política de la Era de Reconstrucción, alimentada por “el racismo y el odio” de aquellos que sienten que están perdiendo el poder en el país, al ver una “mayoría creciente” de votantes étnicos.
“Llegaron portando banderas confederadas con la idea de que la Confederación se levantaría de nuevo”, aseguró Browne Dianis. “La respuesta de la policía a ese momento subraya para nosotros el trato desigual de las personas en este país”, añadió la abogada al referirse a la respuesta tibia de la policía en el Capitolio frente al uso de la fuerza militar para dispersar las protestas del movimiento las Vidas Negras Importan.
Los pasados comicios fueron los más votados en la historia del país, con un número récord de votantes étnicos en ciudades como Milwaukee, Filadelfia, Detroit y Atlanta.
Esto a pesar de estrictas leyes de identificación de votantes en estados como Carolina del Norte y Georgia, e intentos de legislaturas locales como la de Pensilvania y Michigan de endurecer los estándares para la coincidencia de firmas en la boleta electoral.
Esto a pesar de las complicaciones para personas sin hogar o en casas inestables que no pueden proveer una dirección al momento de inscribirse y que con la crisis de desalojos causada por la pandemia, aumentaron dramáticamente.
Esto a pesar de la redistribución de distritos que ha permitido al Partido Republicano dibujar sus jurisdicciones a su gusto para que los votantes étnicos queden excluidos, y así hacerse elegir por electores mayoritariamente blancos.
Fuera de la Constitución
“El derecho al voto no vive explícitamente en la Constitución y lo que esperamos es poder llegar a un punto en el que se reconozca en la Constitución para que cuando presentemos demandas, los tribunales lo traten de la misma manera que tratan la Primera Enmienda”, dijo Browen Dianis, quien trabajó con los senadores Elizabeth Warren y Richard Durbin en la Resolución Conjunta 75 que busca garantizar el derecho universal al voto, incluso para personas con condenas por delitos graves.
También se espera que el Congreso discuta la ley de promoción del derecho al voto de John Lewis, que busca restaurar la protección total de la Ley de Derechos Electorales bipartidista original de 1965. Esta ley fue seriamente afectada por la decisión del condado de Shelby en 2013 que permitió que varios estados aprobaran leyes de supresión de votantes sin ninguna pre autorización, impactando de manera desproporcionada a las minorías, los ancianos y los jóvenes.
La ley John Lewis comprende una lista de siete categorías de cambios en derechos electorales que los estados sólo podrán efectuar con autorización federal, (por ejemplo trasladar urnas) mayores requisitos de aviso y espera, y una fuerza de observadores federales para proteger el voto, explicó Myrna Perez, directora del programa de elecciones y derechos electorales del Brennan Center.
También está el proyecto de ley H.R.1 que promete reducir los problemas administrativos de los comicios y la influencia de las grandes cantidades de dinero en la política.
Perez explicó que si bien la pandemia puso barreras para el voto en persona, 35 estados cambiaron sus reglas para hacer más fácil y asequible el voto por correo o en ausencia. Activistas, abogados, atletas, celebridades y personas de todos los ámbitos presionaron a las instituciones para garantizar de manera extendida el voto.
“Logramos una elección a pesar de fuerzas increíblemente poderosas que querían impedir que participaran los votantes étnicos”, anadio Perez. “Barreras con las que las comunidades negras, morenas y asiáticas tienen que lidiar todo el tiempo… de repente, debido a la pandemia, se extendieron a comunidades que generalmente no están privadas de sus derechos, y la gente empezó a notar que hay muchas fisuras en el sistema”.
El centro Brennan identificó 340 casos en los que se demandaron los resultados electorales, la mayoría de ellos sobre la elección presidencial que fallaron en su intento de voltear los resultados.
Pero aunque no hubo intentos organizados de sabotear los comicios, “sí tuvimos muchos de los que yo llamo idiotas aleatorios con armas y camiones que bloqueaban el acceso a las urnas, asustando a los votantes y amenazandolos a tasas mucho más altas de lo que había visto antes”, contó Perez. También hubo amenazas de muerte contra administradores electorales.
El voto latino
A medida que los nuevos ciudadanos aumentaron su participación, en varios lugares como en Georgia, se dispuso por primera vez de materiales en español o coreano, pero no personal bilingüe para ayudar a los votantes inmigrantes.
“A medida que nos volvemos más y más exitosos (como electores), hay más mecanismos represivos, a veces muy sutiles, a veces menos sutiles”, aseguró Gabriela D. Lemus, presidente de la Junta de Mi Familia Vota (MFV), una organización que promueve el voto en estados con alta población hispana como Arizona, California, Colorado, Florida, Nevada, y Texas. En 2020 MFV lanzó una campaña de $10 millones llamada #BastaTrump, que extendió su trabajo a los estados oscilantes de Michigan, Pensilvania, Wisconsin y Georgia.
Sus esfuerzos fueron exitosos: un estimado de más de 14 millones de electores hispanos votó en las presidenciales, 8.6 millones lo hizo durante la jornada temprana y 2.4 millones fueron nuevos votantes.
“Como grupo (los latinos) somos votantes de baja propensión y no necesitamos que nos desanimen más”, aseveró Lemus. “Pero el nivel de desinformación es extremo, especialmente en los medios en español que a veces no están tan regulados por la FCC (Comisión federal de comunicaciones) como los medios en inglés. Eso es algo con lo que luchamos regularmente.”
Las panelistas insistieron en que para combatir ese racismo estructural que permea las elecciones, hay que invertir en educación de votantes con foco en los nuevos ciudadanos, en cerrar la brecha digital en comunidades marginalizadas y en tener planes de contingencia para blindar el proceso de situaciones extraordinarias como una pandemia.
