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Durante mucho tiempo ha existido el mito de que a los latinos no les importaba mucho el medio ambiente porque su atención se centraba en cuestiones “de carne y hueso”: economía, sanidad y educación.
Pero las encuestas de opinión pública y los datos anecdóticos no están de acuerdo.
“No mencionamos ser conservacionistas con esa etiqueta, pero eso describe quiénes somos; está en nuestro ADN, en nuestra sangre”, afirma Alfredo González, de la organización sin ánimo de lucro Resources Legacy Fund (Fondo de Legado de Recursos).
“Encuesta tras encuesta y década tras década, los latinos siguen liderando la cuestión de la protección del medio ambiente”, añade Juan Altamirano, del Trust for Public Land (Fideicomiso para la Tierra Pública). “Y lo que es más importante, esas encuestas dicen que estamos dispuestos a pagar por ello…”.
Según una encuesta realizada en 2021 por el Centro de Investigación Pew, ocho de cada diez latinos estadounidenses (81%) afirman que hacer frente al cambio climático mundial es una de sus principales preocupaciones o una de las más importantes a nivel personal, y el 39% afirma que es una de sus principales preocupaciones personales. Alrededor del 71% de los latinos de la misma encuesta indican que el cambio climático afecta a sus comunidades locales.
UnidosUS, una de las principales organizaciones latinas de derechos civiles del país, señala que los latinos y otras comunidades de color se enfrentan a un mayor riesgo de fenómenos relacionados con el clima, como el calor extremo, experimentan niveles desproporcionados de emisiones tanto de metano como de gas, y son impactados por desastres naturales.
González y Altamirano esperan que centrarse en las comunidades desatendidas -los latinos son el grupo más numeroso en California- les ayude a aprobar una iniciativa innovadora en la votación del 5 de noviembre: La Proposición 4, también llamada el bono de los Californianos a favor del Agua Potable y la Prevención de Incendios Forestales.
Son los primeros latinos que están al frente de una campaña para una gran iniciativa de bonos en California, y los dos dicen que esperan que eso marque la diferencia a la hora de persuadir a este importante bloque de votantes para que acudan en masa a las urnas.
Atención centrada en comunidades desatendidas
La Proposición 4 aportará 10,000 millones de dólares para preparar al Estado para enfrentar los efectos del cambio climático. La mayor parte, casi 4,000 millones de dólares, garantizará agua potable segura y confiable a través de inversiones críticas en infraestructura para agua, con 611 millones de dólares de esa cantidad beneficiando directamente a las comunidades desatendidas.
“Esto no es un planteamiento teórico para nosotros; no es un estudio académico; es experiencia vivida; entendemos lo que nuestras comunidades necesitan”, afirmó González, quien, junto con Altamirano y varios legisladores latinos, ayudó a redactar el lenguaje de la iniciativa.
Según González, el 40% de todos los fondos de la Proposición 4 se destinarán a comunidades vulnerables y desatendidas, una excepción que no habría sido posible hace 15 ó 20 años.
“Hay comunidades, principalmente en el sur de San Joaquín y en el Valle Central, que no tienen acceso a agua limpia”, declaró. “En California, más de un millón de residentes no pueden abrir sus grifos y beber el agua o bañarse en ella”.
Otros 2,000 millones de dólares se destinarán a incendios forestales y prevención de incendios forestales, incluida la tecnología para la detección de incendios y el clareo de bosques, así como a la salud de los bosques, mientras que 400 millones de dólares se destinarán a apoyar a las comunidades que se enfrentan al calor extremo, así como al reverdecimiento urbano, los parques y el acceso a los parques.
La propuesta también invertirá en agricultura sustentable y protegerá a los trabajadores agrícolas y a los pequeños agricultores.
Expansión de espacios verdes, combatiendo la contaminación
El asambleísta Eduardo García, del Distrito 36 de la Asamblea de California -que incluye comunidades en Coachella y el Valle Imperial, así como en los condados de Riverside y San Bernardino- ayudó a impulsar la iniciativa para que fuera considerada para voto, lo cual, según nos comenta, se logró después de cinco años.
Aparte de las inversiones en infraestructura para agua y la prevención de incendios, García también destacó los programas apoyados por la Proposición 4 destinados a reverdecer las zonas del interior del estado. “Sé que hablamos mucho de la costa”, dijo, “pero el interior de California tiene una tremenda necesidad de espacios verdes”.
Una parte de la financiación de la Proposición 4 se destinaría a reverdecer las comunidades del interior de California y a ampliar el acceso a esos espacios “especialmente para los californianos de las grandes comunidades latinas en todo el estado”, explica García.
Otras iniciativas incluyen el apoyo a la transición a energías renovables en los principales puertos del estado, lo que aliviaría la contaminación que actualmente afecta a las comunidades adyacentes a los puertos, así como la financiación de conservatorios y otras organizaciones “que están haciendo el trabajo, comprando la tierra, preservando la tierra y creando acceso a algunas de estas áreas a las que es un reto llegar para la gente pobre de California”, asegura García.
“Hay personas en nuestras comunidades que viven a 30 minutos de la playa y nunca la han visto”, añade García, recordando cómo su propia familia nunca visitó el Parque Nacional Joshua Tree a pesar de vivir a sólo una hora de distancia. Parte del objetivo de la Proposición 4, menciona, es crear “puntos de acceso para que los jóvenes de esas comunidades se conviertan en la próxima generación de ecologistas”.
Protección para las personas y los lugares
Para García, así como para González y Altamirano, el liderazgo de las comunidades de color de California -incluidos los latinos- ha sido crucial para impulsar inversiones significativas dirigidas a contrarrestar los impactos del cambio climático en sus comunidades más allá de únicamente enfocarse en la preservación de los espacios naturales.
“Creo que estos bonos se han centrado histórica y tradicionalmente en cómo creamos recursos para invertir en la protección y restauración de lugares, que han sido considerados históricamente como “separados de las personas”, afirmó Altamirano “Y hemos estado trabajando para cambiar esto y centrarnos no sólo en la protección de los parques nacionales, sino también en el reverdecimiento urbano, el agua potable, etc.”.
En la última década, la representación latina en la asamblea legislativa de California ha crecido: casi un tercio de todos los legisladores del estado son latinos. Para García, ese cambio presentó una oportunidad para impulsar una mayor atención a la equidad en la política climática, empezando por un esfuerzo para aprobar leyes que establecieran mandatos para la reducción de emisiones y crearan un marco político que diera prioridad a las inversiones en las comunidades afectadas por la contaminación.
En 2017, García fue autor del programa Community Air Protection (Protección Comunitaria del Aire).
Otras victorias climáticas incluyen la Proposición 84, aprobada en 2006, que ayudó a financiar la construcción de parques en comunidades pobres en parques y a revitalizar ríos urbanos en barrios pobres. La Proposición 68, aprobada en 2018, contaba con inversiones similares de equidad climática.
La iniciativa actual es la más grande y de mayor alcance, con más asignaciones para comunidades de color, resultado de la presión de representantes y activistas. “Cada bono sucesivo ha incorporado mucha más equidad y justicia”, señala González.
El asambleísta García afirma que los latinos son los líderes naturales de California para el futuro y, como tales, deben liderar las cuestiones climáticas.
“Estamos creciendo como población y asumiendo importantes funciones y responsabilidades en la sociedad. Es sumamente importante que la voz de la comunidad latina forme parte de esta estrategia y de este esfuerzo”.
