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El 1 de junio marcó el inicio de la temporada de incendios forestales y huracanes en los Estados Unidos. Por primera vez, las organizaciones sin fines de lucro están trabajando juntas para presionar a los líderes electos para que aborden un sistema fallido de socorro en casos de desastre, y el consecuente miedo e impacto económico que ese fracaso ha tenido en sus comunidades.
Bajo el lema Organizing Resilience, activistas de Florida, Oregón, California, Luisiana y Texas, se están preparando para una temporada afectada por el cambio climático, la inacción gubernamental y la pandemia. Exigen soluciones para construir infraestructura resistente al clima a largo plazo y también economías prósperas.
En una conferencia de prensa del 3 de junio organizada por Ethnic Media Services y moderada por Jennifer R. Farmer, directora de Spotlight PR LLC, los oradores compartieron las formas en que las comunidades locales se están recuperando de los desastres ya que las autoridades no tienen una solución inmediata a sus necesidades.
“FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) no aparece hasta aproximadamente dos semanas después de una tormenta”, dijo Ashley Shelton, fundadora, presidenta y directora ejecutiva de Power Coalition for Equity and Justice en Louisiana. “Esto crea una brecha donde la gente está desesperada, tambaleándose y sufriendo”.
El año pasado, el huracán Ida azotó Luisiana y mató a más de 100 personas. Gracias a los acuerdos de ayuda mutua, la organización de Shelton logró obtener alrededor de US$200,000 en la primera semana después de la tormenta para cubrir gastos como hoteles, comida y facturas.
“Trabajamos mucho en esta sesión legislativa para aprobar legislación que haga a las compañías de seguros responsables ante sus clientes… Muchas disposiciones no estaban claras en sus pólizas, como que no cubrían ventarrones o tenían un tope para desastres naturales”, dijo Shelton.
Incluso documentación crítica puede destruirse en un desastre, por lo que las personas deben solicitar registros a las compañías hipotecarias y de seguros, atravesando largos procesos.
En conversaciones tanto a nivel federal como estatal, Shelton y su equipo están impulsando la idea de otorgar créditos fiscales a las víctimas de la misma manera que funcionó el crédito fiscal por hijos: US$500 durante los primeros tres meses después de que se declara el desastre para las personas que viven en el área.
Están realizando diferentes talleres en todo el estado para hablar sobre los recursos disponibles y cómo hacer que el gobierno rinda cuentas. “Tuvimos que enviar formularios (a FEMA) como una semana y media después de la tormenta, pero si la red no funciona, no hay electricidad ni internet, ¿cómo se supone que alguien pueda hacer eso?”, cuestionó Shelton.
Información multilingüe
Los activistas insistieron en que no hay suficiente información para prepararse antes de un desastre en otros idiomas fuera del inglés, ni tampoco sobre soluciones para las víctimas después de la catástrofe.
“Los recursos en español no estaban disponibles”, dijo Daysi Bedolla Sotelo, directora organizadora de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste con sede en Oregón, refiriéndose a la temporada de incendios forestales del año pasado, una de las más devastadoras de la historia en la costa oeste.
“Nuestra gente puede registrarse para recibir alertas de emergencia, pero no las reciben en el idioma que necesitan. Y no solo en lengua hispana, sino también lenguas indígenas. Hay muchos otros dialectos”.
Los trabajadores agrícolas en Oregón todavía trabajan bajo altos niveles de calor y toxicidad producto del humo. Gracias a la organización de Bedolla, OSHA (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional) aprobó recientemente reglas sobre humo y calor para protegerlos en la próxima temporada.
“Creamos diálogo dondequiera que encontremos a los miembros de nuestra comunidad y trabajadores agrícolas. Tenemos un componente de respuesta rápida, les enseñamos cómo buscar esos recursos, qué documentos deben tener, cómo preparar una mochila de emergencia… definitivamente estamos mucho más preparados y listos que hace dos años cuando nos golpeó el primer incendio forestal.”
Aún así, las personas indocumentadas no califican para el alivio, por lo que la temporada pasada, el estado y tres organizaciones hermanas tuvieron que establecer un fondo de emergencia ya que los agricultores tenían demasiado miedo de acudir a las agencias gubernamentales para pedir ayuda. “No saben cuáles serán las repercusiones”, añadió Bedolla.
TEPT
Los desastres naturales exacerbados por la crisis climática también tienen un impacto en la salud mental de los sobrevivientes. Según Chrishelle Palay, directora ejecutiva de HOME Coalition en Houston, la tormenta de invierno Yuri de 2021, que produjo condiciones de congelación sin precedentes en Texas y una falla monumental en la red eléctrica, dejó a la comunidad “sufriendo de TEPT (trastorno de estrés postraumático)”.
“Nos dejaron en condiciones de congelación y oscuridad durante cuatro días y en algunas áreas durante semanas”, recordó Palay. “Después de que aumentaron las temperaturas y se calentaron las tuberías, se produjo otro desastre porque se reventaron y nos quedamos sin agua corriente”.
Palay dijo que los tejanos que viven a lo largo de la Costa del Golfo están realmente preocupados no solo por la red eléctrica sino también porque el tráfico pueda ser afectado.
“Harvey sucedió hace casi cinco años y, lamentablemente, las comunidades étnicas de bajos ingresos continúan viviendo en techos con goteras y casas con paredes mohosas”, agregó. “Nos preocupa la continua exacerbación de problemas que ya existían”.
Su Coalición ha estado trabajando con la Ciudad de Houston y el condado para brindar más recursos a los miembros de la comunidad.
Dónde vivir después
La asequibilidad de la vivienda es otro aspecto afectado por la crisis climática. Florida es un estado donde los costos de propiedad y los precios de alquiler se han disparado debido a la pandemia, obligando a las personas a desplazarse a áreas menos resistentes a los cambios ambientales.
“Muchas personas están experimentando inseguridades de vivienda, sin saber dónde vivirán después”, dijo MacKenzie Marcelin, gerente de justicia climática de Florida Rising. “Al entrar en esta temporada de huracanes, es una gran preocupación, la gente no tiene un nivel de vida seguro”.
Con miras a una tormenta tropical, Marceling y sus compañeros han estado llevando a cabo una “campaña de justicia en cada cuadra”, impulsando registros de propietarios y juntas de responsabilidad de propietarios dentro del estado, para que estos cumplan con las ordenanzas locales de seguridad e implementen viviendas con base en politicas anti-discriminación.
“También estamos impulsando avisos de desalojo de 90 días para mujeres embarazadas e inquilinos con niños… Creemos que la vivienda es un derecho, por lo que estamos tratando de aprobar una declaración de derechos para proteger a los inquilinos y asegurarnos de que tengan los mismos derechos que los constructores”, concluyó Marcelin.
