Inquilinos en el Valle Central de California empujan reformas en medio de altas tasas de desalojo

by | Dec 22, 2020 | COVID-19

David Chiu, California Assembly Member

Clockwise from top left: Jessica Ramirez, Fresno resident; Claude Bailey, Stockton resident; Blanca Ojeda, community organizer, Faith in the Valley; Janine Nkosi, Regional Advisor, Faith in the Valley; Ana Padilla, Executive Director, Community & Labor Center, UC Merced; Edward Flores, Associate Professor of Sociology, UC Merced

Unos 300,000 individuos corren el riesgo de perder su casa si no se extiende la moratoria estatal para el pago de alquiler que vence el próximo 31 de enero. No existen leyes permanentes de protección a inquilinos.

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Por: Jenny Manrique

Jessica Ramírez tiene 29 años, seis hijos, y un desalojo a cuestas que no solo la ha obligado a dormir en su carro y en parques, y a vivir de la caridad pública, sino que se le ha convertido en una mancha indeleble en su registro que le impide conseguir vivienda.

“A pesar de que fui a Corte, mi desalojo no ha sido removido (del registro). Solo el propietario tiene el derecho a hacerlo”, dijo Ramírez, residente de Fresno convertida a fuerza en defensora comunitaria en la pelea por los derechos de los inquilinos. “No debería verme obligada a elegir entre mi vivienda y la salud y seguridad de mis hijos, solo porque sea una inquilina”.

Ramírez habló en una conferencia de prensa organizada por Ethnic Media Services que le puso lupa a los derechos a la vivienda en medio de la pandemia en una región donde viven más de 7 millones de personas con las tasas de desalojo más altas en California: el Valle Central. Las mujeres de razas diferente a la blanca, madres cabeza de familia, se ven afectadas de manera desproporcionada por esta crisis.

En medio de la COVID-19, Ramírez no ha podido seguir las órdenes de quedarse en casa emitidas por el gobernador Gavin Newsom, ni las pautas de los Centros de control y prevención de enfermedades (CDC en inglés). Conseguir que le renten ya es una odisea ya que su desalojo no se borrara de su registro crediticio en siete años. Cuando le han rentado no le renuevan el contrato e incluso ha recibido órdenes de desalojo sin ningún preaviso.

“No quiero que nadie experimente lo que mis hijos”, observó Ramírez, quien se ha unido a otros inquilinos bajo la sombrilla de de Faith in the Valley (FIV), una organización comunitaria de base religiosa en el valle central de California que documenta la crisis de vivienda y representa a familias en los condados de Fresno, Kern, Merced, Stanislaus y San Joaquín.

En el 2019, antes del inicio de la pandemia, FIV documentó 12,000 casos de desalojo en estos cinco condados con base en expedientes judiciales y en momentos en que el desempleo era el más bajo después de la crisis del 2008. “Sabemos que fuera de las cortes, el número de desalojos es el doble y la pandemia sólo ha exacerbado esa crisis”, dijo Janine Nkosi, asesora regional de FIV. “Los desalojos en el Valle Central suceden a tasas más altas que en cualquier otro lugar de California”, agregó.

Según los datos analizados por FIV, la petición de beneficios de desempleo en esta área aumentó 600% al inicio de la pandemia en marzo, con 650,000 personas buscando un alivio para sus ingresos. Ahora estiman que 100,000 hogares, es decir unos 300,000 individuos, corren el riesgo de ser desalojados si no se extiende la moratoria estatal para el pago de alquiler que vence el próximo 31 de enero.

“Necesitamos alivios para rentas, hipotecas y pago de servicios públicos para mantener a las familias a flote”, explicó Nkosi al mencionar la importancia de la aprobación de los proyectos AB15 y AB16 en la asamblea que buscan expandir los plazos para las deudas de alquiler ocasionadas por la COVID-19 y proveer vivienda asequible para estos inquilinos.

FIV también analizó las grandes disparidades en la representación legal de inquilinos frente a propietarios. No solo los casos se resuelven en cuestión de minutos a favor del desalojo, sino que menos del 1% de los inquilinos tiene representación legal. En contraste, encuestas nacionales han mostrado que el 90% de los arrendadores tienen abogado.

Nkosi citó el ejemplo del condado de Fresno, donde en 2019 el defensor de propietarios más activo manejo 643 casos, mientras el defensor de inquilinos más activo apenas representó seis casos. Al contrario de la justicia criminal, el derecho a un defensor público en este tema de materia civil es nulo.

“El derecho civil a la defensa y la eliminación de antecedentes penales son nuestras grandes demandas”, dijo Nkosi. “El desalojo no solo se queda siete años en el registro sino que eso representa 10 años de crédito adverso y los inquilinos terminan obligados a pagar 25 veces lo que deben… Queremos leyes que reduzcan ese registro a apenas seis meses y que permitan cinco años de moratoria para las deudas”.

Vivienda asequible

La falta de vivienda asequible es un elemento adicional a la recesión. Entre las 12 regiones de California, el Valle Central tiene una de las tasas más bajas de propietarios de vivienda y de las más altas de hogares familiares múltiples.

Según datos compartidos por el profesor Edward Orozco Flores del Centro Comunitario y Laboral de la Universidad de California en La Merced, aquí solo el 49.5% de los habitantes es dueño de una casa, lo que convierte al Valle Central en el tercer lugar con mayor número de inquilinos detrás de Los Ángeles y San Diego.

Existen un promedio de 10.7 familias múltiples por cada 100 hogares, es decir que hasta 10 familias viven en una sola casa lo que detalla la crisis de hacinamiento y las imposibilidades de distanciamiento social que han convertido a las comunidades étnicas en las mayores víctimas de esta pandemia.

“Hay una falsa narrativa de que el costo de vida en el Valle Central es bajo pero aquí también tenemos los segundos salarios más bajos del estado”, añadió Orozco Flores al referirse a las ocupaciones más comunes que son las de los trabajadores esenciales: agricultura y procesamiento de alimentos.

Muchos de estos trabajadores viven de estampillas de comida porque tienen que invertir entre el 30% y el 50% de sus ingresos en pagar la renta, lo que se conoce como una “carga de alquiler extrema”.

Como si fuera poco, “tenemos la más alta tasa de desempleo… Como resultado de la pandemia uno de cada cuatro hogares ha perdido su ingreso o lo ha reducido y esto es un problema para los inquilinos”.

En noviembre del año pasado, Claude Bailey, un residente de 79 años de Stockton, fue desalojado del que fue su apartamento por más de 20 años. Tuvo que vivir 10 meses durmiendo en su carro, pasó días sin comer porque quería evitar hacer uso de nauseabundos baños públicos y fue expulsado por la policía de parques y esquinas de su barrio. Todo esto en medio de la pandemia.

“Fue una pesadilla, apenas podía dormir”, dijo Bailey quien gracias a la ayuda de amigos encontró recientemente un refugio. “Vivía con miedo, nunca supe a dónde iba a ir, ni que hacer, no podía relajarme por estar en constante movimiento… Vi a muchos adultos mayores que han trabajado muy duro por sus familias, abandonados a su suerte en las calles, durmiendo en cajas. Esto le puede pasar a cualquiera”, agregó.

Bailey quiere que tanto los legisladores como los propietarios y la sociedad en general hagan su parte . “Una sociedad es conocida por cómo trata a sus ancianos. Nosotros pagamos nuestros impuestos y hemos construido este país. Es hora de que nos ayuden”, concluyó.

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