A pesar de una fuerte abogacía, la distribución de distritos congresionales y legislativos sigue dejando a las minorías sin representación. Se esperan litigios antes de las primarias del 2022.
20 estados en el país han completado hasta el momento la redistribución de distritos congresionales y 22 estados lo han hecho con respecto a los mapas de los distritos legislativos. Aunque en los estados del sur las comunidades de color están presionando por una representación más equitativa, los cartógrafos partidistas apuntan a socavar su influencia y los legisladores están aprobando leyes para restringir su acceso al voto. Si hay un lado positivo, dicen activistas, es una creciente conciencia pública sobre lo que está en juego y lo que se debe hacer para proteger el proceso democrático.
“Este ciclo de redistribución de distritos es uno de los más complicados de todos los tiempos”, dijo Michael Li, asesor principal del programa de democracia del Centro Brennan, durante una conferencia de prensa convocada por Ethnic Media Services y moderada por Jennifer Farmer, autora y fundadora de la firma de publicidad Spotlight PR.
“En parte porque los datos del censo se publicaron más tarde de lo esperado… y porque los estamos haciendo en medio del COVID, así que hay menos oportunidades para que el público participe”.
En tiempos normales, las estadísticas del censo habrían estado listas en febrero pero apenas se conocieron en agosto, dejando menos tiempo a los defensores para litigar los mapas mientras los candidatos se preparan para las primarias de 2022. En Texas por ejemplo, las boletas por correo se enviarán en menos de 40 días y en Carolina del Norte el periodo de presentación de candidaturas termina el 17 de diciembre.
“Existe la posibilidad de que veamos que las primarias se muevan como resultado de un litigio”, observó Li al recordar que el trazado de mapas sigue siendo un proceso político realizado en las legislaturas, y generalmente sujeto al veto del gobernador.
Como en los estados del sur, donde un partido controla todo, sean demócratas o republicanos “esta es una receta para el abuso y los mapas racial y políticamente discriminatorios”. La excepción son los estados de Luisiana y Virginia: el primero porque es el único estado del sur con un gobernador demócrata y una legislatura republicana, y el segundo porque tiene una comisión bipartidista que dibuja los mapas.
Mientras el censo muestra que las comunidades étnicas (negras, latinas, y asiáticas) representaron el mayor aumento de la población del país (de hecho ocho de cada diez de los nuevos votantes esta década son personas de color), en los ultimos 10 años la población blanca cayó por primera vez en la historia del país. Por eso en estados muy diversos demográficamente, como Texas y Georgia, estas comunidades son el foco del trazado de mapas.
En el área de Dallas-Fort Worth, los votantes asiáticos y latinos fueron desplazados de los distritos 4 y 6 respectivamente hacia condados más rurales, lo que no solo crea división entre las comunidades sino ventajas políticas para los republicanos, explicó Li.
“La redistribución de distritos es una forma mucho más potente de supresión de votantes” , observó el experto. “Incluso si usted puede votar, su voto realmente no importa porque el resultado ya ha sido predeterminado. Por estos mapas las personas de color quedarán excluidas del poder durante el transcurso de décadas”.
Participación cívica
Los activistas insisten en que el diseño de mapas con un lente de equidad racial, solo sucederá si hay un proceso que brinde oportunidades de acceso y educación para que la gente participe. Y los gobiernos y legislaturas no parecen muy interesados en ello.
Kyle Brazile, director de participación cívica de la coalición NC Counts en Carolina del Norte, contó que los locales solo tuvieron tres días hábiles para prepararse para una audiencia pública sobre los criterios que adoptaría la legislatura para el proceso de redistribución de distritos, audiencia que se programó a mitad del día y a la que solo llegó un puñado de personas.
“Para este ciclo, tuvimos solo 13 audiencias públicas en comparación con la última década, cuando hubo más de 60 audiencias públicas en todo el estado de Carolina del Norte”, dijo Brazile. En el evento más grande en Durham, fueron las organizaciones locales las que proporcionaron los equipos de protección personal (PPE en inglés) y servicios de traducción. A pesar del poco tiempo, 200 personas se registraron y 150 asistieron a una sesión de capacitación sobre esos mapas aunque no contaban con los borradores de lo que sus representantes querían trazar. La Asamblea General dispuso un portal para que la gente hiciera comentarios públicos, y recibió casi 4.000.
“No nos entusiasman los mapas. Hay una clara manipulación política en un estado en el que estamos divididos equitativamente en 30% no afiliados, demócratas y republicanos. Ahora tenemos mapas de 11 a 3 republicanos inclinados”, sostuvo Brazile. “La gente quiere una comisión independiente en Carolina del Norte y dejar de gastar 11 millones en cada ciclo en litigios contra la legislatura”.
Como resultado del censo, Carolina del Norte tiene ahora un escaño adicional en el Congreso lo que representa más votos en el colegio electoral. Allí la población latina creció cerca de un 40% en los últimos 10 años y hoy representa el 10.7% de la población total del estado, con aumentos importantes en condados como Mecklenburg, Wake, Forsyth y Guilford.
A pesar de ello, son los hispanos quienes menos entienden el proceso, no tienen acceso fácil a los lugares de las audiencias y mucho menos servicios de interpretación, contó Iliana Santillán, directora ejecutiva de El Pueblo en Carolina del Norte. Su organización creó una página web en español y material ilustrativo para ayudar a los hispanos a comprender la redistribución.
“Tenemos un legislador Latinx en la Asamblea (Ricky Hurtado), tal vez un par de miembros en el Concejo de la ciudad y un par de miembros de la junta escolar. Entonces no es que tengamos representación, y con la forma en que se dibujan los mapas, esto no va a suceder” dijo Santillan. “Necesitamos elegir a nuestros funcionarios electos, no al revés”.
En Alabama, una coalición de 28 grupos de participación cívica comenzó a reunirse meses antes de que los datos del censo se conocieran para poder participar en la primera ronda de redistribución de distritos que se hace en el estado desde la decisión del condado de Shelby de 2013. Esta desición acabó con la sección V de la Ley de Derechos Electorales que otorgaba al Departamento de Justicia el poder de revisar cualquier cambio legal propuesto en los estados con un historial de discriminación contra los votantes de color.
“Queríamos llegar a las audiencias públicas lo más empoderados posible” contó Evan Milligan, director ejecutivo de Alabama Forward. “Estamos tratando de asegurarnos de que ese mensaje impregne todo lo que decimos sobre la redistribución de distritos y el registro de votantes: no se trata solo de la mecánica de las instituciones cívicas, sino de la supervivencia de nuestras tradiciones democráticas”.
Como aún es una incógnita si se aprobarán leyes federales como la Ley del Pueblo (S1) y la Ley de promoción del derecho al voto de John L. Lewis, los activistas creen que no se puede dejar nada al azar en lo que sucede a nivel local.
Si quiere saber más sobre el proceso de redistribución de distritos, siga estos links:
https://www.lwv.org/voting-rights/redistricting
https://www.commoncause.org/our-work/gerrymandering-and-representation/gerrymandering-redistricting/
https://redistricting.lls.edu/
